Uno de los principales protagonistas del caso Paraíso, el empresario Antonio Hernández, encausado por un presunto delito de cohecho, se quejó en una llamada telefónica interceptada por la Policía de que sus intereses no saliesen adelante, a pesar del dinero que “había repartido”.
Esta conversación con el entonces chófer de Vías y Obras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Antonio Reyes, del 27 de abril de 2007, ha sido reproducida en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Las Palmas contra los ocho acusados que figuran en este procedimiento, en el que en un principio también estuvo imputado este testigo.
Reyes únicamente ha reconocido las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía que mantuvo con Hernández y, de estas, solo algunas partes, según ha señalado a la presidenta del Tribunal después de que de manera reiterada le dijera al fiscal que ni reconocía su voz ni recordaba esa ni las otras charlas que mantuvo con otros dos acusados y que también fueron escuchadas en la sesión.
Entre estas últimas se incluye la conversación que mantuvo ese mismo día, pero posteriormente, con el acusado Antonio Muñiz, que entonces era el secretario accidental del Ayuntamiento, en la que Reyes le advertía de que Hernández le había sacado el asunto de los “cuatro millones” (24.000 euros) y le decía: “Si no se arregla esto el lunes exploto la bomba”, en alusión al dinero que pagó el empresario al secretario accidental, según el fiscal.
Un dinero que supuestamente tenía por objeto lograr que el Ayuntamiento le vendiera el terreno del campo de fútbol de Aldea Blanca y por el que también habría sobornado al acusado y entonces edil de Vías y Obras, Francisco Guedes, del que el empresario se quejaba en otra conversación con Reyes porque le había “engañado”.
“Me está engañando y yo colaboro al máximo con él”, según esa conversación entre Hernández y Reyes en la que más adelante el empresario le dice que Guedes está “loco” por “juntarse con un chorizo como Mazotti”, en alusión al empresario Alejandro Navarro, otro los encausados en el “caso Paraíso”.
En esta sesión del juicio también han declarado como testigos dos exconcejales, uno de NC y otro del CCN, partidos que gobernaron en coalición con el PSOE de 2005 a 2007 en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; el presidente de la asociación de vecinos de poblado Cesa, cuya obra de urbanización se adjudicó de manera irregular a la empresa Mazotti, según la acusación, y el ingeniero que redactó los proyectos.
Los dos ediles han coincidido en su declaración en que ellos pensaron que en el pleno del 14 de mayo de 2007 votaron a favor de un reconocimiento extrajudicial de crédito de la obra de poblado, no la adjudicación directa de la segunda fase a Mazotti como consta en el acta, y que nadie les advirtió en la sesión plenaria de que lo aprobado era ilegal.
Además, los dos exediles han declarado que no vieron el informe de intervención contrario a esa adjudicación, si bien ambos han señalado que en la comisión informativa anterior al pleno les advirtieron del mismo y de que la deuda contraída con Mazotti se debía pagar mediante un reconocimiento de crédito extrajudicial.
El presidente de la asociación de vecino de poblado Cesa ha recordado que las obras fueron un “calvario”: se iniciaron en 2005 y duraron 2 años cuando debieron haber concluido a los seis u ocho meses, si bien surgieron muchos problemas porque se trataba de una urbanización que había que actualizar.
“Aquello fue un problema de interés general que había que resolver como fuera”, ha indicado el testigo, que también ha afirmado que la gente que vivía allí, unos 100 vecinos, la mayoría personas mayores, “estaba envenenada” a causa de los problemas que surgieron y que paralizaron la obra sin alumbrado ni aceras ni red de abastecimiento de agua, entre otras carencias.
El ingeniero que redactó ambos proyectos ha afirmado que se trató de una obra compleja porque era una urbanización de 1957, edificada entonces para los trabajadores de Cementos Especiales SA, de ahí su nombre Cesa, y que se fue complicando a medida que se fue ejecutando por numerosos inconvenientes que fueron surgiendo y que obligaron a la redacción de un segundo proyecto.
Así mismo, ha afirmado que si ese segundo proyecto, que se denominó segunda fase, se hubiera adjudicado a otra empresa habría sido “un caos” y que el segundo proyecto era necesario para poder acabar la obra de urbanización, ya que había que dotarla de una nueva red de abastecimiento de agua, de saneamiento, red viaria y telefonía.
El ingeniero ha aclarado que más que una segunda fase se trataba de un “todo indivisible”, con una clara interconexión, y ha abundado en que la incorporación de otra empresa hubiera complicado más la actuación a la hora de exigir responsabilidades, al tiempo que también ha sostenido que “nadie del Ayuntamiento” le dio indicaciones sobre la obra.
El juicio continuará mañana en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con la declaración de más testigos.