La reciente anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la orden del Ministerio de Industria de 2010 que pretendía regular las redes de transporte eléctrico y gas natural cuestiona la ejecución de numerosas actuaciones en toda Canarias. En el caso concreto de Tenerife, impediría la subestación de Las Caletillas en Candelaria y, deja en el aire, la posibilidad de que salga adelante la Planta Regasificadora de Granadilla.
En esta Isla también queda sin efecto la subestación de Geneto, otras dos de El Rosario, Adeje, Arico y el soterramiento de ciertas líneas en enclaves urbanos, entre otras actuaciones. En el ámbito de Canarias estarían afectadas como proyectos extraordinarios la nueva subestación de Jinámar, desde cuyo parque se suministra hoy la mitad de la energía de Gran Canaria o la de Tuineje en Fuerteventura.
Como actualizaciones puntuales en infraestructuras ya planificadas, quedarían anulados el segundo cable submarino entre Corralejo en Fuerteventura y Playa Blanca en Lanzarote, la eliminación de diversos transformadores en la Isla majorera o los nuevos parques de La Oliva y en Puerto del Rosario.
En la orden se refleja que la subestación de Caletillas no iba a suponer la desaparición de la actual central, en contra de lo que se había anunciado, sino que ambas iban a funcionar de forma conjunta. El texto ha sido anulado después de que la Planta Regasificadora de Sagunto lo recurriera ante los tribunales. La Audiencia Nacional primero y el Supremo después, entendieron que este sector no puede ser regulado a través de una orden sino por medio de un acuerdo del Consejo de Ministros.
La anulación se basa en que no es posible aplicar el recurso de la analogía para planificar el sector gasista por medio de procedimientos que se aplican en el eléctrico ya que no existe un vacío legal que así lo permita. El Supremo considera que el Ministerio de Industria se atribuye competencias que no le corresponden además de que la planificación va en contra de lo dictaminado en su momento por el Consejo de Ministros.
El abogado y dirigente de Sí se puede, Pedro Arcila, apunta que esta sentencia podría abrir la puerta a la paralización de la planta regasificadora de Granadilla y anuncia que así lo defenderá ante los tribunales, como otro de los argumentos encaminados a detener esta actuación. Aunque en la planificación gasista no se hace una mención específica a la infraestructura tinerfeña, se considera que la anulación de texto tiene una incidencia directa en la misma.
Una reciente sentencia del Supremo resultado de un recurso presentado por Unión Eléctrica de Canarias Generación SA contra la misma orden, determinó la anulación de la planificación gasista. El recurrente solicitaba que no se incluyera en esta programación como un proyecto extraordinario la subestación de Tuineje en cuanto iba a estar conectada con una central térmica que no se va a construir, al haber sido dengado el permiso por el Gobierno canario.