El portavoz de Sanidad de CC-PNC en el Parlamento de Canarias, José Alberto Díaz-Estébanez, ha afirmado este martes que su grupo estudiará la convocatoria de una comisión de investigación sobre el caso mascarillas y se personará en la causa judicial “si las explicaciones del Gobierno no les convencen” a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha acusado al partido nacionalista de “enfangar la vida política” en el Archipiélago con su intento de involucrar al presidente regional, Ángel Víctor Torres, y a otros cargos del Gobierno autonómico en este caso, pese a que ninguno de ellos aparece en la investigación.
En rueda de prensa, Díaz-Estébanez ha detallado que este miércoles, en comisión parlamentaria, van a intervenir el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, que vienen “a rastras” por más que sus comparecencias hayan sido solicitadas a petición propio y por el Grupo Socialista. Ha lamentado el “burdo intento” de los socialistas de controlar el relato de los hechos y ha avanzado que el objetivo es que también comparezcan en la Cámara el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez -en ese momento al frente de Sanidad de forma interina- y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que por aquel entonces dirigía el SCS.
Díaz-Estébanez no ha ocultado que “todos los dedos apuntan” a Domínguez y a la directora de Servicios Económicos, Ana María Pérez, que dimitió 20 días después de que comenzara la investigación, pero ha incidido en el papel jugado por Pérez y Olivera y en el del propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tiene su “responsabilidad” como presidente del comité de emergencias sanitarias.
El diputado ha relatado que el Gobierno pagó cuatro millones de euros a una empresa -RR7 United- sin experiencia en gestión sanitaria y sin solvencia técnica ni económica a cambio de unas mascarillas que no se llegaron a recibir. “Se aprovecharon del peor momento de una tragedia para ganar dinero”, ha comentado.
Nira Fierro ha señalado que, al contrario de lo afirmado el diputado nacionalista, el escrito elevado por la Fiscalía al Juzgado que instruye este caso no cita en ningún momento al presidente de Canarias, al consejero Julio Pérez ni tampoco al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, quienes “estuvieron al frente de la Sanidad y el SCS, respectivamente, en lo momentos más complejos de la crisis sanitaria”.
“Es deleznable este comportamiento. Coalición Canaria no está para dar ningún tipo de lección cuando se habla de representantes públicos que tengan algún tipo de cuestión con la Justicia”, ha dicho la dirigente socialista, añadiendo que “lo único que pretenden con este juicio paralelo es enfangar la vida política de Canarias, algo que desde el PSOE no vamos a permitir”.
Respecto a las personas citadas como querelladas por el fiscal -el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la directora de Servicios Económicos, Ana María Pérez-, la secretaria de Organización socialista ha señalado que “siempre debe prevalecer la presunción de inocencia”, pero “colaborando con la Justicia en los pasos a dar”, ya que “el propósito final es recuperar el dinero de las mascarillas”.
Fierro ha recordado que los procedimientos para la recuperación de este dinero se iniciaron, por parte del SCS y la Agencia Tributaria, “antes de que comenzara la investigación judicial”, y ha insistido en que la formación nacionalista no está en disposición de “dar lecciones a nadie” en materia de gestión y Justicia.