El expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, se hizo elegir senador en representación de la Comunidad Autónoma “para eludir la jurisdicción ante la que hasta ese momento respondía, perjudicar la continuidad de la causa tal como venía conociéndose” y “escapar del alcance tanto del juez ordinario territorial predeterminado por la Ley, como de la Audiencia competente para resolver los recursos”. Eso es al menos lo que sostiene la representación letrada de uno de los denunciantes del caso Grúas, Santiago Pérez, que se ha opuesto de este modo a la pretensión del investigado de que el caso Grúas sea trasladado al Tribunal Supremo por su nueva condición de senador.
La letrada de la acusación, Sandra Rodríguez, recuerda en su escrito ante el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna el dictamen del Consejo de Estado de 2018 que, a petición del Gobierno de la nación cuando entró a estudiar los aforamientos, aconsejó “restringir el alcance de esta prerrogativa a sus confines más estrictos”, es decir, “a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo o mandato representativo”, a los presuntos delitos cometidos cuando se es diputado o senador.
Fernando Clavijo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por la presunta comisión de varios delitos cometidos durante su desempeño como concejal y alcalde de la ciudad de La Laguna, antes de 2015, año en el que pasó a ser presidente regional.
La acusación, dirigida por la letrada tinerfeña Sandra Rodríguez, considera que “el aforamiento sobrevenido” de Fernando Clavijo “es directa consecuencia de una decisión personal cuyo único propósito reside, palmariamente en asegurarse ese aforamiento por el que desde su imputación viene pugnando una y otra vez, sin éxito”. Clavijo, efectivamente, trató por todos los medios que el caso Grúas se residenciara en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía en noviembre pasado desembocó en que el alto tribunal canario, con el voto en contra de su presidente, ordenara que se le investigara en el juzgado que le corresponde por el lugar donde se cometieron los hechos, el de La Laguna.
A juicio de la representación legal del denunciante del caso Grúas, “la consolidada jurisprudencia constitucional impide una aplicación extensiva de los aforamientos”, por lo que “el criterio de excepcionalidad debe presidir la aplicación de las normas”, solo aplicables para garantizar a los cargos electos “su desempeño público y el funcionamiento de la institución”.
En el escrito se acusa a Fernando Clavijo, representado por el abogado madrileño José Antonio Choclán, de emplear una táctica dilatoria y obstruccionista “sin punto de conexión con el interés general ni con la correcta administración de justicia, ni con el interés público tutelado por la Ley”.
Tanto Fernando Clavijo como su sucesor, José Alberto Díaz y el concejal Antonio Pérez-Godiño, todos ellos de Coalición Canaria, están siendo investigados por las gestiones que hicieron en relación con el servicio de grúas de la ciudad de La Laguna, particularmente cuando gestionaron y aprobaron la concesión de un préstamo de 120.000 euros para pagar las deudas de la empresa privada concesionaria, como cuando desoyeron los informes que aconsejaban el rescate de la concesión por incumplir las exigencias del contrato. Todo ello en contra de los dictámenes del interventor municipal, cuyos reparos fueron levantados atendiendo a las prerrogativas de la alcaldía.