El exgerente municipal de la sociedad pública de Las Palmas de Gran Canaria Sagulpa, Carlos S.S., acusado de delitos de malversación y prevaricación por dejar salir del potrero vehículos de policías locales sin pagar la tasa correspondiente, ha afirmado este martes que era una práctica “habitual” y sabida que se aplicaba en la empresa desde 1999.
Carlos S.S., que se enfrenta a una condena de 5 años de prisión, ha negado los hechos que se le imputan en el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Las Palmas contra él y contra la acusada María del Carmen S.B., jefa de área de Sagulpa, para la que se piden 4 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento mercantil.
Según la acusación pública, la acusada falsificaba recibos de trabajo de limpieza para, con ese dinero, cubrir el descuadre generado en los registros del depósito municipal por el impago de las tasas.
En total, en la causa figura la retirada de 20 coches por ese procedimiento, incluido el del propio acusado, que generó un quebranto de 1.588 euros.
María del Carmen S.B. ha admitido que emitió los recibos por orden de su superior y que solo uno lo tramitó cuando asumió el cargo de jefa de servicio, como también lo había hecho su predecesora en esa función, y ha afirmado que en ningún momento fue consciente de que se tratara de un hecho delictivo, sino un proceder para poder cuadrar la caja.
El acusado ha explicado que la causa contra él es consecuencia del consejero delegado que le despidió en 2011, Octavio C.B.L., quien ocupaba el puesto de consejero en Sagulpa y quería la gerencia, por lo que “tenía que hacer mucho ruido” y sacarle de la empresa sin que se le pagara la indemnización que le correspondía.
El procesado ha señalado también que se modificaron los estatutos de Sagulpa para crear el cargo de consejero delegado y poder nombrar a Octavio C.B.L como su sucesor.
Este testigo, sin embargo, ha afirmado que cuando asumió el cargo de consejero delegado detectó las irregularidades que se juzgan al comprobar los pagos de la empresa, que era “su misión”, y que por ello se despidió a Carlos S.S., pero no para él ocupar su puesto, cuando además el suyo era superior.
El exgerente entre 2008 y 2011 de Sagulpa, empresa dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha relatado al tribunal que el jefe de administración fue quien le explicó cómo se procedía cuando un policía local iba a buscar su coche al potrero, un procedimiento que, según ha dicho, “no le gustó”, pero que “se hacía siempre”, porque el servicio de grúa dependía de los policías locales.
El jefe de administración ha declarado que explicó al acusado la dinámica empleada por los anteriores gerentes con los policías locales y ha recalcado que él no estaba de acuerdo con ese proceder porque se trataba de una práctica irregular y que por ello esos pagos autorizados no contaban con su firma.
Esta práctica ha sido corroborada por el resto de testigos, que han coincidido en que era conocida tanto en el potrero como en las oficinas de Sagulpa, situadas en La Favorita.
La fiscal ha considerado que, pese a tratarse de una práctica llevada a cabo durante años, ello no exime de responsabilidad a los dos acusados, que en el caso del exgerente no la quiso modificar y continuó permitiendo el impago de tasas falsificando documentos para “encubrir esa injusticia”.
La acusación particular ejercida por Sagulpa, sin embargo, no aprecia delito en la actuación de la acusada, quien en todo momento actuó conforme a las órdenes que recibía de sus superiores.
Sí reclama para el procesado un reproche penal, pero “mínimo” por no ser graves los delitos de malversación y prevaricación administrativa que aprecia y por los que pide una condena de 6 meses de cárcel.
El letrado de Sagulpa ha considerado que se trata de un quebranto de 66,11 euros, pues solo acusa por el delito respecto a la retirada del vehículo del gerente y no por el resto, al tener dudas de si existía un acuerdo en la empresa para no cobrar las tasas a los policías locales.
Las defensas de los dos procesados, por su parte, han reclamado la absolución, si bien la del gerente de Sagulpa ha pedido que en caso de que sea condenado se le aplique una condena de 1 año y 9 meses de prisión.