La Audiencia Provincial de Las Palmas se trasladará a Puerto del Rosario los días 30 y 31 de enero para celebrar la vista oral del juicio de Las Clavellinas en el que se sentarán en el banquillo como acusados el ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y los concejales en el periodo 1999-2003, José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Tomás Andrés Pérez Rodríguez. Todos ellos militaban entonces en el Partido Popular.
Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y a González Arroyo se le añade el de apropiación indebida. Se enfrentan a una petición de pena de inhabilitación para ejercer cargo público además de seis años de prisión para todos ellos, y de nueve para González Arroyo.
La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la empresa Difusión Comercial e Inmobiliaria consideran que los acusados son responsables del primero de ellos mientras que la acusación popular, que ejerce la Asociación de Vecinos Las Clavellinas suma los otros dos delitos.
La Fiscalía solicitó una fianza de más de un millón y medio de euros y añade otros 67.500 euros más para Arroyo. La querella que da origen al caso se interpuso en el año 2002 por esa asociación vecinal, y después el procedimiento ha estado viajando entre los Juzgados de Puerto del Rosario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en función de la condición de aforado de González Arroyo.
Para llegar al origen del caso hay que remontarse al año 1982. Ese año, el ciudadano belga Guy Van Dahl, que desde los años sesenta había comenzado a comprar una gran cantidad de terrenos en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, decidió donar al Ayuntamiento de La Oliva una parcela rústica de 27 hectáreas en Corralejo conocida como “Coto del tamboril y fragoso de los negros”.
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