La alcaldesa de Mogán declara por presiones a un denunciante de la presunta trama de compra de votos

“Antes de empezar, señoría, tengo que decirle que todos estos son una partida de chorizos y de impresentables”, dijo Ramón Trujillo, El Perraya, el 4 de mayo pasado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Su señoría es el mismo que tiene que tomar declaración este martes en calidad de investigada por inducción a dar falso testimonio a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio-Ciuca). Lo hará asistida de su abogado, Javier Velasco Almendral, del prestigioso despacho madrileño de José Antonio Choclán, abogado defensor también del expresidente del Gobierno canario Fernando Clavijo en los casos Grúas y Reparos, que recientemente ha endosado al erario público del Ayuntamiento de La Laguna sus honorarios en el primero de los casos, por valor de 55.000 euros.

Junto a la alcaldesa de Mogán, están también citados su primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y dos miembros más de Ciuca, el también concejal Víctor Gutiérrez Navarro y el militante José Juan Montesdeoca Martín, por esas presuntas presiones para que Ramón El Perraya dijera lo contrario de lo que sostiene: el modus operandi de la presunta compra de votos por la que la alcaldesa y su mano derecha fueron detenidos el 17 de septiembre y que investiga otro juzgado del sur de Gran Canaria, Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana. Ninguno de ellos consiguió su objetivo, ya que el denunciante ratificó en todos sus extremos la denuncia que formuló en octubre ante la Guardia Civil, cuando dijo haber recibido una oferta de 3.000 euros y un puesto de trabajo, en nombre de la alcaldesa, para que cambiara su versión de los hechos.

Ramón Trujillo es todo un personaje en el pueblo marinero de Arguineguín. Saltó a la fama cuando contó cómo Ciuca y su lideresa compraban presuntamente votos y voluntades por 50 euros desde las elecciones de 2015, las primeras que ganó la alcaldesa ahora famosa en toda España por sus discursos xenófobos contra los migrantes africanos. Una confesión que pasó a engrosar la lista de indicios de presuntos pucherazos en Mogán, todavía bajo lupa policial y judicial.

Así, semanas después de las detenciones y registros en las oficinas municipales, tanto de Arguineguín como en el casco de Mogán, Ramón Trujillo no se lo pensó dos veces y se presentó ante el Equipo Judicial de la Guardia Civil que lleva el caso para denunciar que lo estaban presionando. En octubre, el denunciante señaló al concejal y al militante de Ciuca como los portadores de la presunta oferta de la alcaldesa: un puesto de trabajo y 3.000 euros si cambiaba en sede judicial su declaración policial.

El 17 de setiembre, los detenidos por la presunta compra de votos (Onalia Bueno, Mencey Navarro y la también concejala Tania Alonso) quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial. Según el denunciante, a la tarde siguiente, sobre las 17:00 horas, fue abordado por el concejal Víctor Rodríguez. Lo hizo en un vehículo blanco con rótulos del Ayuntamiento de Mogán y el concejal le pidió que se subiera al coche, que tenían que hablar. El político, según la denuncia de Trujillo, le dijo que había hablado con la alcaldesa “para que retirase o cambiase la versión de su testimonio”, ya que estaba citado para comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ya el pasado 24 de septiembre.

La declaración en sede judicial todavía no se ha producido ocho meses después, a causa de varios aplazamientos, pero ese 18 de septiembre Trujillo recibió una primera oferta: “El concejal le dijo que le darían un trabajo por su retirada o cambio de versión”, aseguró a la Guardia Civil. Trujillo le respondió que hablaría primero con su abogado. Al finalizar la conversación, el concejal dejó al denunciante en el mismo lugar donde lo recogió, en un banco cercano ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez.

Ese mismo día, la alcaldesa había convocado una rueda de prensa en el muelle donde se alojaban los migrantes africanos para denunciar que su detención respondía a que ella ha alzado la voz contra el Estado por la falta de respuesta a la llegada de personas del continente vecino en pateras y cayucos. Trasladó a la opinión pública ser víctima de una cacería política y que prácticamente la Guardia Civil había orquestado la detención el mismo día en que iba a visitar con la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor (PP) las carpas instaladas en el muelle, cuando el operativo se hizo por una comitiva judicial, en presencia del secretario del juzgado de Instrucción 3.

Según la versión del denunciante, el concejal volvió a acercarse en un coche municipal el sábado 19 de septiembre, en el mismo lugar, delante de una tienda de calzados. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el edil de Ciuca sin bajarse del coche y continuando su marcha en el vehículo. El denunciante le envió un mensaje por whatsapp al teléfono del concejal, que nunca respondió. Esa comunicación sin respuesta quedó registrada en su teléfono, y los investigadores la han incorporado a la causa. En el audio, el denunciante le pregunta al concejal “para saber cuándo hablaban”. 

No fue ese concejal el único que ha presionado al testigo, según su denuncia. Al cabo de unos días, otro estrecho colaborador de Ciuca, José Juan Montesdeoca, se acercó al denunciante cuando este estaba en las inmediaciones del Club El Cangrejo, en Arguineguín. Este vecino dijo al testigo que se había reunido en una heladería con la alcaldesa y el concejal que le había abordado “para tratar su tema”. El colaborador de Ciuca le dijo que le ofrecían “un trabajo y 3.000 euros por retirar o cambiar la versión” en la causa abierta por presunto fraude electoral, tanto en 2015 como en 2019.

También durante esos días posteriores Trujillo y este colaborador de Ciuca almorzaron en casa del primero y este grabó varios audios. En esa charla el colaborador de la alcaldesa de Mogán aclaró que la reunión se produjo en una heladería de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. En esa reunión acordaron que la dádiva por cambiar su versión de los hechos ante el juez cuando se produzca su comparecencia serían 3.000 euros y un puesto de trabajo. El dinero y el trabajo se lo darían después de que cumpliera lo acordado.

El 4 de mayo, después de calificarlos ante el juez y los abogados de Onalia Bueno y Mencey Navarro como los considera Trujillo, el denunciante se ratificó en su denuncia en todos los extremos. Aún está pendiente de declarar, como todos los investigados, en la causa principal de la presunta compra de votos que instruye Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana. En principio, las citaciones judiciales vuelven a estar fijadas para el próximo mes de junio, nueve meses después de las detenciones de Onalia Bueno y sus colaboradores en el Ayuntamiento de Mogán.