El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un sentencia en la que desestima íntegramente un recurso del Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife), lo condena en costas, y obliga a facilitar la información a un ciudadano sobre la vigencia del Plan Especial del Camino del Litoral, en base a la aplicación de la Ley de Transparencia de Canarias.
Esta sentencia es la primera que se dicta en Canarias respecto a los cinco recursos judiciales planteados por la instituciones isleñas contra alguna de las más de 250 resoluciones acordadas por el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información, Daniel Cerdán, en sus casi tres años de mandato.
Cerdán, en un comunicado, lamenta la falta de personal del organismo, pues solo tiene cuatro puestos de empleo en su Relación de Puestos de Trabajo, dos de ellos cubiertos desde la marcha a la Audiencia de Cuentas de Pedro Pacheco en calidad de presidente.
“No es que el órgano esté pendiente de reforzarse; es que esta pendiente de constituirse realmente: sin el sobreesfuerzo del equipo, habríamos fracasado en toda regla”, indica.
La sentencia apunta que la posición del Ayuntamiento de no dar la información solicitada resulta “absolutamente improcedente”, resaltando que no está acreditado que se diera la información ni que el informe del Ayuntamiento cumpla con el cometido.
El consistorio argumentó que el vecino demandaba una opinión jurídica sobre unos terrenos que “no compete en modo alguno a los funcionarios municipales”, pero el TSJC argumenta que la petición es “clarísima” por parte de un ciudadano, afectado por dicho plan en su finca y que paga sus impuestos municipales.
“Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el Ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber, pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor”, recoge.
Así, expone también que “por mucho que se sepa” que el Plan se ha aprobado, el administrado “tiene derecho” a saber toda la información, “y no es ninguna opinión jurídica, el comisionado ha obrado con toda corrección”.
Según señala el letrado que ha defendido la posición del Comisionado en el pleito, el especialista en transparencia y contratación Juan Carlos García Melián, se da la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de comunidades autónomas, al ser el Comisionado un órgano del Parlamento de Canarias, es el Tribunal Superior de Justicia y no los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelven los recursos frente a sus resoluciones.