El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, autorizó con su firma en 2014 un préstamo de 120.000 euros de dinero público a favor de la empresa cuyos propietarios estaban siendo investigados desde 2012 por haber desguazado coches custodiados en el depósito municipal de La Laguna y venderlos por piezas a través de Internet. Clavijo era entonces alcalde de esa ciudad y con su firma levantó los reparos del interventor municipal, que consideró ilegal aquella operación. Además de este préstamo, el actual presidente canario prorrogó el contrato con Autogrúas Poli hasta 2029, también en contra del interventor, que aconsejaba el rescate de la concesión y un nuevo concurso al comprobarse que se incumplían todos los requerimientos legales: la empresa tenía altas deudas contraídas con los organismos públicos e incluso había perdido la tarjeta de transporte.
La Guardia Civil y la Policía Local de La Laguna detectaron en 2011 que algunos coches custodiados en un depósito municipal de vehículos de La Laguna (Tenerife) estaban siendo desguazados y sus piezas vendidas por Internet. Un agente del instituto armado llegó incluso a comprar un repuesto por la Red, donde se anunciaba este desguace clandestino en portales como milanuncios.com y segundamano.es.
Los atestados policiales reflejan cómo los dueños de la empresa supuestamente habían desmontado vehículos y vendían sus piezas a particulares. Numerosas fotografías corroboraban las sospechas, levantadas a raíz de la denuncia de varios trabajadores que no quisieron participar en aquellas operaciones clandestinas y que fueron despedidos a continuación.
Esos atestados fueron tramitados a los juzgados de La Laguna, y desde 2012 el de Instrucción 4 de esa ciudad tiene abiertas diligencias contra nueve personas, siete de ellas los trabajadores que se hicieron cargo de Autogrúas Poli después de que su propietario se viera forzado a venderles. Según ha relatado José Padilla, desde el ayuntamiento sufrió presiones desde el primer momento en el que se hizo cargo del servicio municipal tras un concurso público. De acuerdo con su testimonio, siendo aún concejal de Seguridad, Fernando Clavijo y otros ediles le indicaron los nombres de los trabajadores que debía contratar, y más adelante boicotearon la estabilidad financiera de la empresa mediante el retraso en los pagos que debía hacerle el consistorio.
A continuación, siempre según el testimonio de José Padilla, prestado ante la Guardia Civil y ante el juzgado, desde el Ayuntamiento le forzaron a vender la empresa a siete de esos trabajadores. Y así lo hizo. Cinco de ellos han declarado ante la jueza que instruye el caso Grúas -en el que están siendo investigados Fernando Clavijo, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz municipal de Coalición Canaria, Antonio Pérez-Godiño- que tienen vinculación personal con el presidente canario, unos por haber sido compañeros suyos en el gimnasio en el que practicaban kárate; otros por haber trabajado con él en su etapa de jefe de sección en Leroy Merlín, y uno de ellos incluso por haberlo tenido de padrino en su boda. Además, todos ellos han reconocido que en su aventura empresarial fueron asesorados desde el principio por el que fuera socio de Fernando Clavijo en la gestoría de fincas en la que ejerció antes de su salto a la política.
Esos trabajadores están imputados por el desguace de coches depositados en el potrero municipal y la venta de sus piezas. Y a esos trabajadores, oportunos dueños de la empresa de grúas que le fue vendida por presiones, Fernando Clavijo favoreció siendo alcalde de La Laguna.
Las piezas de lo coches desguazados en el depósito municipal fueron vendidas por Internet, y por Internet los polémicos propietarios de Autogrúas Poli encontraron a un generoso empresario que les compró la empresa por un euro cuando las deudas habían alcanzado los 750.000. El auténtico valor de la empresa era el periodo de la concesión municipal, hasta 2029, también por decisión de Fernando Clavijo en contra del criterio del interventor municipal. Por eso el generoso comprador se hizo cargo de las deudas.
A la espera de una fianza
La causa contra los siete trabajadores del servicio municipal de grúas de La Laguna está estancada en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna a la espera de que se resuelvan los recursos interpuestos por Sí se Puede, personado como acción popular. La jueza le impuso el depósito de una fianza de 3.000 euros, a lo que la formación política se ha opuesto reiteradamente.
Fuentes conocedoras de las diligencias, señaladas con el número 1.136/2012, han asegurado que ya se han ejecutado todas las prácticas de prueba, incluidas las testificales correspondientes de los nueve imputados y de los agentes policiales que ratificaron sus pesquisas y sus atestados. En cuanto se resuelvan los recursos de Sí se Puede, el asunto podrá pasar a procedimiento abreviado y, acto seguido, a juicio oral.
Paralelamente, Instrucción 2 de La Laguna investiga el llamado caso Grúas, en el que se analiza la denuncia de la oposición municipal por todas las vicisitudes que rodearon la privatización y la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos durante el mandato de Fernando Clavijo. Primero como concejal de Seguridad, entre 2007 y 2008, y luego como alcalde, desde 2008 -cuando sustituyó a Ana Oramas-, hasta 2015, cuando fue elegido presidente de Canarias.