La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita 10 años de inhabilitación especial para Milagros Pérez León (PP), exalcaldesa de Santa Úrsula, y para el que fuera su socio en el Gobierno municipal durante el anterior mandato, Víctor Hernández Barroso (PSOE), por dos delitos continuados de prevaricación.
Así consta en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso mirametv.com, donde se describen con detalle un total de 17 contrataciones de personal que se realizaron sin respetar los procesos de selección establecidos por la legislación.
El procedimiento, que ha sido asignado al Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, está pendiente del señalamiento de la fecha del juicio oral. Al igual que la Fiscalía, la acusación popular personada en la causa también pide 10 años de inhabilitación especial para los dos acusados.
El fiscal que ha llevado la investigación es contundente en su escrito a la hora de describir los indicios delictivos que sentarán en el banquillo a Milagros Pérez y Víctor Hernández. Camuflados bajo la fórmula de contratos de servicios, los máximos responsables del Ayuntamiento de Santa Úrsula enchufaron a una veintena de trabajadores, con los que mantenían afinidad política o personal, en contra de los criterios expresados por técnicos municipales y con “pleno conocimiento” de que sus resoluciones eran “contrarias a la legalidad vigente”.
El escrito de acusación es prácticamente un calco del informe que en febrero de 2016 remitió la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife al Supremo, después de que Milagros Pérez fuera nombrada senadora, lo que obligó a trasladar el procedimiento al Alto Tribunal, competente tras adquirir la dirigente del PP la condición de aforada. El representante del Ministerio Público ya puso de manifiesto entonces su intención de sentar en el banquillo a los dos procesados.
La postura del fiscal, así como la repercusión mediática del caso, fueron decisivos para que no repitiera como candidata al Senado por Tenerife en las elecciones de junio 2016, después de que los grupos parlamentarios del Congreso fracasaran en la búsqueda de acuerdos para investir a un presidente tras los comicios de diciembre.
El PP, en cualquier caso, siempre se ha cuidado de proteger a una de sus figuras políticas más influyentes en el norte de la isla, como demuestra el hecho de que hace solo unos meses, ya con el escrito de acusación presentado y a sabiendas de que el juicio oral es inminente, la formación que preside Manuel Domínguez colocó a Milagros Pérez en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria como representante del Estado. Un puesto que aún conserva pese a la llegada del PSOE a la Moncloa.
Según el criterio de las acusaciones, tanto Milagros Pérez como Víctor Hernández, concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde en el momento de los hechos investigados, son responsables de dos delitos de prevaricación administrativa por llevar a cabo la contratación de una veintena de personas en contra de la legalidad vigente.
La forma de proceder se repite en casi todos los expedientes que provocaron la apertura de las diligencias previas. Milagros Pérez y su socio político, que llegaron al Gobierno municipal en 2011 después de que la Agrupación Independiente de Santa Ursula (vinculada a Coalición Canaria) perdiera la Alcaldía por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento tinerfeño, abrieron las puertas del Consistorio a personas que, en su mayoría, conocían por algún vínculo personal o por tener relación con su partido político. Muchas veces de forma directa, mediante contrataciones que vulneraban los principios de igualdad y mérito, y en otras ocasiones gracias a la colaboración de la empresa de trabajo temporal Adecco, a quien la dirigente del PP encargaba la designación arbitraria de los candidatos que ella misma había seleccionado previamente.
Contratos ilegales
Un caso típico se plasma en un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011 para llevar a cabo la incorporación de un capataz agrícola, simulada a través de la figura de la contratación de servicios sin publicidad, por un importe mensual de 1.711 euros durante un período de diez meses. Todo ello en contra del criterio de los servicios jurídicos municipales y del interventor, que advirtieron de que lo “procedente sería acudir a los procesos selectivos”.
Cuando se cumplieron los diez meses, en esta ocasión a través de un decreto de Víctor Hernández de julio de 2012, “con el visto bueno de la investigada Milagros Pérez”, se firmó un nuevo contrato con la misma remuneración pero con una duración de 33 meses. El jurista del Consistorio volvió a alertar de que se incumplía la legislación vigente en materia de acceso de personal. De nuevo, las advertencias cayeron en el saco roto de los políticos.
