Canarias crea una guía para mejorar el trato en los juzgados a los menores víctimas de violencia

El Gobierno de Canarias ha publicado una guía práctica sobre el interrogatorio y exploración a las víctimas de violencia sexual, en particular los menores, tras cuatro años de experiencia del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria y ante la ausencia de protocolos específicos y estandarizados.
“Siempre nos pareció que en esta Ciudad de la Justicia de Las Palmas hubiera un proyecto como el que lidera el magistrado Tomás Martín con su juzgado era lo que con normalidad tenía que pasar en todo el territorio y sorprendía que esto no fuera así”, ha declarado este viernes durante la presentación de la guía la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.
Al contrario, “el trato es muy diferenciado y se han establecido protocolos distintos no solo en lo que tiene que ver con la actuación judicial sino también en algo tan delicado como las exploraciones”, ha agregado al señalar la importancia de presentar esta guía “donde no hay una herramienta protocolizada para este tipo de actuaciones”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín Rodríguez, ha explicado que el objetivo de esta guía es promover y tratar de fomentar el inicio de una curiosidad profesional a jueces y fiscales para que asuman la exploración o la declaración de la víctima menor de edad.
Martín ha detallado que ese es el fin porque se trata de “una función propia dentro de la actividad procesal, pese a que se ha expandido la teoría de que debe hacerse por lo que se llama un profesional cualificado, que no está concretado como tal ni existe una relación de puesto de trabajo en lo que se determine quién es el profesional cualificado para realizar esta tarea”.
“La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia sí prevé para las fuerzas y cuerpos de seguridad que deben recibir una formación especializada en el interrogatorio de víctimas menores de edad. Pues no puede ser que esta formación especializada no la reciban jueces y fiscales”, ha agregado el magistrado.
La guía ha sido redactada por Martín así como por Zaira Santana Amador, investigadora y responsable de la Unidad de Psicopedagogía del Hospital La Paloma de Las Palmas de Gran Canaria, y trata de una manera clara la creación de entornos seguros y respetuosos para las víctimas, la estandarización de los procedimientos para la recolección de información, cómo mejorar la eficacia judicial garantizando investigaciones completas, coherentes y alineadas con las leyes vigentes y como asegurar la calidad del testimonio, entre otros temas.
“Creemos que es un documento bastante correcto desde el punto de vista legal y científico y que puede ser una herramienta bastante válida para a su vez servir como herramienta de sensibilización y de superación de, en ocasiones, el freno que encuentra este sector profesional ante lo que no son asuntos sencillos, y profesionalmente puede ser que si no se tiene una absoluta capacitación intimide el hecho, la edad o las condiciones de la víctima”, ha señalado Martín.
Reducción del estrés de la víctima y de los tiempos
A lo largo de los cuatro años en los que ha estado en marcha el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia el magistrado asegura que están muy satisfechos en relación al abordaje de las víctimas y la obtención de los testimonios, al señalar que no se les haya reprochado alguna mala praxis.
En base a los resultados del 'Estudio para conocer la actuación de las instituciones públicas en víctimas menores de edad de delitos contra la libertad sexual. Evaluación de la victimización secundaria', que también se ha presentado a la prensa junto a la guía, el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, ha señalado que se está logrando “muy notablemente” reducir el nivel de estrés de los menores así como los tiempos dentro del procedimiento tanto para conseguir unas declaraciones que sean fiables, como para que los menores no sufran la victimización secundaria.
En ese sentido, Martín ha destacado que inicialmente previeron que el volumen de entrada sería de unos 30 asuntos mensuales y que ya lleven tres meses los 120 asuntos mensuales, un aumento que achaca al trabajo de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a haberse incidido en centros sanitarios, educativos y el sistema de protección en la obligación de comunicar indicios de una posible situación de violencia.
“Tenemos la convicción de que estamos atacando lo que antes era una la cifra oculta”, ha agregado al señalar que comparando las ratios con las cuatro grandes ciudades españolas el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria está muy por encima.
Durante la presentación de ambos documentos el presidente en funciones de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Las Palmas y magistrado responsable del gabinete de apoyo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González Prieto, ha destacado que este juzgado es un referente, que ya ha sido visitado por otras comunidades autónomas y países europeos, y un modelo a seguir por todo el país y Europa.
Barreto ha recordado que desde el Gobierno de Canarias se ha pedido “reiteradamente” que se instauren de manera obligatoria en toda España estos juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, como se hizo con los de violencia contra las mujeres, ya que actualmente son de creación voluntaria por parte de las comunidades autónomas.
En cuanto al estudio, ha destacado datos como que las más afectadas por la violencia sexual son las menores en la fase preadolescente y que las mayores cuidadoras y denunciantes siguen siendo las madres.
“Tenemos que convertirnos en una sociedad protectora de nuestros niños y niñas, una sociedad abierta con ojos permanentes de vigilancia para conseguir que esa función protectora no solo sean las madres, sino que la seamos todos”, ha concluido.
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