El exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ya disfruta de libertad un año y diez meses después de ingresar en la cárcel madrileña de Estremera para cumplir una condena de seis años y medio de prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Desde finales de julio se le ha visto en la isla de Gran Canaria, donde tiene su residencia familiar, primero, en la localidad de Telde, donde tiene su domicilio, y este mismo sábado en la zona turística de Meloneras, en compañía de familiares, según dijeron a este periódico testigos que le vieron.
La Ley General Penitenciaria contempla que las personas condenadas a privación de libertad puedan acogerse a determinados beneficios penitenciarios a partir del cumplimiento de un cuarto de la pena impuesta, siempre y cuando observen buen comportamiento durante su estancia en la cárcel y cuenten con los informes favorables de la junta de evaluación del centro de reclusión. Este debe ser el caso de Salvador Alba, que cumple condena en la prisión de Estremera, en Madrid, una de las cinco existentes en España habilitadas para internos de consideración especial, es decir, funcionarios públicos relacionados con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con instituciones penitenciarias.
Al haber cumplido ese cuarto de su condena, Salvador Alba ya puede salir los fines de semana, e incluso acumular varios de ellos para disfrutar de más días seguidos fuera de la cárcel y poder trasladarse a Gran Canaria, donde vive su familia y donde ha sido visto en varias ocasiones desde julio pasado.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aún no tiene conocimiento oficial de estos permisos otorgados a Salvador Alba. La Sala de lo Civil y Penal, que tramita la ejecutoria de su condena, se dirigió vía oficio judicial el pasado 31 de julio al juzgado de vigilancia penitenciaria y a la prisión de Estremera solicitando información al respecto pero todavía no ha obtenido respuesta.
Los siguientes beneficios penitenciarios a los que podrá acogerse el penado habrán de ser los referidos a salidas laborales cada día para acudir a un trabajo acreditado. Alba no podrá volver a ser juez, pero sí podrá ejercer como abogado, empleo que dijo estar ejerciendo antes de ingresar en prisión cuando se tramitó uno de los dos indultos que le denegó el actual Gobierno de España. Para poder trabajar en algún despacho de Las Palmas de Gran Canaria habría de ser trasladado a alguna de las dos cárceles existentes en la isla.
Salvador Alba Mesa fue condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a seis años y medio de prisión y una indemnización de 60.000 euros a su víctima Victoria Rosell. La condena, por los delitos de falsedad en documento público, cohecho y prevariación judicial, fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, pero no fue hasta octubre de 2022 cuando ingresó en prisión gracias a una amplia batería de argucias con las que intentó esquivar el cumplimiento de su condena.
Entre otros argumentos, Alba quiso hacer ver a la justicia que una enfermedad sobrevenida le impedía viajar en avión, enfermedad que ahora parece haber desaparecido para poder volar a Gran Canaria cada vez que obtiene alguno de los permisos de fin de semana a los que tiene derecho.
[Una primera versión de esta noticia describía que el mínimo de cumplimiento para permisos penitenciarios era de un tercio de la condena, cuando en realidad es de un cuarto]