De nada ha servido invocar dilaciones indebidas, quizás porque fue el mismo Miguel Zerolo quien dilató la investigación judicial del caso Las Teresitas con su condición de aforado por ser senador por Coalición Canaria. Tampoco el intento de recusación del presidente del tribunal enjuiciador, Joaquín Astor Landete, a través de su compañero de banquillo, el también condenado Manuel Parejo, recusación que no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia sobre el caso Las Teresitas dada a conocer este jueves considera al que fue alcalde de la capital tinerfeña desde 1995 a 2011 como clave en una operación de malversación de caudales públicos, imposible de llevar a cabo sin caer, además, en el delito de prevaricación y sin la ayuda del núcleo de la Gerencia de Urbanismo, con Parejo como su mano derecha. Ambos, Zerolo y Parejo, eran a finales del pasado siglo dos de los principales personajes de la vida político-empresarial de Tenerife.
Aunque la acusación inicial de la Fiscalía, en 2006, añadía el cohecho, blanqueo y apropiación indebida, ninguno de estos delitos fue sustanciado lo suficiente como para mantenerlos ante un tribunal. Aunque sin ellos tampoco se entienden algunas de las actuaciones ni los motivos por los que Zerolo y Parejo pusieron todo su empeño y “urdieron un plan”, según la sentencia, para favorecer a los empresarios afines a su partido, los también condenados Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).
En 1998, cuando Plasencia y González compran a la Junta de Compensación de las Teresitas la playa y parte de sus alrededores por 33 millones de euros, Miguel Zerolo estaba en su primer mandato como alcalde. En 1999 decretó convocar un concurso de ideas para, de cara al público, defender la playa para los tinerfeños, aunque los magistrados creen que fue la piedra sobre la que se montó la trama de Las Teresitas.
Se trataba de conseguir “la menor edificabilidad en la zona del frente de playa con su trasvase a otros ámbitos, si fuera posible”. El concurso de ideas se falló en el año 2000. Pese a su conformidad inicial, el que era presidente de la Junta, Jerónimo Delgado, que ya actuaba para los dueños de ILT, dirigió escritos a Zerolo en los que negó que el proyecto ganador del concurso fuera viable, y abriendo la puerta al Ayuntamiento a la compra de ese frente de la playa o su permuta.
De esta forma, según los magistrados, se pone en marcha una operación que ya estaba planeada. Hubo varias reuniones entre los empresarios, Zerolo y Parejo, hasta que perfilaron una propuesta marco entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación “para la viabilización del desarrollo urbanístico del Plan Parcial Las Teresitas”, y que fue básico para la posterior compra de los terrenos, la transferencia de aprovechamientos y los cambios de usos, que facilitarían a los empresarios urbanizar la trasera de la playa, con una plusvalía en los terrenos de más de 92 millones de euros.
El tribunal de la Audiencia Provincial no tiene duda de que Zerolo fue quien decidió con Manuel Parejo solicitar una tasación tras otra del frente de la playa hasta dar con la favorecería a los empresarios. Aunque señala a Manuel Parejo como quien llevaba a cabo las decisiones, apunta a Zerolo como quien las ideaba.
Como anillo al dedo
Zerolo conocía la tasación que se ajustaba como anillo al dedo, aunque sabía que no lo era en realidad. Era un informe que la empresa tasadora TINSA emitió a petición de Plasencia y González y cuyos parámetros fueron, además, alterados, aunque se incluyó como tasación objetiva elaborada para CajaCanarias, de la que Zerolo era consejero, en el expediente que se entregó a los concejales para justificar el precio de la playa. A los concejales nunca se les informó de que existían otras cuatro tasaciones sobre el valor real del mercado que rebajan ese precio de 52,6 millones a 19 millones.
