El grupo municipal de Por Tenerife-Nueva-Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 2 que cite a declarar en calidad de investigado, en el marco de la investigación del Caso Grúas, al actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, responsable del área de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura.
Los denunciantes de XTF-NC consideran que las palabras de Antonio Pérez-Godiño en su declaración ante la jueza centran el foco de atención en el papel jugado por Díaz en todo este proceso, y lo coloca junto a Fernando Clavijo, anterior alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, como responsables indisociables de las ilegalidades denunciadas.
XTF-NC señala que tras la declaración del investigado Antonio Pérez-Godiño, en el sentido de que si firmó el Decreto de prórroga de la concesión a Autogrúas Polil S.L. fue porque en ese momento suplía a un compañero que estaba de vacaciones (el actual alcalde); y teniendo en cuenta que es precisamente Díaz quien propone tanto el préstamo de 120.000 euros (4 de junio 2014), como la de la prórroga de la concesión (6 de agosto 2014) y posteriormente solicita el levantamiento de los reparos formulados por la Intervención General a estas dos propuestas (16 de junio de 2014 respecto a los reparos formulados al préstamo y 25 de agosto de 2014 respecto a los reparos formulados a la prórroga), procede que se acuerde la declaración en calidad de investigado del actual alcalde.
Los denunciantes recuerdan además que fue el propio José Alberto Díaz el responsable del encargo de un informe externo a catedráticos de la Universidad de La Laguna con el objetivo de “contrarrestar” los reparos de la Intervención General del Ayuntamiento y “justificar” lo que se pretendía hacer como declaró también en sede judicial Antonio Vera, uno de los funcionarios designados por el Ayuntamiento para hacerse cargo de la empresa mientras duraba la intervención de Autogrúas Poli, SL.
XTF-NC señala también que la propuesta de José Alberto Díaz de concesión de prórroga va en contra de lo aconsejado por los propios interventores del servicio, que en un informe de 8 de abril de 2014 declararon que procedía sancionar a la empresa con la caducidad de la concesión, el rescate del servicio y sacarlo nuevamente a concurso en función de lo dispuesto en el pliego de condiciones y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) al calificar sus actuaciones como “faltas muy graves y gravísimas”.
Desde el Grupo de XTF-NC terminan diciendo que la compraventa de Autogrúas Poli, SL, por parte de José Luis Tacoronte, sin conocimiento ni autorización del Pleno, es una adjudicación a dedo más pues le va a permitir disfrutar de una concesión hasta el año 2029 a razón de 650.000 euros/año. Y esto es lo que explica que haya mantenido como administradores de la empresa un año y cuatro meses a los amigos de Clavijo.