Condenada la Seguridad Social a pagar 14.767 euros a un jubilado canario por el plus de maternidad

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Efe

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El Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar 14.767 euros a un jubilado tras reconocerle el derecho al complemento por maternidad y a una indemnización por daños morales por la discriminación sufrida.

Según la sentencia facilitada por el despacho de abogados que ha representado al demandante, este importe incluye los atrasos del complemento, que ascienden a 12.967 euros y una indemnización de 1.800 euros.

El complemento por maternidad, que supone una revalorización del 5% de la pensión por tener dos hijos, había sido solicitado por el demandante en 2023, señala el despacho de abogados Unive en un comunicado.

El INSS reconoció el derecho solo después de que el jubilado tuviera que recurrir a los tribunales.

La sentencia, basada en resoluciones recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, subraya la obligación de reparar el daño moral causado por la discriminación y el perjuicio derivado de la necesidad de judicializar el caso.

La magistrada-juez destacó que la indemnización debe compensar íntegramente los daños sufridos por la negativa inicial y garantizar que las administraciones actúen con un enfoque disuasorio en futuras actuaciones discriminatorias.

Esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de tratar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones en el ámbito de las prestaciones sociales, indica la nota.

Para Ana Ramírez, la directora de la sede de Unive Abogados en la capital grancanaria, esta resolución no solo asegura el reconocimiento de derechos fundamentales, sino que refuerza la idea de que cualquier perjuicio derivado de una discriminación debe ser reparado de forma efectiva.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“Es un mensaje claro para las administraciones: no solo deben cumplir con la ley, sino hacerlo garantizando la igualdad y la justicia social”, destaca la letrada.

Ramírez ha recordado que la sentencia refuerza la protección de aquellos que han sido discriminados, ofreciendo además una reparación económica integral. 

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