La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), inauguró el pasado 23 de octubre un área municipal para el estacionamiento y la pernocta de caravanas y campers homologados en una parcela cercana a la escuela infantil y al campo de fútbol, con acceso directo desde la GC-500 y capacidad para 60 vehículos. En ese acto, la regidora presumió de haber convertido a la corporación sureña en la primera de toda Canarias en gestionar un espacio de este tipo y en impulsar una ordenanza para regular el uso de estos aparcamientos.
La nota difundida por el gabinete de prensa recogía declaraciones de representantes del colectivo de autocaravanistas que elogiaban al gobierno local por haber sido “pionero” en este ámbito. El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, señalaba entonces que solo quedaban “pequeños remates” respecto a la señalización de la distribución de plazas de estacionamiento y acondicionamiento del alcantarillado para el vaciado de aguas negras y grises.
Menos de siete meses después de aquella inauguración, un juzgado de la capital grancanaria ha ordenado el cese inmediato del uso de ese espacio como área para el estacionamiento de caravanas y la reposición de los terrenos a su estado original. Y lo ha hecho después de que los propios servicios jurídicos municipales se hayan allanado, es decir, hayan accedido a las pretensiones del demandante, un particular que había presentado un recurso contra esa actuación al entender que el Ayuntamiento había ocupado “por la vía de hecho” y de forma ilegal un espacio libre calificado como zona verde en el instrumento urbanístico que ordena esa área, el Plan Parcial de Playa de Mogán.
La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Monte, dictó una sentencia de conformidad el pasado 15 de abril. La magistrada expone en su resolución que, en caso de allanamiento, se accederá a las pretensiones del demandante salvo que ello supusiera una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico o que hubiera mala fe o temeridad en esa decisión de la parte demandada, circunstancias que no aprecia que concurran en la actuación del Ayuntamiento de Mogán, que, por ello, se libra también del pago de las costas procesales.
Meses antes de la inauguración de esa área municipal de estacionamiento, los autocaravanistas habían comenzado a movilizarse contra lo que consideraban una “cruzada” del Ayuntamiento de Mogán contra el colectivo y su modo de vacacionar. Denunciaban que el municipio turístico era el único de toda Gran Canaria donde no podían aparcar ni siquiera para “pasar el día en la playa” o “ir a comer a un restaurante”, ya que se arriesgaban a recibir una multa si los agentes de la Policía Local apreciaban “voluntad de permanencia” en la vía pública.
Los campistas aseguraban entonces que la ordenanza municipal que fija la prohibición de estacionar con intención de pasar la noche fue aprobada en 2010, pero que no fue hasta 2018, ya con Onalia Bueno como alcaldesa, cuando se empezó a cumplir “a rajatabla”. Por ello, llegaron a manifestarse para reivindicar áreas de estacionamiento en el municipio hasta que, finalmente, el gobierno local habilitó el espacio que ahora deberá devolver a su estado original.