La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el primer macrojuicio en España contra 23 supuestos miembros de una red nacional que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y criaban administrándoles sustancias dopantes y otros fármacos.
Cabe recordar que la organización criminal fue desmantelada por la Policía Nacional en 2017 mientras se celebraba una pelea de perros en Güímar (Tenerife), una operación en la que detuvieron a ocho de los acusados y rescataron a 226 perros, la mayoría en grave estado de salud, de los que 42 acabaron muriendo.
El resto de perros intervenidos fueron entregados en custodia a la asociación Salvando Ángeles sin Alas, para la que el Ministerio Público pide una cuantiosa indemnización a los procesados.
La Fiscalía de Madrid solicita penas que oscilan entre 7 años y 4 meses y 3 años y 4 meses-para los acusados, a quienes imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.
El juicio, que está previsto que se celebre durante 48 sesiones, se ha aplazado en dos ocasiones por distintos motivos.
La asociación dedicada al rescate de animales Salvando Ángeles sin Alas (SASA) ejerce la acusación particular, así como Unidas Podemos, que pide condenas más elevadas que la Fiscalía.
Entre los 23 acusados, de varias partes de la geografía española, se encuentran dos veterinarios, uno de Canarias y otro de Madrid, quienes presuntamente se dedicaban a facilitar el soporte documental necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, además del suministro de diversos medicamentos para los animales.
El fiscal también expone en su escrito de conclusiones provisionales que los apodados “Rafa” y “Profe”, R.R.D. y A.O.R., eran los líderes de la organización, para los que solicita cinco años y diez meses de prisión.
La organización, según el Ministerio Público, criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraba para ser más agresivos, proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaba “hasta la extenuación”, llegando a utilizar cintas de correr.
Después, les destinaban a peleas concertadas con contratos previos en las que resultaban “muertos o gravemente heridos”. A estos últimos les utilizaban como sparring de entrenamiento o decidían darles muerte cuando ya no les eran de utilidad para sus fines.
Expone la Fiscalía que la red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban “interconexionados” y tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España.
Además, subraya que los miembros se repartían las funciones “de forma jerárquica”, ya que un primer grupo organizaba “convenciones” y peleas privadas, otro criaba y entrenaba a los perros y una última división participaba y apostaba en los eventos.
Según han indicado fuentes jurídicas a Efe, la Fiscalía negoció con las partes un posible acuerdo de conformidad que supondría una sustancial rebaja de las penas, pero no fructificó.
Una mujer que acogió a uno de los perros rescatados en su casa inició una recogida de firmas en la plataforma change.org para protestar contra dichas propuestas de la Fiscalía, así como contra el aplazamiento del juicio. La campaña ha alcanzado casi 8.000 firmas.