El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha archivado la investigación abierta por los incidentes entre militares de la Armada que protegían la zona de prospecciones donde trabajaba Repsol frente a las costas de Canarias y activistas de Greenpeace que accedieron a una zona de exclusión marítima para abordar un buque de la petrolera, el 15 de noviembre de 2014.
La acción de la organización ecologista se desarrolló contra el buque perforador de Repsol, Rowan Renaissence, con la intención de “realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias”. Una de las activistas, de nacionalidad italiana y 23 años, cayó al mar y sufrió cortes y una fractura por impacto de las hélices de la lancha en la que viajaba.
El magistrado ha decidido sobreseer la causa contra dos militares denunciados por la asociación de defensa del Medio Ambiente y contra la miembro de Greenpeace. Los hechos desembocaron en una serie de denuncias cruzadas entre la Armada y la organización. También la Fiscalía presentó querella por un delito de piratería.
De la Mata explica en un auto hecho público este viernes, que la Armada actuó amparada por la legalidad. En el caso de Greenpeace, concluye que aunque su conducta fue “netamente antijurídica” no se puede imputar un delito de piratería a la activista que resultó herida puesto que ni comandaba ni pilotaba la lancha, no tuvo dominio alguno del hecho ni tenía capacidad alguna sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en los hechos.
Su participación se limitó -agrega- “a ocupar una de las lanchas, desconociéndose si su propósito era abordar o no el buque”.
Funciones de seguridad
Después de todas las diligencias realizadas el juez considera acreditado que los militares aquel día estaban desarrollando una función de seguridad y mantenimiento del orden público, actuando como agentes de la autoridad, protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, tal y como lo había acordado tres días antes en una resolución el Director General de la Marina Mercante para llevar a cabo las prospecciones solicitadas por Repsol.
Ante las reiteradas negativas de Greenpeace para retirarse, los militares no actuaron de inmediato, sino que reportaron a sus superiores, solicitando nuevas órdenes a las que se ajustaron. La actuación de estos militares, se limitó al cumplimiento de su deber, obedeciendo las órdenes dadas, tanto el día anterior como el propio día de los hechos. Unas órdenes, que según el juez fueron graduadas en función de las circunstancias.
El magistrado concluye que los activistas de Greenpeace mostraron una conducta de clara rebeldía, se adentraron consciente y voluntariamente en una zona de exclusión marítima, violentaron la decisión de la autoridad pública que había prohibido legalmente la navegación en esa área, comenzaron las maniobras para intentar el abordaje del buque y mostraron señales más que evidentes de que no pensaban atender las órdenes directas de la autoridad, colocándose voluntariamente en una situación “muy peligrosa”.
Por este motivo, el auto recuerda que, en supuestos como este caso, la imputación del riesgo se traslada al ámbito de responsabilidad de las víctimas, en tanto que la actividad generadora del riesgo fue concebida, implementada y llevada hasta sus últimas consecuencias por los activistas de Greenpeace.