La exempleada de hogar que demandó a Victoria Rosell mediante un abogado de Vox ha vuelto a sufrir otra severa derrota judicial. Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha ratificado íntegramente la sentencia del juzgado de lo Social que en marzo de 2021 desestimó la demanda de Simona Chambi por despido improcedente, y que estuvo acompañada de graves acusaciones de fraude fiscal y laboral y mucho ruido mediático tanto en Canarias como en el resto de España.
En una sentencia notificada a las partes el pasado viernes, la Sala de lo Social del TSJ de Canarias no solo da la razón a la la magistrada, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y a su pareja, el periodista Carlos Sosa, el empleador de la trabajadora, sino que además propina un severo correctivo jurídico al abogado que la representó, Federico José Vicente Marín, vinculado al partido ultraderechista Vox que accedió a representarla por intermediación de un candidato de ese partido al Senado por Gran Canaria.
La Sala de lo Social del TSJ de Canarias llega a decir en esta sentencia que “las deficiencias” detectadas en el recurso de este abogado “evidencian el nulo interés puesto por la recurrente en lo que es el recurso”, y recuerda que “el de suplicación es recurso extraordinario apto para depurar resoluciones recurridas, no para efectuar un nuevo juicio, y por ello se ha de dirigir contra lo dicho en la sentencia”. La ponente, María Jesús García, en nombre de un tribunal de cinco magistrados y magistradas, reprocha en varias ocasiones a lo largo de esta sentencia que el abogado haya pretendido que se juzgaran hechos que ni siquiera planteó en la demanda laboral que interpuso en su momento, y que por lo tanto no se pudieron abordar en el juicio cuya sentencia era objeto del recurso.
El despido por desestimiento de Simona Chambi no fue ni improcedente ni nulo, como pretendió la trabajadora en su demanda, del mismo modo que ha quedado probado que no trabajó sin contrato ni cobrando en dinero negro, como acusó a sus empleadores. Tanto en esta sentencia como en la dictada en marzo por la jueza de instancia, se declara probado que cuando la empleada dijo que hubo dos meses en que no se abonó su salario en cuenta, sino “en negro”, en realidad no trabajó ni estaba en el país porque se encontraba en Bolivia, a donde acudió por motivos familiares graves. Y queda definitivamente probado que recibió ayuda económica de sus empleadores entre otras cosas para pagarle el billete de regreso desde Bolivia.
Simona Chambi estuvo trabajando como empleada de hogar en el domicilio de Victoria Rosell y Carlos Sosa durante dos periodos, interrumpidos unos meses cuando ella misma causó baja voluntaria para regresar a su país, Bolivia, por asuntos familiares. A su regreso fue nuevamente contratada, siempre con contrato y alta en la Seguridad Social. Durante el estado de alarma, recoge la sentencia, se le continuó pagando su salario pese a no acudir a trabajar por decisión de su empleador.
Su abogado demandó inicialmente sólo a Carlos Sosa, firmante del contrato y empleador de Chambi ante la Seguridad Social. Empezó pidiendo una indemnización de 10.000 euros a cambio de retirar la demanda, aplicando lo que él mismo llamó en una emisora de radio su “técnica”, destinada a sacar dinero a artistas, políticos o empresarios de postín. Luego retiró esa cantidad y presentó una nueva demanda en la que incluyó a Victoria Rosell para conseguir que el caso alcanzara resonancia nacional, como así fue. Hasta el último momento trató de sacar dinero a los demandados, y el mismo día del juicio ofreció a su abogada retirar la demanda a cambio de 6.000 euros.
En la sentencia del TSJ de Canarias se hace especial referencia a la inclusión de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en esta causa. La demandante y su abogado lo hicieron cuando ya habían caducado los plazos para implicarla, por lo que en ningún momento ni la jueza de instancia ni la Sala de lo Social han podido entrar a valorar su papel.
En cualquier caso, ninguna de las pretensiones de la demandante y su abogado han prosperado, por lo que toda la causa se sitúa en un despido por desestimiento y una indemnización de 834 euros que la trabajadora recibió en su momento. Y mucho ruido mediático, como denunció Victoria Rosell desde el inicio de la causa.
Simona Chambi fue puesta en contacto con este abogado de Vox a través de un candidato al Senado de ese mismo partido en las elecciones generales de 2019. Carlos Ruiz de Galarreta, que así se llama, la tenía de empleada de hogar sin contrato ni alta en la Seguridad Social, según la vida laboral presentada por la trabajadora en su demanda. Fue él quien le presentó a Federico José Vicente Marín, quien ha negado su pertenencia a Vox, pero hace unos años intentó sin éxito hacerse con la dirección del partido ultra en Santa Lucía de Tirajana, confirmaron fuentes internas a este periódico.
La sentencia del TSJC puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo pero solo para “unificación de doctrina”.