La fiscal decana de Delitos Económicos de la provincia de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha desmontado este martes tres puntos clave sobre los que se asienta la defensa del magistrado Salvador Alba en la vista oral que se desarrolla desde el pasado lunes y hasta el próximo viernes en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, un juicio en el que las acusaciones piden hasta trece años y medio de cárcel para el juez por la presunta comisión de cinco delitos vinculados a sus maniobras para perjudicar a la titular del Juzgado de Instrucción 8 de la capital, Victoria Rosell, a quien sustituyó durante seis meses cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones de diciembre de 2015 en las listas de Podemos.
En su comparecencia como testigo, Ríos afirmó que solo tuvo conocimiento de la reunión que mantuvo Alba el 16 de marzo de 2016 con un empresario al que investigaba por delitos fiscales, Miguel Ángel Ramírez, a través de la prensa, cuando se difundieron las grabaciones de ese encuentro. Es decir, el 11 de mayo, casi dos meses después de que se hubiera producido. Esta afirmación contradice el contenido de la declaración prestada un día antes por el propio magistrado, que involucró en la operación a la fiscal al afirmar que era perfecta conocedora de sus movimientos y pretensiones. “El señor Alba falta a la verdad. Nunca me comentó de esa reunión”, ha señalado la representante del Ministerio Público, que ha subrayado que, al conocer los hechos tras la difusión de las grabaciones en los medios de comunicación, mantuvo una “larga y acalorada” conversación con Alba para pedirle explicaciones sobre su contenido.
“Le dije que cómo se le ocurría decir que yo estaba enterada de esa reunión, que lo estaba (Antonio) Doreste (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), que había dado cuenta al Consejo General del Poder Judicial… Me contestó: Ah, ¿no te lo dije? Se me olvidaría”, ha recordado Ríos. La fiscal ha definido su relación con Alba a lo largo del periodo en el que ejerció como sustituto en el juzgado de Rosell (noviembre de 2015-marzo de 2016) como “fluida, frecuente, constante, de entendimiento y colaboración mutua”. Por ello, a la pregunta de Antonio Marrero, abogado de Rosell, sobre si se sintió “contrariada” por la ocultación de Alba y por nombrarla en esa conversación en esos términos, respondió: “No es contrariada el término que utilizaría, sino otro más contundente y malsonante”.
El segundo desmentido de la fiscal al testimonio de Alba tiene que ver con los supuestos vínculos comerciales entre empresas de Miguel Ángel Ramírez y sociedades periodísticas de Carlos Sosa, pareja de Rosell, anterior instructora de la causa contra el entonces propietario de Seguridad Integral Canaria. Unas relaciones sobre las que versó en su integridad la declaración que el investigado prestó en sede judicial el 23 de marzo de 2016, la comparecencia que habían maquinado ambos en esa reunión clandestina de la semana anterior en el despacho del juez.
“De esa declaración me quedó claro que la relación comercial que hubiera tenido (Miguel Ángel Ramírez) con (Carlos) Sosa era una relación que había cesado en 2009. Carecía de relevancia alguna a los efectos del procedimiento” por fraude fiscal contra el dueño de Seguridad Integral Canaria y, por ello, no se interesó por los contratos de publicidad aportados por Ramírez después de su comparecencia. Ríos ha limitado esos vínculos comerciales que llamaron la atención a Alba a unos pagos por una alarma instalada en las oficinas de Canarias Ahora. “Creo recordar que se pagaban entre 40 y 60 euros al mes”, enfatizó la fiscal, que posteriormente, a preguntas de la defensa, también dijo recordar la existencia de un contrato entre Clan de Medios Comunicación y Marketing, editora del periódico que dirige Sosa, con el grupo Ralons, que preside Ramírez, para la limpieza de las oficinas del medio digital a cambio de publicidad.
Las preguntas que formuló Alba en ese interrogatorio a Ramírez del 23 de marzo “nada tenían que ver” con el objeto del procedimiento, la causa por delito fiscal contra el empresario, manifestó Ríos. La hoy testigo también participó en el interrogatorio del 23 de marzo sobre los vínculos comerciales de Ramírez con Carlos Sosa o con empresas vinculadas al periodista. Lo hizo, según su versión, porque de las respuestas a las cuestiones de Alba no le había quedado “nada claro”. “Invito a cualquiera que vea esa declaración. Si a alguno le queda claro qué relación había, en qué momento y a qué se debía, le felicito, porque a mí no me quedó nada claro”.
La representante del Ministerio Público reconoció que fijó la fecha de esa comparecencia junto Alba en una reunión en la que el juez le comentó “algo” de la contabilidad de Seguridad Integral Canaria y de sus sospechas sobre contratos con Clan de Medios. Sin embargo, su interés en esta citación radicaba en la necesidad que a su juicio existía para solventar un defecto procesal en una anterior declaración de Ramírez, en la que no había quedado clara la imputación de delitos.
También negó, como ha deslizado Alba, que con esa declaración se estuviera buscando un delito de blanqueo de capitales. Ríos sí reconoció que el magistrado le trasladó en una de sus frecuentes reuniones que había contemplado esa posibilidad a raíz de una conversación con un fiscal en Madrid, pero la testigo sostuvo que, con posterioridad, el entonces instructor no acometió ninguna actuación encaminada a resolver esta cuestión.
Las acusaciones personadas en este procedimiento (la Fiscalía, Victoria Rosell, Carlos Sosa y Podemos) sostienen que Alba se reunió con el empresario imputado y fabricó la declaración posterior con el objetivo de perjudicar la carrera profesional y política de la jueza, a la que atribuye un incumplimiento del deber de abstención en las diligencias contra Ramírez, irregularidad por la que, según el pacto deslizado en las conversaciones objeto de la causa, este último lograría el beneficio del archivo del procedimiento. La operación serviría, al mismo tiempo, para alimentar la querella que contra ella había interpuesto José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP de Canarias, a quien el juez había acudido para pedir el apoyo a sus candidaturas a vocal del CGP y a presidente del TSJC.
El testimonio prestado este martes por la fiscal Ríos también ha transitado por caminos poco favorables a la tesis del procesado en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la instrucción de Rosell, anomalías que el propio Alba recogió en informes remitidos al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Supremo para tratar de imputarle un retardo malicioso. Entre ellas, Alba mencionó -y así se difundió en el diario El Mundo- la retención durante 22 meses de un ‘pendrive’ con información esencial para el procedimiento. Al igual que hiciera durante la fase de instrucción, Ríos, que ha mantenido un agrio enfrentamiento con Rosell durante la tramitación de la causa, ha restado trascendencia al contenido de ese dispositivo al afirmar que no lo recuerda y que, por lo tanto, no debía ser importante.