La titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, María Celia Blanco, no ha ofrecido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, suspender su declaración en calidad de investigado por el caso Grúas, señalada para el próximo viernes. La magistrada ha dictado una providencia, fechada este lunes 11 de marzo, en la que simplemente pregunta a la representación letrada del jefe del Ejecutivo regional si en su último escrito está solicitando el aplazamiento de su comparecencia con motivo del anuncio de recurso de casación que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que devuelve la causa a los juzgados de La Laguna tras perder su condición de aforado.
“En ese caso, se proveerá”, escribe la jueza Blanco en esta providencia. Es decir, estudiará si procede o no acceder a lo que solicita el abogado de Fernando Clavijo. En el mismo escrito, la magistrada da por personado en la causa al presidente canario, le comunica que las copias ya han sido entregadas a su procuradora y le pide a su representación procesal que informe sobre el resultado del anuncio del recurso de casación contra la decisión del alto tribunal canario.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, los recursos no interrumpen la instrucción de las causas, que, según el artículo 324.1 de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 2015, no debe tener una duración superior a los seis meses, salvo que el procedimiento sea declarado complejo, en cuyo caso se podrá extender hasta los 18 meses.
En el caso Grúas se investiga si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna que presidía como alcalde Fernando Clavijo cometió delitos de prevaricación y malversación al conceder un crédito municipal a la empresa privada que gestionaba el servicio de recogida de vehículos de la ciudad.
Los hechos se remontan al año 2014 cuando el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna concedió un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas ante sus problemas económicos.
Este préstamo, que fue devuelto por la empresa, se hizo, según la Fiscalía sin base legal y con informe contrarios de la Intervención del Ayuntamiento. En aquel momento, los propietarios de la concesionaria, varios de los cuales mantenían una relación de amistad reconocida con el propio Clavijo, permanecían imputados en un juzgado de La Laguna por la sustracción de piezas de vehículos en el depósito municipal.
Aunque el caso fue archivado por el juzgado de La Laguna, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó la reapertura del procedimiento tras el recurso presentado por los denunciantes, los grupos de la oposición lagunera Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias.
Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que debe ser el juzgado de La Laguna el que continúe con este procedimiento al perder Clavijo su condición de aforado, la representación legal del presidente canario ha pedido al Tribunal Supremo que decida qué juzgado es el competente en este asunto.