El juez Alba demanda a los padres de una niña que preguntó a su hija “¿ya metieron a tu padre en la cárcel?”

“¿Y tu padre qué, ya lo metieron en la cárcel?” La pregunta se la formuló Claudia a Rocío (nombres ficticios) hace unas pocas semanas en algún momento de la convivencia de ambas niñas de 9 años en el colegio grancanario en el que estudian. La interpelada fue la hija del juez Salvador Alba Mesa, procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la presunta comisión de cuatro delitos, tres de los cuales acarrean condenas de más de tres años de prisión. La reacción de Salvador Alba y la de su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo, fue de absoluta indignación, de la que automáticamente pasaron a la de la acción judicial: han demandado a los padres de Claudia, a los que reclaman 12.000 euros de indemnización por daños morales.

Los demandados, un matrimonio que en el pasado formaba parte del círculo de amigos del matrimonio Alba-Lorenzo, tendrán que responder ante los juzgados de Telde (el tanto el colegio como el domicilio de los demandantes se encuentra en esa ciudad) por lo que el magistrado considera una lesión en su derecho al honor. En concreto, según la demanda, se responsabiliza a los padres de Claudia de haber provocado al magistrado procesado un “daño moral”, un “atentado contra la dignidad profesional y personal”, además de una vulneración del derecho a su honor.

Además, en la demanda se les acusa de haber provocado en la hija de Alba y Lorenzo “sufrimiento moral y psíquico”.

Los demandados ya han sido citados para un acto de conciliación -previo a una querella por injurias- en el que habrían de reconocer los hechos y pagar la indemnización de 12.000 euros que reclaman los demandantes.

La demanda ha causado indignación entre los padres del centro educativo que la conocen por considerarla desmesurada. Desde hace meses y a medida que avanzaba el procedimiento penal contra el magistrado, el matrimonio Alba-Lorenzo se ha ido aislando del resto de padres del centro. Algunos de ellos formaban parte del círculo íntimo de la familia, pero las relaciones han quedado rotas. Los padres dan por seguro que esta demanda, que será comunicada este lunes a la dirección del colegio, ampliará aún más esa brecha.

Su abogado no habla con “un panfleto de extrema izquierda”

Para promover tal demanda, Salvador Alba ha recuperado al que fuera tradicional abogado suyo, Eduardo López Mendoza, que hasta ahora venía actuando en la sombra formulando denuncias falsas contra la magistrada Victoria Rosell, a cuyo entorno llegó a acusar ante la Fiscalía de Las Palmas de enviar mensajes de WhatsApps amenazando al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La denuncia fue archivada de plano por el Ministerio Público por no existir la más mínima prueba ni indicio. Eso sí, en cuanto fue presentada, en mayo de 2016, se envió al periódico El Mundo, en aquellos momentos muy en sintonía con la campaña de Alba contra la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos. No se llegó a publicar noticia alguna.

López Mendoza, actuando como brazo ejecutor en la sombra de Salvador Alba, es el autor también de dos querellas contra Rosell -igualmente archivadas de plano- interpuestas sucesivamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo, con una derivada hacia el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también resultó archivada en el órgano de gobierno de los jueces.

Contactado por este periódico, el abogado de Alba declinó hacer comentario alguno alegando que se trata de un “panfleto sensacionalista de extrema izquierda”. Sin embargo pidió al periodista copia de la noticia para proceder judicialmente contra Victoria Rosell o contra el propio medio. 

Esta acción de Salvador Alba se suma a la conocida esta semana a raíz de divulgarse el auto de procedimiento abreviado dictado por la magistrada que le ha investigado en el TSJC, Margarita Varona. Contra ella ha dirigido también sus cañones el juez procesado: según Canarias7, la ha denunciado ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial por lo que considera una falta muy grave de revelación de secretos precisamente por la publicidad de ese auto, publicado en la web del CGPJ.

Precisamente el delito de revelación de secretos es uno de los cuatro que Margarita Varona atribuye a Salvador Alba, concretamente por facilitar al periodista de El Mundo Fernando Lázaro el contenido de la declaración judicial prestada ante él por Miguel Ángel Ramírez, con el que había pactado perjudicar a la magistrada Victoria Rosell. Los otros delitos son prevaricación judicial, cohecho y falsedad.

La esposa de Salvador Alba, Teresa Lorenzo Establier, es letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) con destino en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Ella misma se encargaba la mañana del pasado viernes de divulgar a los cuatro vientos que su esposo iba a denunciar por tercera vez a la magistrada que lo ha investigado. Los dos intentos anteriores han sido archivados.