La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el reglamento que regula en esta comunidad autónoma el alquiler de viviendas vacacionales por obstaculizar esta actividad.
La CNMC considera que el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura “impide que las viviendas vacacionales se establezcan en suelos turísticos y las excluye de las zonas donde se localizan los hoteles y los apartamentos”.
Además, “prohíbe que en las viviendas vacacionales se alquilen habitaciones de forma separada y, para poder ofrecer un alojamiento de este tipo, se solicita una declaración responsable y la inscripción en un registro”, al tiempo que “impone multitud de requisitos innecesarios sobre cómo deben prestar el servicio”, según afirma en un comunicado difundido este viernes.
El organismo que garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores estima que “el efecto de todas estas restricciones es que se obstaculiza la entrada y la capacidad de competir de las viviendas vacacionales de forma sustancial”.
Además, destaca que la oferta de este tipo de viviendas se ha incrementado considerablemente a través de los denominados “mercados peer to peer” (punto a punto, o persona a persona), que las han convertido en un “un nuevo entrante que compite de forma muy intensa en el mercado”, agrega la nota.
En el informe económico que acompaña la impugnación contra el reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias, la CNMC argumenta que “la entrada en el mercado de las viviendas vacacionales está dinamizando el alojamiento turístico en las islas de forma extraordinaria, ya que se consigue una mayor variedad en la oferta, precios más eficientes y mejor calidad en los servicios”.
Por lo tanto, cree que este decreto autonómico “evita que estos efectos positivos se trasladen a la sociedad y reducen el bienestar general”.
La CNMC también manifiesta en ese informe que “ninguna de las restricciones incluidas en el decreto está justificada por la corrección de un fallo de mercado o la protección de un objetivo de interés público”.
El organismo recuerda que puede impugnar ante los tribunales actos de las administraciones públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de una regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia.