Cuatro meses ha tardado el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en dictar la sentencia sobre el caso Las Teresitas y lo ha hecho de forma contundente, a lo largo de 165 folios en los que llega a calificar la actuación del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria Miguel Zerolo y del que era su mano derecha a comienzos de siglo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, como “trama delictiva jerarquizada”.
Una “trama delictiva” en la que la cabeza era Zerolo, seguido de Manuel Parejo, y cuya base conformaron los extécnicos de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y José Tomás Martín, todo para favorecer los intereses de los empresarios que se beneficiaron de la compra y posterior venta del frente de la playa de la capital tinerfeña, Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).
“Existen diversos indicios que confirman la participación del señor Zerolo Aguilar en la comisión de los hechos con un papel directivo, si bien su distanciamiento físico de la Gerencia y el hecho de contar para la materialización del plan delictivo con la actuación al frente de la Gerencia del acusado señor Parejo Alfonso, hace menos evidente -como es habitual en todos los supuestos de tramas delictivas jerarquizadas con cierta complejidad- su intervención, que, en todo caso, ha quedado probada”, se afirma en la sentencia.
Miguel Zerolo y Manuel Parejo han sido condenados a siete años de cárcel y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el delito de malversación de capitales. Por el delito de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia), han sido condenados a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio de cualquier función pública, ni municipal, ni autonómica ni estatal.
Ambos, junto a los también condenados Antonio Plasencia, Ignacio González, sus empresas Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, y los extécnicos Víctor Reyes y Tomás Martín, deberán devolver al Ayuntamiento los 52.588.156,85 euros por los que se compró el frente de la playa y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 9.159.884,67 euros.
Todos ellos fueron los hombres fuertes del poderío de Coalición Canaria en la provincia tinerfeña. La sentencia de la Audiencia Provincial que se ha hecho pública este jueves es, también, una condena a la forma de actuar, de hacer y deshacer en contra de los intereses ciudadanos por parte de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) durante las últimas décadas.
Para llevar a cabo la malversación y prevaricación, Zerolo, Parejo, Plasencia y González contaron con la cooperación necesaria de Víctor Reyes y Tomás Martín, que eran el secretario de la Gerencia de Urbanismo y el gerente de ella en 2001, fecha en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó comprar el frente de la playa a los empresarios por tres veces su valor real tasado. En vez de 19,2 millones de euros, se pagaron 52,6 millones.
Víctor Reyes ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, 14 de inhabilitación y 8 de inhabilitación para empleo en empresa pública, mientras que Tomás Martín ha sido condenado a cuatro años de cárcel y 19 años y medio de inhabilitación, ambos por malversación y prevaricación.
Es de destacar que Víctor Reyes y Manuel Parejo ya han sido condenados en firme a penas de prisión por el caso Mamotreto (que guarda relación con el caso Las Teresitas) y por los mismos delitos, por lo que su ingreso en prisión debe ser inmediato.
Para lograr el respaldo de los concejales municipales, se usaron tasaciones “manipuladas” y “mutiladas”, dicen los magistrados, con el objetivo de que votaran en pleno, unánimemente, en junio de 2001 la compra del frente de la playa, creyendo que el valor de los terrenos era, en efecto, de cerca de 53 millones, cuando el real era muy inferior.
Es en este punto en el que la intervención de Víctor Reyes, Tomás Martín y su jefe, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, fue decisiva. Y es por esa “manipulación” del expediente que se llevó al pleno, y por el engaño (“simulación de negociación”, se dice en la sentencia) del que fueron víctimas los acusados Emilio Fresco y Emilio García Gómez, portavoces entonces de los grupos municipales del PSOE y del PP, por los que estos han sido absueltos del delito de prevaricación, lo mismo que el exsecretario municipal Zárate Peraza y el exinterventor municipal Messía de Yraola.
La clave de las tasaciones
El tribunal de la Audiencia Provincial afirma que “todo el procedimiento de compra, fijación de precio y fijación del resto del contenido del convenio (de compraventa) estuvo orientado, en definitiva, a maximizar el beneficio para los particulares, a costa del patrimonio municipal y del interés público”.
La base de una afirmación tan categórica está en las tasaciones de los terrenos. La gerencia de Urbanismo ya contaba con varias de ellas, hasta cuatro, pero no satisfacían las pretensiones de Zerolo, Parejo, Plasencia y González.
Manuel Parejo encargó un primer informe a la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que tuvo en cuenta la realidad de los terrenos: las zonas de dominio marítimo-terrestre que nunca pueden pasar a manos privadas; el deslinde vigente, que era el del año 1961; la moratoria existente que no permitía usos hoteleros más que en circunstancias que no se daban (hoteles como complementos de campos de golf, de parques temáticos, de centros de salud...), y que era necesario modificar todo el Plan Parcial y llevar a cabo actuaciones urbanísticas para hacer viable la pretensión de urbanización que se pretendía.
