La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana contra el exjefe de Demarcación de Costas José María Hernández, que autorizó la construcción de la playa Anfi Tauro, en Mogán.
Hernández fue destituido el pasado mes de julio por irregularidades en este proyecto. Ahora, el Ministerio Público explica que ve indicios de prevaricación administrativa y delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público.
El 1 de octubre de 2015 se otorgó, por Orden Ministerial, la concesión de ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para convertir estos terrenos una playa de arena. Sin embargo, la autorización del Ministerio de Medio Ambiente tenía una condición “taxativa”, que debía cumplirse antes de empezar las obras: que la empresa cediera a favor del dominio público (es decir, del Estado) 3.683 metros cuadrados de su propiedad.
Este detalle, fue además, detonante para que se concediera dicho proyecto a este grupo empresarial en detrimento de otro licitador Miguel Cazorla e Hijos. Según el marco jurídico, estos 3.683,73 metros cuadrados de terrenos que se iban a incorporar (sobre los que se asentarán gran parte de los servicios de playa) debían quedar reflejados con carácter previo al inicio de las obras y no fue así.
La Fiscalía explica que el exjefe de Demarcación de Costas no tuvo en cuenta estas condiciones y dio una orden verbal para que comenzaran las obras, a pesar de que el ingeniero de la demarcación sí que le había advertido por correo electrónico de que faltaban documentos significativos y no se cumplía con el Pliego de condiciones generales de la Orden Ministerial.
El ingeniero se negó a firmar el acta de replanteo de las obras y dio cuenta por escrito una serie de incumplimientos que también trasladó a la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
El fiscal Javier Ródenas considera que Hernández prevaricó al autorizar verbalmente esas obras, a pesar de las advertencias de “incumplimientos graves” y luego cometió un delito de falsedad, al redactar el pasado mes de abril un acta de replanteo firmada por él como si hubiera sido emitida el mismo día en que comenzaron los trabajos, el 4 de febrero de este año, en la que se daban por solventadas todas las irregularidades.
El Ministerio Público reprocha también al acusado haberse “apartado de forma grosera” del marco legal que regulaba esa concesión y subraya que, a día hoy, con esa zona ya transformada en una playa artificial, las irregularidades detectadas siguen sin haberse solventado.