El Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza investigará la denuncia interpuesta en Tenerife contra un supuesto pederasta domiciliado en la capital aragonesa que obtenía fotos de muchachas desnudas a las que contactaba a través de una cuenta en la red social Instagram.
A pesar de que la denuncia inicial fue planteada en julio de 2014 por la madre de una niña de 15 años domiciliada en el municipio de La Orotava (Tenerife), el Tribunal Supremo ha acordado ahora que sea un juzgado zaragozano el que instruya el caso al situarse en Aragón el origen del supuesto delito.
La denuncia original relataba que el encausado había obtenido el teléfono de su víctima en La Orotava tras contactar con ella vía Instagram y decirle que era también una menor de edad.
El presunto pederasta se sirvió del WhatsApp para prometer a la menor que le haría una recarga en su móvil de 10 euros si le enviaba a cambio cinco fotos de ella desnuda y en ropa interior.
Cuando la madre de la víctima detectó las llamadas y comprobó que su hija ya había enviado alguna foto con el torso desnudo y recibido la carga prometida, interpuso una denuncia ante la Comisaría de Policía de Puerto de la Cruz.
Las investigaciones realizadas por los agentes de Tenerife condujeron hasta el domicilio de la madre del supuesto pederasta en Zaragoza, donde había utilizado la conexión a internet existente para crear un perfil en Instagram.
Comprobaron, en el registro practicado con la orden dictada por un juzgado de La Orotava, que el sospechoso se hacía pasar por una mujer bisexual que ofertaba recargas en teléfonos móviles a cambio de fotografías íntimas, todo para captar a posibles víctimas menores de edad.
También pudieron determinar que el encausado había conseguido convencer a otras menores, de las que había obtenido fotos a cambio de recargas.
Tras comprobar que la mayoría de las víctimas se encontraban en Aragón, el juzgado canario optó por inhibirse a favor de uno de Zaragoza, que, después de aceptar inicialmente la causa, se inhibió posteriormente a favor del primer órgano instructor, el de La Orotava.
Interpuesta una cuestión de competencia, el Tribunal Supremo otorga finalmente la instrucción del caso al juzgado zaragozano, tras aducir que en los delitos cometidos vía internet son competentes los juzgados del lugar donde fueron introducidos los contenidos delictivos.
“Si las comunicaciones con la menor -señala el auto- se iniciaron a través de diversas plataformas en internet, pudiera ser necesario o conveniente examinar el contenido de los medios telemáticos de los que dispone el denunciado, que, lógicamente, se ubican en su lugar de residencia”.
La opción de investigar el caso en el lugar donde se origina el supuesto delito, concluye el Supremo, tiene como finalidad “posibilitar una instrucción ágil, sencilla y eficaz”.