El primero fue Alfredo Briganty. El abogado madrileño, abanderado durante más de una década de la teoría de la conspiración político-mediática en el caso Eólico, se transformó en arrepentido en cuestión de días, al inicio de la vista, renunciando a descubrir a ese “sanedrín mafioso de jueces, empresarios, políticos y periodistas” del que hablaba para acabar reconociendo los hechos en busca de una rebaja de penas por colaborar con la justicia.
Durante el transcurso del juicio ha sido la defensa del principal acusado, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, quien ha desistido de resucitar esa teoría tras fracasar en su intento de incorporar a la vista las conclusiones de la comisión de investigación abierta en 2006 el Parlamento de Canarias. Esas conclusiones, redactadas por el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las Islas, José Manuel Soria, apuntaban a “militantes” o “altos cargos” del PSOE por “pretender desviar de forma intencionada el verdadero objeto de la investigación”, en coincidencia “con la línea editorial de un medio de comunicación, Canarias Ahora”.
Esa comisión pactada entre CC y PP, preludio del acuerdo de gobierno al que llegaron meses después, en las elecciones de 2007, con Paulino Rivero de presidente y José Manuel Soria de vicepresidente, descargaba de cualquier responsabilidad al consejero de Industria, Luis Soria, y omitía su viaje a la ciudad alemana de Magdeburgo junto a los hermanos Esquivel para visitar la sede de Enercon, una compañía que fabricaba el tipo de turbina que mejor se puntuaba en el concurso eólico. José Ignacio Esquivel tenía intereses en ese concurso. Javier Esquivel era propietario del chalet donde el presidente popular vivió durante 19 meses gratis mientras se tramitaba el procedimiento.
Las conclusiones de esa comisión situaban como cabecilla de la trama a un militante socialista, José Francisco Henríquez, a la postre consejero de Canarias Ahora. Henríquez era uno de los 38 testigos que había propuesto el anterior abogado de Celso Perdomo, Alberto Hawach. En ese listado figuraban otros destacados ex dirigentes socialistas, como Emilio Mayoral o Francisca Luengo, además de alcaldes y periodistas. A todos ellos ha renunciado María del Mar García, la actual letrada del ex director general de Industria, consciente de que la línea que trató de abrir en las primeras sesiones no tenía mucho futuro a la vista de la posición sostenida por el presidente del tribunal de jurado, el magistrado Pedro Herrera, que ha cortado de raíz cualquier insinuación o comentario que se apartara de los hechos objeto de enjuiciamiento.
La renuncia masiva de testigos (al final sólo han declarado 30 de los 73 propuestos por las partes, 10 de ellos por videoconferencia) ha marcado el devenir de un juicio que se preveía más intenso de lo que finalmente está siendo. La vista empezó con sesiones dobles, de mañana y tarde, y ha concluido este miércoles las pruebas testificales con jornadas de apenas media hora. Ahora encara su recta final. Este jueves declararán los siete peritos propuestos por el fiscal Anticorrupción Luis del Río y el día 12 será el turno para que las partes expongan sus informes finales. El caso quedará luego a expensas del veredicto del jurado popular y de la sentencia del presidente del tribunal, Pedro Herrera.
Carta a Luis Soria
Descartada la teoría de la conspiración política y mediática, la defensa de Celso Perdomo ha intentado demostrar que la información que proporcionó a determinados empresarios antes de que se publicaran las bases del concurso eólico no era privilegiada y que, por tanto, no implicaba una ventaja con respecto al resto de competidores. Por la presunta comisión de este delito, el de revelación de secretos, el ex director general de Industria se enfrenta a dos años de cárcel (la Fiscalía pide además para él otros cinco años de prisión por un delito de cohecho y otro de malversación de caudales públicos).
En esta estrategia se enmarca la declaración prestada en la sesión de este miércoles por el testigo Benicio Alonso, ex diputado del PP y presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA) en el momento de los hechos. Alonso explicó que, ante la preocupación de dos asociados interesados en presentarse al concurso eólico, remitió una carta a Luis Soria el 27 de septiembre de 2004 para preguntarle los motivos de la tardanza en publicar las bases del concurso. La respuesta del consejero llegó el 8 de octubre, veinte días antes de que se publicase la orden de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En ese escrito de contestación, Soria incorporó una tabla con las potencias que se asignarían a cada isla. “Esa carta confirmó que teníamos razón (en la preocupación por el retraso), que no habían llegado a nada”.
Alonso negó, no obstante, que Asinca tuviera acceso a un borrador del concurso antes de la publicación de las bases, a pesar de que, según relató, era habitual que no sólo la Consejería de Industria, sino otros departamentos, presentaran los proyectos a las instituciones empresariales para que estas presentasen los reparos que considerasen oportunos. También rechazó que el cuadro enviado por Luis Soria contuviera información sobre los propietarios de los terrenos públicos y privados donde levantar los parques eólicos y sus contactos, información que sí fue facilitada por Celso Perdomo a dos empresarios en los correos electrónicos que se sitúan en el origen de la causa.
El letrado del Gobierno de Canarias, por su parte, recordó en una de sus preguntas al testigo que los datos contenidos en esa carta enviada por el consejero ya eran públicos, puesto que figuraban en el decreto previo a la orden de la convocatoria del concurso.
Alonso relató que cuando envió la misiva a Luis Soria existía cierta preocupación y “comentarios negativos” entre el sector empresarial, donde circulaba la información de que ya existía un borrador sobre el concurso. Por estos chascarrillos se enteró, siempre según su testimonio, de que Luis Soria envió un viernes el borrador a Adán Martín, que en aquel entonces era presidente del Gobierno de Canarias, aunque el testigo lo indentificara como presidente del Cabildo de Tenerife, para que le diera el visto bueno. Martín devolvió la orden corregida el lunes posterior para su inmediata publicación.
Este miércoles también declaró, por videoconferencia desde Alcobendas, Santiago Marín, ex director de Red Eléctrica de España (REE) en Canarias (2005-2008) y actual director de desarrollo de sistemas de la empresa, quien aseguró no tener constancia de que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias facilitara un borrador de las bases antes de su publicación, aunque consideró “perfectamente razonable” que lo hubiera hecho con REE dada su posición de operadora del sistema.