La exempleada doméstica que prestaba hasta junio sus servicios en el domicilio particular de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha retirado de su demanda laboral la exigencia de 10.000 euros que Victoria Rosell denunció en julio pasado como el objeto de un chantaje. Esa cantidad aparecía consignada en la papeleta de conciliación previa a la demanda, que acabó sin acuerdo el 23 de julio en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) de Las Palmas de Gran Canaria, como una de las exigencias de la trabajadora a su empleador, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la magistrada en excedencia.
La exempleada, Simona Chambi, tiene abiertas unas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito de extorsión. Días antes de que la papeleta de conciliación llegara a manos del empleador, un destacado militante de VOX en Las Palmas, Luis Ricardo Rosales Medina, ya presumía en reuniones sociales de tener “algo gordo” contra “esa chica que está contra la violencia de las mujeres”, algo estaba relacionado con una empleada de hogar y que su publicación estaba pendiente de lo que ocurriera en el acto de conciliación en el SEMAC. En la papeleta, además de peticiones referidas al finiquito y a las vacaciones pendientes de disfrutar, la exempleada exigía 10.000 euros como pago por lo que consideraba “una humillación como mujer e inmigrante” consistente en acudir durante sus vacaciones al domicilio del empleador a regar las plantas y dar de comer a un conejo. En su demanda, presentada el pasado día 20 de agosto, Chambi hace desaparecer esa exigencia dineraria para centrar su petición únicamente en el despido, que considera nulo o improcedente, a pesar de no tratarse de un despido, sino de un desistimiento así contemplado en el régimen de empleadas de hogar.
El exjefe de prensa de Soria
Además del destacado militante de VOX Luis Ricardo Rosales, estaba al tanto de la operación el exjefe de prensa del exministro de Industria José Manuel Soria (Partido Popular), el presentador radiofónico Juan Santana Hernández, que realizó al menos tres publicaciones en la cuenta de su programa en Twitter amenazando a Victoria Rosell con la palabra “Simona”, escrita en mayúsculas en dos de las ocasiones.
“Y si contamos lo de Simona? El que ríe el último ríe mejor... Ya falta muy poco... muy poco. Tictac, Tictac...”, escribía Santana el 15 de agosto a las 15:23 en la cuenta de su programa, seis días antes de que el periodista Fernando Lázaro publicara en El Mundo la primera noticia referida al caso Simona: “La empleada del hogar de Victoria Rosell denuncia que le pagaba con 'dinero negro”. Lázaro fue el periodista que llevó el peso de las informaciones que partían de Salvador Alba contra Victoria Rosell entre 2015 y 2016, una conspiración que llegó a juicio y que le costó al exjuez una condena a seis años y medio de cárcel por cohecho, prevaricación y falsedad documental, así como una indemnización de 60.000 euros y la pérdida de su carrera profesional. La sentencia está pendiente de casación en el Supremo.
Pero Juan Santana no se limitó a ese aviso, sino que en varias publicaciones más, tanto en respuesta a tuits de Victoria Rosell como de otras personas, daba pistas sobre la información que manejaba.
Aprovechando la polémica desatada por una denuncia por malos tratos presuntamente cometidos por un magistrado del Tribunal Constitucional, Santana se dirigió a Victoria Rosell el 16 de agosto, cinco días antes de que se hiciera pública la polémica de la exempleada doméstica, para afearle que no se pronunciara sobre esa cuestión, a la que sumó una insinuación de “posible maltrato a ”simona“.
La participación de Vox en la operación contra Victoria Rosell, vendría de la mano del empresario Luis Ricardo Rosales Medina, quien desveló la existencia de la demanda laboral un día antes de que fuera notificada al demandado, el periodista Carlos Sosa. En una conversación con la abogada Isabel Saavedra durante un duelo en un tanatorio, Rosales le dijo el jueves 16 de julio tener “algo gordo” contra “esa chica que está contra la violencia de las mujeres” y que se publicaría a resultas de lo que ocurriera en el acto de conciliación en el SEMAC, previsto para siete días después.
Rosales preguntó previamente a su interlocutora si continuaba siendo analista de un programa de la Televisión Canaria porque pretendía darle “una primicia”. La abogada le respondió que ya había dejado ese programa y que, en cualquier caso, no se dedica al periodismo. Fue en ese momento cuando Rosales le relató cuál era la información de la que disponía.
Este empresario desempeñó un destacado papel en el nacimiento de Vox en Las Palmas. Fue, entre otras cosas, quien tanteó a algunos periodistas para contratar uno como director de comunicación del partido. Su implicación era tan elevada que hasta manifestó estar dispuesto a pagar los salarios de su propio bolsillo.
Contactado este lunes por Canarias Ahora, Luis Ricardo Rosales manifestó que la información que manejó respecto a Victoria Rosell “fue una conversación que escuché en un sitio y se la comenté a otra persona. Yo no tengo ni idea ni estoy en ese rollo”.
El comentarista radiofónico Juan Santana, por su parte, cortó la llamada telefónica cuando se le formuló la primera pregunta respecto a este asunto.
La denuncia que el pasado 18 de julio interpuso Victoria Rosell ante la Policía Nacional por presunto chantaje fue judicializada después de algunas pesquisas, entre otras las declaraciones del periodista Carlos Sosa y de la exempleada del hogar Simona Chambi. Se encuentran en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, justo el juzgado del que fue titular Victoria Rosell, ahora en situación administrativa de servicios especiales. A su frente se encuentra ahora el juez Arcadio Díaz Tejera, cuya independencia fue fuertemente criticada este lunes por el abogado de Simona Chambi, Federico José Vicente Marín, en el programa Espejo Público, de Antena 3. Además de poner en entredicho la limpieza del reparto informático de la causa por el Decanato, Vicente Marín acusó al magistrado de ser militante del PSOE, “que es lo que yo llamo cloacas del Estado”. Y añadió: “Yo no puedo tener un juez con cargos políticos y que sea un juez imparcial”. Díaz Tejera ha sido concejal y senador del PSOE, además de Diputado del Común de Canarias, pero en la actualidad ni milita en ese partido ni ocupa otro puesto que el de magistrado. Está prohibido.
Díaz Tejera ha tramitado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas una causa de abstención, pero no precisamente referida a su anterior actividad política, sino por haber recaído en ese juzgado una cuestión en la que la denunciante es su anterior titular.
El abogado aprovechó la entrevista en Antena 3 para hacer “un llamamiento a las mujeres inmigrantes para que pidan la dimisión de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género”.
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