9 de mayo de 2006. La entonces alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz (en ese momento ya en Coalición Canaria tras haber abandonado el Partido de Independientes de Lanzarote) ingresa en una cuenta de su titularidad 80.000 euros en efectivo. En concreto, 54 billetes de 500 euros, 15 de 200 y 500 de 100. Así quedó reflejado en un extracto del Banco Santander que se ha exhibido este lunes durante la quinta sesión del juicio por el caso Jable de presunta corrupción en el Ayuntamiento de la capital de Lanzarote en la década de los 2000.
Es una de las operaciones que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cuantifica en 400.000 euros las ganancias no justificadas que la exalcaldesa de Arrecife acumuló en esa época. El caso Jable juzga el cobro de comisiones ilegales por parte de políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife a cambio de la adjudicación de obras y servicios a las empresas Tecmed- Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
El patrimonio de Déniz ha centrado la quinta sesión del juicio. En primer lugar, declaró el agente de la UCO que firmó ese informe. En su declaración como perito, ratificó sus conclusiones. Luego se produjo un careo entre el inspector de la Agencia Tributaria que analizó, a partir de ese informe patrimonial de la Guardia Civil, las posibles consecuencias tributarias de esos ingresos de origen desconocido en las cuentas de la familia de la exalcaldesa, y un perito de la defensa que ha cuestionado la labor tanto de la UCO como de Hacienda.
La defensa de Déniz, ejercida por el letrado José María Calero, presentó en la primera sesión del juicio, durante el trámite de cuestiones previas, un informe pericial realizado por el economista Julio César Calvo que, en síntesis, y según él mismo ha explicado, pretendía dejar en evidencia los errores en los que, a su juicio, incurrió la UCO. “El planteamiento es erróneo, porque dice que lo que no encuentra automáticamente tiene un origen desconocido o ilícito (…) Si no encuentran algo, igual tienen que buscar una explicación más racional”, manifestó.
En relación con ese ingreso de 80.000 euros, el informe pericial de parte sostiene que el origen de esos fondos es una disposición de 94.000 euros en efectivo que se remonta a octubre de 2004. Es decir, 18 meses antes de que la alcaldesa ingresara en el Banco Santander esos 80.000 euros que se usaron posteriormente para cancelar un préstamo que la propia Déniz había solicitado para comprar una embarcación de recreo de trece metros de eslora valorada en 60.000 euros.
Tanto para el agente de la UCO como para el inspector de Hacienda César Sánchez, esa explicación “carece de lógica económica”. “Si se tiene la disposición de ese dinero (94.000 euros) para adquirir un bien, lo lógico es realizar el pago, no pedir un préstamo para su adquisición y que a los dos años se efectúe el pago (de 80.000 euros) para cancelar el préstamo”, han sostenido.
El agente de la UCO ha explicado, además, que entre esas dos fechas se producen pagos intermedios y que Déniz y su marido adquirieron fincas, vehículos, una moto, un motor naval o pagaron el salario de la asistenta del hogar. Según el informe patrimonial que obra en la causa, desde el año 2000, la alcaldesa y su pareja desembolsaron más de 85.000 euros en la adquisición de vehículos.
Dietas y asignaciones parlamentarias
Para el perito de la defensa, los informes de la UCO y de Hacienda se quedan “en la superficie” y “no profundizan” ni tratan de encontrar una explicación al origen de esas cantidades que consideran ganancias patrimoniales no justificadas. El economista Julio César Calvo ha aludido a una serie de ingresos no declarados de la alcaldesa que, en su opinión, las acusaciones no han tenido en cuenta y podrían explicar el origen de los fondos y de las operaciones en efectivo.
En concreto, aludió a las dietas que Déniz habría recibido por su asistencia a los plenos durante la etapa en la que compatibilizó su labor de alcaldesa con la de diputada en el Parlamento de Canarias (2003-2007), así como las asignaciones que recibía el Grupo Mixto, al que pertenecía, y que, según ha deslizado la propia defensa de la acusada, pasaba a formar parte de su patrimonio personal.
“Todos los meses reciben dinero y todos los meses hay tres cheques (uno para cada uno de los miembros del Grupo Mixto), No se declara porque cuando uno se queda el dinero que asigna el grupo parlamentario se lo gasta a su criterio”, ha manifestado durante la sesión de este lunes el perito propuesto por la defensa.
En su réplica, el inspector de la Agencia Tributaria ha declarado que le causa “estupor que se normalicen esas afirmaciones” y que sería “escandaloso” que una diputada se quede con la asignación dada a un grupo parlamentario. El perito de Hacienda ha precisado que no existe “ninguna trazabilidad” que permita hacer esa inferencia y que tampoco figura en la declaración del IRPF de la exalcaldesa.
A lo largo de la sesión se han producido varios encontronazos entre el inspector de la Agencia Tributaria y el perito de la defensa, sentados uno al lado del otro frente al tribunal. Entre otras cuestiones, han discutido sobre una operación que para la UCO resultó sospechosa, vinculada con la compra de un bungaló en la playa de Famara por 120.000 euros y un tráfico de divisas con una salida de dinero por esa cantidad realizada por Déniz hacia Holanda y un retorno por la misma cifra, diez días después, a través del marido de la alcaldesa. Esa operación no tuvo reflejo en las cuentas bancarias de la acusada y su pareja, por lo que los investigadores de la Guardia Civil la incluyeron entre las no justificadas. También sobre la adquisición de una finca frente al Parque Eólico de Teguise por 36.060,73 euros, una operación que, según la tesis del perito de la defensa, era una especie de “donación” encubierta del suegro de Déniz.
El abogado de Déniz también ha insistido en que, a excepción de los viajes (a Madrid, Kenia vía Tanzania y Marrakech) no hay ninguna otra referencia en ese informe patrimonial que vincule los ingresos de la alcaldesa con las empresas Urbaser y FCC, a las que presuntamente habría beneficiado la regidora.
Tras el trámite de conclusiones, en los que el fiscal ha rebajado las peticiones de pena, el miércoles continuará con la lectura de los informes finales y el turno de última palabra para los nueve acusados que se mantienen.