La exalcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP) está llamada a declarar el próximo mes de marzo por el caso ICO-La Mareta. Concretamente, la Justicia investiga si hubo delito de prevaricación; malversación; falsedad documental y desobediencia a la autoridad, después de que autorizara el pago de 13,2 millones con cargo a una línea de crédito ICO con los que se pagó un solar al empresario Ambrosio Jiménez. Está citada junto al exconcejal de Urbanismo, Francisco López; el exjefe de esta área, José Luis Mena, que cumple condena en la cárcel debido a un delito de falsedad documental; el exinterventor del Consistorio y un nuevo imputado, el que fuera coordinador de Hacienda.
Las diligencias fueron abiertas por dos denuncias diferentes, pero ICO y La Mareta ya forman parte del mismo caso. Según el concejal de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, que se persona como acusación popular, la denuncia que presentó en 2013 ante la Fiscalía hacía referencia a que el Ayuntamiento había recurrido de forma irregular a este crédito y añade que además se figuraban otros pagos como más de 8 millones de euros a Aguas de Telde.
El caso La Mareta, por su parte, tiene su origen en la denuncia del empresario Julián Gómez del Castillo, a quien el Ayuntamiento le quitó la concesión de unos terrenos para vendérselos a Ambrosio Jiménez en el año 2005.
Juan Francisco Artiles explica que, como el caso La Mareta ya estaba abierto, la Fiscalía ha cogido la parte de su denuncia que hace referencia a este tema y se ha reavivado el caso. Además, indica que su intención era personarse como acusación particular, sin embargo, para que se admitiera la denuncia, finalmente tuvo que hacerlo como acusación popular, por los daños que estos presuntos delitos han causado entre los vecinos de Telde.
El concejal aclara que, debido a ese crédito ICO, se ha producido un plan de ajuste y una subida de impuestos en la comarca, por lo que “todos los vecinos lo están padeciendo las consecuencias”, insiste.
Además, según recuerda el edil, el Consistorio ha recortado los contratos de servicios y ha despedido a trabajadores. Telde tampoco puede invertir debido a que los interventores no lo permiten hasta que no se hayan saldado las cuentas.
“Al menos la instrucción marcha”, aclara Artiles, para añadir que entre los próximos 10 y 11 de marzo tendrán lugar estas declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde. Para el concejal, “si no es por nuestra insistencia, este caso pudo haber caído en el olvido”. Y es que para el portavoz de Más por Telde, “la actuación de la Fiscalía no ha sido eficaz”, puesto que pasaron dos años desde su denuncia sin consecuencias al respecto, razón por la que decidió personarse.
El concejal cree que es “sorprendente” que “el partido que ha propiciado esto”, achaque al actual Gobierno de Telde que haya servicios que no funcionan, como la guardería municipal. En este sentido, insiste en que tal y como están las cuentas el consistorio no puede invertir.
Artiles puntualiza que no quería llegar a estos extremos y que, aunque le han acusado de querer “judicializar la política”, apunta que “prefiere judicializar que bendecir la corrupción”. Asimismo, afirma que ya realizó advertencias antes de llegar a esta vía y recuerda que el Tribunal de Cuentas lo recogió en un informe, que “hoy está dormido”.