El que fuera durante más de 20 años jefe de prensa de José Manuel Soria durante su paso por distintas responsabilidades institucionales y en el Partido Popular, Juan Santana Hernández, se sentará el próximo mes de septiembre en el banquillo acusado de haber cometido los delitos de acoso y revelación de secretos. Lo hizo, presuntamente, durante un largo periodo de tiempo contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, pero cuando esta había regresado a la carrera judicial tras su dimisión, víctima de una operación precisamente orquestada por el exministro de Industria del Gobierno de Rajoy y el juez ya expulsado y condenado Salvador Alba, del que Santana se convirtió voluntariamente en vocero en el programa de radio que entonces tenía en una emisora de Las Palmas.
El fiscal, que lo acusa por el delito de acoso, pide para Juan Santana una condena de 12 meses a razón de 12 euros diarios de multa, más el pago de las costas del juicio y una indemnización de 3.000 euros a la víctima. La acusación particular, Victoria Rosell, añade un delito más, el de revelación de secretos, por el hecho acreditado por peritos judiciales de que Santana, en compañía del condenado Salvador Alba, reveló en el programa de radio El Pulso la dolencia psicológica que sufría Rosell como consecuencia de la operación corrupta que frustró la primera parte de su carrera política entre los años 2016 y 2019. Rosell pide para Santana, por el delito de acoso, 18 meses de prisión y multa de 18 meses a razón de seis euros diarios, más inhabilitación para ejercer como locutor de radio durante dos años y alejamiento de ella y su familia de 500 metros durante cinco años. Y por el delito de revelación de secretos, tres años y medio de prisión, multa de 12 meses a razón de seis euros diarios, más dos años de inhabilitación como locutor de radio y alejamiento de 500 metros durante cinco años respecto a su familia, particularmente sus dos hijas. Rosell exige de Santana una indemnización de 12.000 euros para la que señala como responsable civil subsidiario a la empresa propietaria de Radio Las Palmas, Caroma de Inversiones.
A Juan Santana lo defiende el mismo abogado que defendió a Salvador Alba, Nicolás González-Cuéllar, que es el mismo abogado que siempre utilizó para sus operaciones José Manuel Soria. La procuradora de Santana es María del Carmen Benítez, esposa del exministro de Industria, hoy dedicado a los negocios de relaciones mercantiles internacionales en una empresa en la que ambos aparecen como socios. De hecho, el nombre de la compañía es el apócope de sus dos apellidos: Sorben.
El letrado González-Cuéllar pide para Juan Santana su libre absolución por considerar que el delito de revelación de secretos nunca le fue atribuido durante la fase de instrucción, llevada a cabo por el juez Luis Galván, titular de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, y por considerar que el delito de acoso es sólo producto del ejercicio de la libertad de expresión que otorga a los periodistas y a la ciudadanía el artículo 20 de la Constitución.
Durante los años 2016 a 2020, Juan Santana dedicó una gran parte de su programa El Pulso, en Radio Las Palmas, asociada a la cadena esRadio, a apoyar al exmagistrado Salvador Alba en su cruzada contra la causa penal que finalmente lo condujo a ser condenado a seis años y medio de prisión por haber maniobrado contra Victoria Rosell y conseguir, con sus falsedades, que fuera admitida en el Tribunal Supremo una querella de José Manuel Soria contra ella que finalmente la obligó a dimitir en 2016 y que fue finalmente archivada en diciembre de ese año. Era rara la semana en la que Alba no era profusamente entrevistado varias veces por Santana en su programa para desplegar su estrategia de defensa, básicamente consistente en atacar a la víctima de sus delitos y desplegar una teoría de la conspiración en la que el perjudicado era él.
Alba aprovechó algunos de esos programas para vengar ofensas. A uno de ellos llevó de la mano a la exesposa del juez Rafael Passaro, que le había rechazado una denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, quien lo grabó en plena conspiración contra la jueza Rosell. La mujer de Passaro desveló en el programa aspectos íntimos del divorcio con el juez Passaro, quien demandó por vulneración de su derecho al honor. La sentencia condenó a Santana, a la emisora de radio y a la mujer a pagar al juez ofendido 50.000 euros de indemnización. Alba ni siquiera fue demandado porque solo se limitó a facilitar la entrevista.