La Audiencia Nacional ha dado vía libre para que sea extraditado a Chipe un hombre que está en el centro penitenciario Tenerife II acusado de blanquear unos 12 millones de euros
El abogado de este hombre es Francisco Maroto Granados, quien representó al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y a los controladores aéreos.
El letrado se opuso a la extradición alegando que en estos momentos hay un procedimiento en la Audiencia Provincial de Madrid pendiente de que se celebre un juicio oral en 2023, también por una enfermedad grave del reclamado y riesgo de que en Chipre se produzca una vulneración de derechos fundamentales en un proceso que no sea equitativo.
Tras la detención en Tenerife del reclamado, el 22 de agosto pasado se celebró una vista a través de videoconferencia con el Juzgado Central de Instrucción, pero el abogado alega que no pudo realizar la entrevista con su cliente por problemas técnicos y tuvo que hablar con él por teléfono.
Maroto añade que en aquel momento el detenido se encontraba desorientado porque nunca había estado privado de libertad y además padece claustrofobia y otras patologías clínicas.
También indica que no se cumplieron con determinadas obligaciones legales para garantizar sus derechos, y por ello pide la nulidad del proceso.
La Audiencia Nacional sostiene que cuando fue detenido en Tenerife el acusado fue informado de sus derechos tanto en español como en italiano, y se cumplió con todos los requisitos legales, además de contar con un abogado de oficio.
El procedimiento penal abierto en Chipre se inicia mediante la denuncia de una funcionaria de Inspecciones del Servicio de Revisión de Empresas de Seguros en la que se indicaba que en 2017 existían activos en una empresa aseguradora que eran sospechosos y no parecían reales.
Todo ello a raíz de la compra por parte de la sociedad a finales de 2015 de una entidad radicada en Panamá y con domicilio en Luxemburgo.
El ahora detenido era uno de los directivos de la aseguradora que compró los activos y que acabaría siendo liquidada y disuelta por el Juzgado.
Los 12 millones que están bajo sospecha, según los investigadores, estaban depositados en un banco domiciliado en un país en el que no se ubicaba la sede de la empresa y que solamente opera electrónicamente.
La compañía de seguros habría realizado compras de bienes inmuebles en Panamá por 3,7 millones euros, cuando su valor razonable era 34 millones, un incremento sobre el que nunca se llegó dar explicaciones por parte de la persona que va a ser extraditada.
Además se invirtieron otros 150 millones de euros en una filial situada en Brasil, donde se justificó el desembolso con un bono gubernamental que resultó ser falso.
Otra operación bajo sospecha fue la inversión en una empresa española de un millón de euros, con otra sociedad de este país de la que era propietario el detenido, y con la que se llegó a un acuerdo para emitir un bono por valor de 50 millones de euros, de los que se transfirió poco más de medio millón.
Las autoridades chipriotas enviaron una orden de investigación a España para conocer estas operaciones que concluyeron con que el reclamado efectivamente era responsable de las dos compañías.
Los hechos investigados sobre blanqueo de capitales supuestamente se comenzaron a cometer en Chipre, con la investigación de los activos de la entidad radicada en este país, aunque el presunto delito se realizó a través de transferencias a entidades y cuentas españolas por parte de la aseguradora.
Por ello, las autoridades chipriotas investigan quienes son los verdaderos titulare de los mismas.
En cuanto a la posible enfermedad grave del acusado, ceguera y claustrofobia, la Audiencia Nacional indica que será cuando se concrete la extradición el momento en el que el Juzgado Central determinará si es un impedimento para llevarla a cabo.
Maroto alega que hasta ahora ningún abogado de Chipre ha querido asumir la defensa de su cliente dada la trascendencia mediática que llegó a adquirir este asunto, pero según la Audiencia Nacional ese no es motivo para sospechar que se puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
Esta posibilidad es descartada en cuanto que Chipre forma parte de la Unión Europea (UE) y por lo tanto suscribió el Convenio del Consejo de Europa, entre los que se encuentra el derecho de defensa y asistencia jurídica.