La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir de la próxima semana a una abogada y su pareja por supuestamente crear un sistema para concertar matrimonios simulados y falsificar documentos, con el fin de poder traer ciudadanos cubanos a España en colaboración con otros 21 acusados.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los dos principales acusados se enfrentan a una pena de once años de prisión por delitos de falsificación de documentos y contra el derecho de los extranjeros, la mayoría - 17 de los acusados- a tres años y once meses de cárcel, y el resto a condenas de entre 7 años y 15 meses.
La letrada Vilma G.D., del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria y en ejercicio en el momento de los hechos, y su entonces pareja sentimental, Eduardo N.G., crearon este sistema de matrimonios “espurios”, movidos por un ánimo de lucro. entre los años 2008 y 2010, sostiene.
Para ello, presentaban documentación falsa en la Subdelegación del Gobierno de Canarias en Las Palmas, mediante los modelos de reagrupación familiar, con el fin de traer a ciudadanos cubanos a España, incumpliendo la normativa de tránsito extranjero y poniendo en peligro el flujo migratorio del territorio nacional, al no haber control sobre estos ciudadanos.
Además, consiguieron la colaboración del resto de los acusados, la mayoría de los cuales se ofreció a contraer matrimonio a cambio de dinero, llegando a casarse algunos hasta en dos ocasiones, mientras que otros falsificaron documentos para propiciar reagrupaciones familiares fraudulentas y la llegada de cubanos a España.
Según el escrito de la Fiscalía, la principal acusada, la abogada Vilma G.D., simuló estar casada con su pareja para poder traer a la hija que este tuvo fruto de otra relación y que residía en Cuba, y para ello falsificaron la sentencia de divorcio del procesado y un acta notarial en la que figuraban como matrimonio.
La hija del acusado, que también figura entre los procesados, logró la reagrupación y, al estar en deuda con la letrada, simuló estar casada con un compatriota para que pudiera entrar en España de forma regular, aunque no cumplía los requisitos.
Esta operación se repitió hasta en 25 ocasiones, según el escrito de acusación, en el que se señala que algunas de estas personas se encuentran en paradero desconocido.