Esa es otra de las claves del caso Las Teresitas. Cuando Miguel Zerolo propuso en 1999 un concurso de ideas para modernizar la playa (un año después de que Plasencia y González compraran las 101 parcelas de Las Teresitas, incluidos sus terrenos traseros en Valle Las Huertas y Montaña Morera), las premisas fueron no urbanizar el 60%, pero sí satisfacer a los empresarios con un cambio de uso de urbanizable a urbano en los terrenos traseros.
Además, la pretensión era que zonas turísticas pasasen a hoteleras, como una parcela que era de Defensa, aunque ello chocase de lleno con la moratoria turística que dejaba fuera de toda posibilidad la urbanización de Las Teresitas.
Pía Oramas, que según manifestó en la vista oral, llegó a temer por su vida, tuvo en cuenta estas limitaciones y valoró los terrenos en 19,2 millones de euros. También que, en caso de que se pudiesen construir camas alojativas, estas se reducían bastante en cuanto a las pretensiones de los empresarios. Frente a las más de 4.500 camas que tenían en mente Plasencia y González, los estándares turísticos (mínimo 60 metros cuadrados por habitación) las reducían a poco más de 1.800. Y ello bajaba el valor de los terrenos.
Otras dos tasaciones, de la Universidad Carlos III y de la empresa Pool Gest, bajaron incluso más el valor de los terrenos, a unos 18 millones de euros.
Para lograr una tasación acorde a los intereses empresariales, la Gerencia de Urbanismo encargó otra tasación a Sociedad de Tasaciones, pero Víctor Reyes, con mandato de Manuel Parejo, les dio instrucciones. No se debía tener en cuenta limitación alguna y la posibilidad de urbanizar no contaba con impedimento alguno, lo que según los magistrados no era real.
Tan irreal que Sociedad de Tasaciones hizo un informe A, según los falsos parámetros, por el que los terrenos valdrían más de 48 millones de euros, pero hizo una tasación B, real, por el que con las limitaciones valdrían menos de 19 millones. Esa tasación B fue ocultada a los concejales que votaron en el pleno municipal la compra de la playa.
Como no se alcanzaba el precio fijado desde un principio por los empresarios, Miguel Zerolo tiró de una quinta tasación: un informe de Tinsa que se hizo a instancias de CajaCanarias para conceder el préstamo de 5.600 millones de pesetas (algo más de 33 millones de euros), pero que nunca fue una tasación real aunque se vendió a los concejales como si lo fuera, sino que fue “una tasación a medida de los vendedores y que el presidente de CajaCanarias (entonces Rodolfo Núñez) hace pasar como tasación objetiva”.
La no inclusión de un informe de un técnico municipal en la operación de compraventa fue uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo anuló la operación en 2007.
Noventa millones de plusvalía
“No era posible construir sin modificar el Plan General de Ordenación de la ciudad”, sostienen los magistrados. Según el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988, las 11 parcelas del frente de la playa que compró el Ayuntamiento no podían ser urbanizadas “por sus características topográficas o paisajísticas”.
En cuanto a los demás terrenos, en la zona trasera de la playa, sus aprovechamientos y usos quedaron en suspenso hasta que se resolviera un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había declarado nulo el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.
Sin embargo, un cambio de los usos de los terrenos, que dejarían de ser urbanizables para ser urbanos, aumentaría de forma considerable esas parcelas de Valle Las Huertas y Montaña Morera, pese al impacto en una zona declarada parque rural.
La plusvalía sería de 90 millones de euros, aproximadamente. A ello se refería la fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, que capitaneó la investigación de este caso, cuando hizo suya la frase de “un pelotazo de libro”.
La sentencia también refleja el hecho de que parte de los terrenos que compró el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, gracias a la intervención de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y “sus cooperadores necesarios”, ya eran propiedad municipal según el inventario de 1967, por el que el frente de la playa fue cedido a la Corporación por la Junta de Compensación a cambio de las obras de mejora que se llevarían a cabo en la playa. Esto, junto al pago a la Junta de 50 millones de pesetas, de los que 11 aún no se han pagado.
Los magistrados afirman que Manuel Parejo y Víctor Reyes conocían que parte del frente de la playa ya era de titularidad municipal porque figuraban en un inventario de bienes, pero ese inventario se guardó bajo llave, hasta que un técnico lo descubrió.
Plasencia y González no podrán mover un ladrillo
La sentencia del caso Las Teresitas no solo condena por cooperador necesario en el delito de malversación a cinco años y tres meses de prisión a Antonio Plasencia, sino que le impide ejercer actividad empresarial alguna relacionada con la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante ese tiempo, además de quedar inhabilitado durante 21 años para cualquier empleo público tras ser condenado igualmente como cooperador necesario en el delito de prevaricación.
Es la misma condena que se ha impuesto a Ignacio Martín González, que durante décadas fue presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña.
Antonio Plasencia fue dirigente de la patronal de la construcción, Fepeco, y vio crecer su emporio empresarial bajo el paraguas de ATI, lo mismo que González Martín. Ya no podrán mover un ladrillo. Sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, fueron absueltos por no tener iniciativa en el plan delictivo de malversación y prevaricación, del que los hicieron artífices sus padres.