La Audiencia limita la responsabilidad del PP en el caso Faycán a 740 euros

La Audiencia de Las Palmas ha declarado que existe una responsabilidad civil del PP en el “caso Faycán”, pero solo en cuanto al desvío de una factura de 740 euros pagada por el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), según adelanta EFE. Este dinero, proveniente de fondos europeos para la lucha contra el desempleo, se usó en la reforma de una oficina del Partido Popular en la zona de Arnao.

La Audiencia había anticipado en julio que su fallo de este caso de corrupción era el de condenar a los 21 políticos locales, empresarios y funcionarios municipales que se habían declarado culpables durante el juicio de los hechos relatados por el fiscal, pero también el de absolver a los otros siete procesados, entre ellos los exalcaldes Francisco Valido y Carmen Castellano (PP).

La sentencia, hecha pública este miércoles, señala al PP de Telde como responsable civil del desvío de fondos municipales a fines diferentes al interés público, pero solo en cuando a una factura amañada de 740 euros que considera pactada por el secretario de su comité local en aquellas fechas, José Luis Sánchez, que también desempeñaba un cargo de asesor en el Consistorio de Telde.

El tribunal no considera probado el resto de delitos atribuidos a los dirigentes del PP de Telde que defendieron su inocencia durante el juicio, entre ellos Castellano, su presidenta en esa etapa, por lo que tampoco observa responsabilidad del partido en ellos.

La sentencia impone a los 21 acusados que se confesaron culpables penas que, en el caso más severo, ascienden a dos años y dos meses de prisión: es la condena dictada contra el técnico municipal Jorge Rodríguez, por delitos de prevaricación, cohecho, contra el mercado y los consumidores y falsedad en documento oficial.

La sentencia la firman los tres magistrados que juzgaron el caso, Carlos Vielba, Oscarina Naranjo y Salvador Alba, aunque este último incorpora un voto particular que envió a sus compañeros de sala estando de baja médica y cuando el Consejo General del Poder Judicial ya había adoptado la decisión de suspenderlo cautelarmente de sus funciones, por haber sido procesado en una causa penal.

Como confesaron los procesados que llevaron a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, el tribunal asume que tras la llegada del PP al gobierno de la ciudad de Gran Canaria en 2003 se creó una trama organizada que cobraba sobornos de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, los desviaba en su beneficio y falsificaba facturas pagadas por el Consistorio para disimular esa operativa.

Los magistrados consideran que esa trama fue creada por la entonces concejal de Obras, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante la instrucción; su marido, el interventor del Consistorio, Enrique Orts; el asesor de la primera; Francisco Gordillo; y el concejal de Hacienda Carmelo Oliva (PP).

La Audiencia Provincial precisa en los hechos probado que esa trama de cobro de comisiones -“mordidas, en lenguaje llano”- se montó “con la falsa excusa de financiar al PP de Telde utilizando para tal fin a los cargos que ostentaba en la citada Corporación”.

Los magistrados entienden que no existen pruebas de que el alcalde de la ciudad en aquellas fechas, Francisco Valido, cobrara comisión alguna de ese sistema de apropiación de fondos municipales, ni que lo consintiera “de forma torticera” o facilitara por omisión al no elaborar un plan de disposición de fondos de tesorería.

“El hecho de que la concejala doña Antonia Torres y su asesor Gordillo constituyeran una auténtica trama de cobro de comisiones ilegales no implica que el alcalde presidente del Ayuntamiento de Telde cobrara comisiones ilegales o estuviera, si quiera, al tanto del cobro de las mismas”, resuelve la Sala.

El fiscal sostenía que Valido había recibido de Torres hasta 38.906 euros en comisiones ilegales, una afirmación que basaba en las cifras anotadas por la edil fallecida en una libreta junto a las letras “Alc” (abreviatura de alcalde, según la acusación).

La Audiencia falla que no se puede presumir que esas cifras se refieran a euros, ni que las abreviaturas anotadas junto a ellas hagan alusión a concejales, si siquiera que esas anotaciones sean ciertas. “Sobre esas operaciones podemos hacer múltiples conjeturas, y sobre conjeturas no puede constituirse una condena penal”, razona.

En cuanto a Castellano, entonces presidenta del PP de Telde y concejal de Desarrollo Local, la sentencia dictamina que no se ha probado que cobrara 38.906 de euros en sobornos a través de la fallecida Torres, ni tampoco que fuera la inductora de parte de los delitos cometidos por los procesados que se han confesado culpables.