El juez Salvador Alba Mesa, investigado por seis delitos presuntamente cometidos mientras maniobró contra la magistrada Victoria Rosell, podrá presidir sin sobresaltos penales el juicio por el caso Faycan tras la ayuda que le ha prestado el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido. En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Garrido da la razón al investigado y obliga a la magistrada instructora a apartarse de nuevo en lo que adquiere firmeza el auto de 18 de julio por el que se inadmitió la recusación formulada contra ella.
Esta posición del Ministerio Público contrasta radicalmente con la que sostuvo en junio pasado a raíz del escrito de recusación formulado por Salvador Alba. Entonces el fiscal jefe de Canarias fue durísimo con el juez imputado hasta el punto de hablar de “desvariadas ideas”, de “abuso de derecho” y de un intento de dilatar la causa y tratar de elegir un “magistrado a conveniencia”. A su entender, con su intento frustrado de recusación Alba pretendía “apartar a una magistrada que está en condiciones de decidir mediante resolución judicial qué cauce procesal debe seguir el procedimiento”. Ahora, al menos ha conseguido su segundo apartamiento personal, esta vez gracias al Ministerio Público.
La recusación promovida por Alba no pasó el primer filtro, el de la propia magistrada, que no halló ningún motivo para informar favorablemente. Ni tampoco encontró cobijo en el magistrado del TSJC al que se encomendó el correspondiente recurso, César García-Otero. En un contundente auto de 18 de julio, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó de plano las pretensiones de Alba y decretó la inadmisión de la recusación.
Así las cosas, pasadas las vacaciones judiciales de agosto, la magistrada Margarita Varona retomó la instrucción y dictó varias resoluciones que empezaban a apuntar el final de las diligencias abiertas al juez Salvador Alba. Sin embargo, este, en una nueva pirueta jurídica, reclamó aclaración del auto de García-Otero para que la inadmisión de la recusación no pudiera tornarse firme.
A esa nueva estrategia de Alba se ha unido sorpresivamente el fiscal Garrido, que considera que la resolución de 18 de julio no es firme todavía y que, por lo tanto, Margarita Varona debe volver a apartarse de la investigación hasta que el TSJC resuelva este nuevo incidente.
Al igual que ocurriera en junio, Varona será sustituida por el magistrado Ricardo Moyano que resolverá cuestiones de mero trámite, con lo que el cierre de esta instrucción volverá a dilatarse en el tiempo.
Ganar tiempo es una de las estrategias más utilizadas por Salvador Alba y su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, a su vez letrado del exministro de Industria José Manuel Soria. Ya pasa de la treintena el número de recursos y escritos presentados a las diligencias previas por esa parte, según confirman dos abogados conocedores de las mismas.
Sobre Alba pesa un expediente de expulsión acordado por el Consejo General del Poder Judicial que, en una primera fase, conllevará suspensión en el cargo de juez desde el momento en que se abra juicio oral (con firmeza) por esta causa. Y una expulsión de la carrera judicial de producirse una sentencia que ratifique las faltas por las que fue expedientado disciplinariamente.
Este retraso también permitirá a Salvador Alba presidir el juicio por el caso Faycan en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se trata de uno de los primeros asuntos de corrupción en los que se vio envuelto el Partido Popular, la formación a la que acudió en su día para tratar de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del TSJ de Canarias.
La tramitación de caso Faycan empezó en 2006 y ha sufrido diversos retrasos por varias vicisitudes, unas procesales y otras estratégicas: en 2015 el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya (viceconsejero de Justicia en un Gobierno del PP), decidió aplazar el juicio para que no coincidiera con la campaña de las municipales de mayo, a las que concurría una de las imputadas, María del Carmen Castellano. Ella y Francisco Valido, ambos exalcaldes de la ciudad de Telde por el PP, se sentarán en el banquillo con fuertes peticiones de cárcel interesadas por la Fiscalía Anticorrupción. Once años después, es más que probable que a los acusados se les reconozcan dilaciones indebidas.