La concejala de NC en Mogán emprenderá acciones legales contra quienes la acusan de urdir un montaje contra la alcaldesa por el presunto pucherazo

La concejala de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, ha anunciado este sábado que emprenderá acciones legales contra los testigos que han cambiado su versión sobre la presunta compra de votos en el municipio en los años 2015 y 2019 y que en algunos casos la acusan a ella de urdir un montaje. Se trata de una trama en la que están siendo investigadas diez personas, entre ellas la alcaldesa, Onalia Bueno, y por la que han sido llamados a declarar 18 testigos por el juez instructor del caso, Francisco Javier Ramírez de Verger-Vargas nueve meses después de que se produjeran detenciones y registros. El pasado miércoles, una de esas testigos cambió su versión y el juez sacó a relucir sus contradicciones.

La declarante, no solo cambió su testimonio, sino que aseguró entonces que fue Isabel Santiago quien le dio “en el patio de su casa” 150 euros para decir a la Guardia Civil “y a La Sexta” que enviados de Ciuca le habían comprado su voto, con lo que se enfrenta a un presunto delito de falso testimonio si los hechos documentados por la investigación dejan en evidencia sus acusaciones, y ahora también a las acciones legales emprendidas por la concejala de Nueva Canarias, que sostiene que esta persona estaría “incurriendo en una clara, evidente y flagrante contradicción” con lo que expuso a los investigadores del caso en un principio.

Este cambio en las versiones se ha vuelto a producir este viernes cuando otra testigo aseguró que cobró por votar, pero que no cambió el sentido de su voto y otra se desdijo de su versión inicial y aseguró que se sintió presionada. Según recoge Canarias 7, para justificar por qué se sintió presionada, aludió a que le tomaron declaración con sus dos familiares aislados en dos habitaciones y que no sabía qué pasaría con ellos.

Según este periódico, el tercero de los testigos en declarar este viernes aseguró que no le constaba que un dinero que él aportó para la campaña de Ciuca se destinara a la compra de votos.

Isabel Santiago, que ejerce de acción popular en la causa, comunicó al juez que “va a solicitar que se deduzcan testimonios de las declaraciones efectuadas por aquellos testigos que han faltado a la verdad, para emprender acciones judiciales contra ellos por haber podido cometer un delito de perjurio según determina el artículo 458 del Código Penal vigente”.

La concejala insiste en que hay testigos que están tratando de “dulcificar” la versión de los hechos que expusieron ante los agentes de la Guardia Civil y que obran en la documentación de la causa y remarca que “en este asunto de lo que se trata, no es de entrar en dimes diretes propios de un programa del corazón, sino de garantizar que los vecinos de Mogán puedan ejercer su derecho al voto de forma libre”.

El juez aprecia hechos “objetivos, accesibles y verificables”

El juez que instruye la causa sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio grancanario de Mogán ordenó la entrada y registro en el Ayuntamiento sureño y en la sede del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), ya había apreciado algo más que indicios de la existencia de una “organización criminal” dedicada a la compra y tramitación fraudulenta de votos. 

La ronda de declaraciones se inició con el exalcalde Paco González, que este miércoles se extendió con detalle sobre el modus operandi que él tiene detectado y la implicación directa de uno de los presuntos empresarios de cabecera de Ciuca, Luis Oller, propietario de la mercantil Aguas de Arguineguín, considerado por los investigadores como uno de los presuntos financiadores de Ciuca para el fraude electoral y cuyos intereses se hubiesen visto afectados de no ganar Ciuca las elecciones y repetir el PP en el gobierno municipal. El exalcalde también indicó que cuenta con una serie de grabaciones que implicarían a más conejales de Ciuca en la presunta compra de votos y el juez le ha dado cinco días de plazo para que aporte.