El juicio por el presunto fraude en las subvenciones públicas concedidas entre 2006 y 2009 a UGT (Unión General de Trabajadores) en Canarias para los cursos de formación de Fundescan (Fundación para el Desarrollo Social de Canarias, vinculada al sindicato), comenzará en abril de 2025, quince años después de que se abriera la investigación y casi tres después de que se decretara el auto de apertura de juicio oral.
En el banquillo se sentarán catorce acusados para los que se piden penas de hasta cartorce años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas acaba de señalar las fechas de la vista oral. El juicio arrancará el 1 de abril y puede prolongarse hasta el 16 de mayo. El tribunal ha reservado 16 sesiones repartidas en seis semanas.
En este caso, ejercen la acusación la Fiscalía (sólo para nueve de los catorce procesados), los servicios jurídicos del Gobierno canario y la acusacion particular, que representa a un grupo de extrabajadores de Fundescan y a profesores.
La investigación se abrió en 2010 en el Juzgado de Instrucción 4 de Las Palmas de Gran Canaria. Durante esa fase declararon más de un centenar de testigos y se llegaron a contabilizar más de treinta investigados. Hasta el auto de apertura de juicio oral hubo que esperar doce años.
La Fiscalía acusa a Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López (expresidentes del patronato de Fundescan); Manuela Fernández y Carmen Dumiperrez (exsecretarias de la fundacion), y a los exvocales Juan Raúl Núñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Guadalupe. El resto de acusaciones incluyen a otras cinco personas. Todas ellas formaban parte de la Ejecutiva Regional de UGT en el momento de los hechos. Son Jesús Trancho, José Antonio Montesdeoca, Miguel Pérez, Dulce María Quintana y Carlos Uche, este último ex secretario general de UGT en Canarias que después fue contratado como “asesor” en Fundescan.
En síntesis, se les acusa de haber desviado subvenciones públicas para “fines ajenos” a los cursos de formación. En concreto, para cubrir gastos de UGT, para financiar al sindicato.
UGT Canarias recibió en 2008 una subvención de 744.426 euros para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción (Plan FIP Canarias 2008). El Servicio Canario de Empleo (SCE) le reclamó el reintegro de este importe porque no lo aplicó “a los fines legalmente previstos”, pero la fundación no lo devolvió. Lo mismo ocurrió con otra subvención de 2009 para la financiación de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. Percibió 1.099.567,84 euros y desvió a otros fines, según la administración, 852.032,24 euros.
La tercera subvención es de 2008, ascendía a 302.163,42 euros y estaba destinada al mantenimiento del servicio técnico de Fomento de la Economía Social. El SCE pidió el reintegro de 193.826,65 euros.
La Fiscalía cuantifica el fraude en 1,7 millones de euros. Para el Ministerio Público, los hechos constituyen tres delitos contra la Hacienda Pública. Y por cada uno de ellos pide tres años de cárcel. Al acusado Andrés Pérez le atribuye un delito y, por tanto, solicita para él tres años de prisión. A Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, Juan Raúl Núñez y Antonio Martín, dos delitos (seis años). Y a José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe, tres delitos (nueve años).
Además, pide que se les imponga a cada uno de ellos multa del triple de la cuantía defraudada, lo que asciende a 41,3 millones de euros, y el pago de las cantidades presuntamente defraudadas.
Para la acusación particular, por su parte, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y de cuatro delitos contra la Hacienda Pública de defraudación de subvenciones. Por ello, pide penas de entre seis y doce años para los catorce procesados.
A juicio de esta parte, los acusados, miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT y del patronato de la fundación, propiciaron “el enriquecimiento patrimonial del sindicato a costa de Fundescan”, vulnerando “las normas más básicas de control económico de las fundaciones”.
Antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral, UGT difundió un comunicado en el que defendía que los cursos de formación se impartieron “a plena satisfacción” de sus destinatarios, que contrató a Fundescan para la ejecución de esas subvenciones y que se quedó una cantidad, “en ningún caso superior al 15%” de esos fondos, para afrontar los gastos de “la gestión, divulgación y justificación” de las subvenciones.