Pero las irregularidades de este expediente no terminaron ahí. En noviembre de 2012, cuando solo habían transcurrido cuatro meses de la segunda contratación, la exalcaldesa del PP decidió rescindir el acuerdo y conceder una indemnización al capataz agrícola de 5.028 euros. El beneficiado, como recuerda el fiscal en su escrito, “fue alumno de clases particulares de EGB del investigado Víctor Hernández”.
Un ejemplo similar encuentra el Ministerio Público en la contratación de una técnico en el área de Obras y Servicios, a través de un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011, con una remuneración de 1.636 euros y una periodicidad de diez meses. La historia se repite casi de manera idéntica. Cuando expira la relación laboral, que se simula a través de una prestación de servicios, el primer teniente de alcalde, en julio de 2012, autoriza un nuevo contrato en el que no solo se amplía la duración a 31 meses, sino que también se incrementa el sueldo de la beneficiada hasta los 1.850 euros mensuales.
Como en el primer caso, el abogado del Ayuntamiento y el interventor municipal pusieron de manifiesto que el procedimiento elegido no era el adecuado, además de advertir de que el argumento que se había dado para justificar la contratación, reforzar a la Oficina Técnica ante la carga de trabajo existente, “no procede” porque la actividad del departamento había “decaído considerablemente por la situación de crisis”.
Una vez más, cuando solo habían transcurrido cuatro meses del segundo contrato, la exalcaldesa decidió despedir a la técnico y aprobar una indemnización de 4.976 euros. En este caso, también existen vínculos entre la beneficiada y los políticos, tal y como recuerda la Fiscalía al afirmar que “la contratación se inició a través de la asesora política del investigado Víctor Manuel”. El mismo modus operandi se siguió en la incorporación y posterior despido de una técnico en psicomotricidad.
Especial mención merece otro de los casos destacados por el fiscal en su escrito. En septiembre de 2011, Milagros Pérez acordó la contratación, a través de una prestación de servicios, de un pedagogo (1.800 euros durante diez meses). Las irregularidades, que también fueron alertadas por el abogado municipal, son más flagrantes si cabe porque en el momento en el que se dictó el decreto de la exalcaldesa se encontraba en vigor la bolsa de trabajo para psicólogo como personal laboral no permanente, creada tan solo siete meses antes por el anterior Gobierno local.
El escrito del Ministerio Público relata una por una las 17 contrataciones que considera contrarias al ordenamiento jurídico, aunque el modo de proceder siempre era el mismo: contratos sin respetar la publicidad e igualdad de acceso, simulados a través de prestaciones de servicios. En prácticamente todos ellos, el fiscal encuentra algún vínculo personal entre los beneficiados y los dos políticos investigados.
Llamativo es el ejemplo de la incorporación de la hermana de la pareja sentimental de la concejala Tamara Medina. O la de la prima del por entonces edil Valentín Correa, que incluso le llegó a indicar que se diera de alta como autónoma para ser colocada en el Consistorio. La ingeniería del Ayuntamiento de Santa Úrsula para camuflar su actuación presuntamente delictiva no acabó ahí. El fiscal hace una mención especial a la conexión que se creó con la empresa de trabajo temporal Adecco, a través de la que se realizaron seis contrataciones ilegales.
La Fiscalía incide en que la exalcaldesa alcanzó un acuerdo con Adecco para simular que la empresa participase en la selección de los seis beneficiados que quería colocar en el Consistorio, cuando la realidad era que ya habían sido previamente seleccionados y directamente designados por la propia Milagros Pérez. Dos de esas personas mantenían vínculos directos con el PP. Una de ellas se presentó a los comicios locales como número 10 de la lista conservadora, mientras que otra colaboró activamente en la campaña electoral de 2011.
Tanto Milagros Pérez como Víctor Hernández conservan en la actualidad su acta de concejales del Ayuntamiento de Santa Úrsula, ambos en la oposición desde las elecciones de 2015.