Con los informes a favor, y sin mencionar que los terrenos de Valle Las Huertas y Montaña Morera tendrían un cambio radical de sus usos y planeamientos, “Miguel Zerolo y Manuel Parejo dieron las instrucciones precisas para que se procediera a la aprobación del Convenio y a la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento de manera inmediata”, lo que ocurrió el 18 de septiembre de 2001, el mismo día en que se formalizó la escritura pública, con el pago de unos primeros 5.600 millones de pesetas mediante un cheque que se entregó en la misma notaría.
El resto, hasta los 8.750 millones de pesetas (52,6 millones de euros), que se pagaron por las 11 parcelas de la playa, se pagaron a los seis meses.
Miguel Zerolo defendió durante el juicio que el dinero pagado se recuperaría con el hotel que se pensaba construir en lo que se conoce como batería militar o parcela 103, pero el tribunal rechazó su informe porque esa parcela, en 2001, no existía, sino que fue creada en 2005 para recoger parte de los aprovechamientos urbanísticos que el Ayuntamiento ya había adquirido.
De esa forma se echó por tierra uno de los pilares de su defensa, por el que el exalcalde pretendía justificar el elevado precio pagado, tres veces superior al real.
Los magistrados tampoco dudan de que Zerolo estuvo detrás de la operación de filigrana por la que las parcelas de toda Las Teresitas se dividieron en dos zonas. La A era el frente de playa (público) y la zona B, las restantes parcelas (privadas), cuyo uso de suelo fue modificado para que pasase a ser de turístico a residencial.
Eso supuso “transferencias injustificadas (gratuitas y sin causa) de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público; y una modificación de los usos autorizados que determinó un extraordinario incremento del valor de los terrenos de la parte trasera que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara en modo alguno en las plusvalías generadas”. Eran aprovechamientos relevantes, correspondientes a unos 23.000 metros cuadrados de posible edificabilidad.
Cuando Antonio Plasencia e Ignacio González compran los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación por 33 millones de euros, se trataba en realidad de una operación económica que “cobra sentido” por la posterior actuación de Zerolo, como fue la compra de “solo” el frente de la playa a un precio tres veces superior al real. En octubre de 1999 es Miguel Zerolo quien decreta “la agilización de la gestión urbanística y las actuaciones a emprender en el ámbito del Plan Parcial de Las Teresitas”, pendiente de que se apruebe el proyecto de urbanización, que no existe.
Manipulación del precio
Los magistrados afirman que desde el primer momento fueron los empresarios quienes marcaron sus pautas en esta operación, sin que Zerolo atendiera al bien ciudadano. Al contrario, recalcan en el extenso fallo judicial que lo que hizo el carismático representante de CC fue representar ante los concejales del Pleno municipal “un simulacro de negociación”, sin importarle “manipular” documentos e informes que fueron esenciales para que los concejales votaran a favor de la compra de la playa, sin cuestionarse el precio.
Tampoco resultó convincente el alegato de defensa de que un alcalde no puede estar al tanto de cuánto ocurre en su Ayuntamiento. La compra del frente de la playa fue una actuación “de extraordinaria relevancia”, de la que no podía quedarse al margen Zerolo, incluso cuando aparentase estar de viaje para no asistir al Consejo de CajaCanarias en el que se aprobó el crédito multimillonario que se entregó a un testaferro de Ignacio González para hacer posible la compra del frente de la playa.
“La actuación del señor Zerolo a que acaba de hacerse referencia no hace sino confirmar su implicación directa en el procedimiento de manipulación del precio”, sostienen, y añaden unos párrafos más adelante que “la realidad fáctica y jurídica subyacente fue, en una parte abiertamente manipulada y, en otra, silenciada y mantenida en la oscuridad para que no fuera tomada en consideración ni por los órganos de control ni por el Pleno de Ayuntamiento (...)”
“No existen dudas sobre la implicación y participación del alcalde en los hechos”, resumen los jueces, que señalan al exalcalde como elemento esencial e “indispensable” de lo que ha sido ese pelotazo llamado caso Las Teresitas.