El actual jefe de demarcación de Costas en la provincia de Las Palmas, Rafael López Orive, ha cuestionado este miércoles la autorización que uno de sus antecesores en el cargo , José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial, concedió en febrero de 2016 para el inicio de las obras de regeneración de la playa de Tauro, en Gran Canaria, un proyecto promovido por el conocido empresario Santiago Santana Cazorla a través del Grupo Anfi.
López Orive, que ha ocupado el cargo en tres etapas diferentes, aseguró durante su declaración como perito en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial que ese permiso debía estar supeditado al cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego del concurso, una circunstancia que, en su opinión, no se daba en este caso. Según el jefe de Costas, Anfi solo había entregado al Estado 600 metros cuadrados de los 3.811 que había comprometido en el proyecto autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2015, aproximadamente un 15%. Esta aportación al dominio público de terrenos privados contiguos a la playa había sido un factor determinante para que Anfi se llevara la concesión frente al otro licitador, Miguel Cazorla.
El actual jefe de Costas, que sustituyó en julio de 2016 a Hernández, destituido a raíz de las irregularidades detectadas en Anfi Tauro, expuso esta discrepancia en un informe elaborado a los dos meses de acceder al puesto. Según explicó a la Sala, López Orive inspeccionó las obras y ordenó un levantamiento topográfico para concluir que, de los 3.811 metros cuadrados comprometidos a cambio de la concesión, Anfi solo había aportado unos 600 y había hecho obras en otros 600 de los que no existía constancia oficial de que hubiesen sido entregados a la administración pública. El resto, más de 2.000 metros cuadrados, estaba ocupado -y lo sigue estando- por viviendas, una desaladora, un restaurante...
López Orive remarcó que las prescripciones del pliego establecían que, antes de firmar las actas de entrega y replanteo de obras (los dos documentos por los que está acusado Hernández), los terrenos debían estar delimitados tanto física como jurídicamente (propiedad, cargas...), por lo que los trabajos no debieron comenzar. El perito ha rechazado el principal argumento de la defensa, según el cual Anfi aportó dos parcelas discontinuas (del mojón 7 al 8 y del 10 al 13), ubicadas a ambos lados del barranco de Tauro, para cumplir con este compromiso. El jefe de Costas recordó que, según la prescripción K, la empresa debía entregar esos 3.811 metros cuadrados en la zona solicitada en la concesión, es decir, los ofrecidos, la franja continua y paralela a la línea del mar que une el mojón 7 con el 14, área en la que se encuentran las mencionadas edificaciones. “Tenía que estar fijado donde estaba el proyecto. Las olas no entienden de esquinas”, ha aseverado López Uribe en referencia a la especie de ‘U’ formada por Anfi tras depositar arena del Sáhara en esas dos parcelas ubicadas en los extremos de la playa.
“Una encerrona”
Por su parte, el acusado, José María Hernández, ha defendido su actuación en la autorización de las obras de la playa de Tauro y ha dicho sentirse víctima de “una encerrona” por parte de uno de sus subordinados, el ingeniero que advirtió de una serie de irregularidades que hacían inviable la firma del acta de replanteo (las vinculadas a la entrega de los terrenos, la presencia de mojones desplazados, de uno de ellos en el interior de una de las viviendas, una invasión puntual del dominio público, la carencia de canalizaciones de saneamiento para los quioscos, falta de documentación....), y de su superior jerárquica, la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, que en una inspección posterior constató todos esos incumplimientos y ordenó al delegado provincial depurar la situación física y jurídica de esos terrenos.
Hernández ha defendido que actuó en virtud de la orden ministerial del 1 de octubre de 2015 que establecía que los terrenos aportados por la empresa concesionaria se ajustaban a lo recogido en los pliegos, según la documentación aportada por Anfi y a pesar de que posteriormente, sobre el terreno, el ingeniero a sus órdenes constató los mencionados impedimentos para comenzar las obras. El exjefe de Costas atribuye a este trabajador, que lo había denunciado por acoso laboral (causa finalmente archivada), el origen de sus problemas. Sostiene que su único interés durante la tramitación del expediente de Tauro fue paralizar el proyecto y que se trataba de un empleado “problemático y quejoso”.
El procesado explicó que las objeciones puestas de manifiesto por su subordinado eran subsanables y no tenían suficiente enjundia como para paralizar una obra de esa envergadura, “una perita en dulce” que llevaba once años atascada, según sus propias palabras. Por ello, no dudó en firmar una primera acta de replanteo sobre el terreno, en la misma playa, y autorizar verbalmente el inicio de las obras. Tanto el ingeniero de Costas como la responsable de Patrimonio, del Ministerio de Hacienda, se negaron a hacerlo. El primero por las irregularidades advertidas. La segunda, porque una de las fincas aportadas por Anfi no estaba inscrita en el registro. Sin embargo, según manifestaron varios testigos en la sesión de este miércoles, ese documento apareció esa misma mañana tras unas gestiones de Santana Cazorla, lo que permitió, según la versión de la defensa, firmar una segunda acta esa misma tarde en la que se daban por solventados los impedimentos expuestos por los trabajadores. Para la Fiscalía de Medio Ambiente, esa aseveración supone una falsedad, puesto que los problemas puestos de manifiesto entonces aún perduran a día de hoy, con las obras paralizadas y sendos expedientes de caducidad y sancionador abiertos a la empresa concesionaria.
“Por eso me fui a Marruecos”
En el juicio contra Hernández también ha declarado, en calidad de testigo, el promotor, Santiago Santana Cazorla, quien ha afirmado que las trabas con las que se topó para desarrollar el proyecto fueron “la gota que colmó el vaso” de su paciencia en Canarias y la razón de su exilio a Marruecos. “Llevaba once años tratando de sacarlo adelante”, ha manifestado el empresario, que ha defendido que las parcelas finalmente aportadas, que no coincidían con las ofrecidas en el plano “orientativo” del proyecto, fueron fruto de las negociaciones que personalmente mantuvo con altos cargos de Costas en Madrid.
Santana Cazorla se jactó de que el discurso que habría pronunciado ante los responsables de autorizar la obra la mañana del 4 de febrero de 2016 fue clave para que se firmara el acta de replanteo y se iniciaran los trabajos. El promotor atribuye lo sucedido en Anfi Tauro a “una cuestión política o enfrentamiento entre técnicos”. “No puedo entenderlo en la vida. Estoy asustado en esta isla. Aquí no se puede trabajar”, ha concluido.
Entre la decena de testigos se encontraba también Enrique Hernández Bento, ex subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo y ex delegado del Gobierno de España en Canarias, que participó en esas negociaciones para desbloquear el proyecto para la regeneración de la playa.
El juicio continuará el jueves 23 de mayo con las declaraciones de las entonces directora y subdirectora de Costas.