La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sigue sin encontrar el apoyo de la Fiscalía en su pretensión de archivar las causas penales en las que continúa imputada. El Ministerio Público se ha opuesto a la petición de la líder de Juntos por Mogán, aliado local de Coalición Canaria (CC), de dar carpetazo a una de esas piezas, la que dirime si obstaculizó la labor del equipo de la Guardia Civil que la investigaba en un proceso judicial. La fiscal del caso considera que no es el momento procesal oportuno y que quedan diligencias por practicar.
De hecho, en ese mismo escrito solicita el volcado “completo” de los teléfonos móviles tanto de Bueno (también candidata al Parlamento canario con CC en las elecciones del 28 de mayo) como de su número dos, el concejal Mencey Navarro, y de la jefa de Informática del Ayuntamiento para comprobar los mensajes de Whatsapp y las llamadas que estas tres personas intercambiaron, “incluyendo las del 1 de octubre de 2020”, fecha en la que los dos políticos ordenaron a la funcionaria que deshabilitara el acceso remoto de los investigadores a los expedientes municipales intervenidos dos semanas antes, el 17 de septiembre, en el marco de una operación de la policía judicial. Es decir, pretende cotejar comunicaciones que se produjeron hace ya cerca de tres años y que ya figuraban en el informe de la Guardia Civil que dio origen a esa pieza.
Bueno y Navarro fueron detenidos junto a otra concejala del grupo de gobierno ese 17 de septiembre. Se investigaba una presunta trama de compra de votos por parte del partido en el que entonces militaban, Ciuca (Ciudadanos por el Cambio). Esa causa original, la del pucherazo, fue archivada en marzo de 2022 porque los hechos relativos a las elecciones de 2015 habían prescrito y porque el juez no apreció indicios suficientes respecto a los comicios de 2019. Sin embargo, siguen en curso las cuatro piezas separadas que se abrieron a raíz de otros tantos informes elaborados por la Guardia Civil después de aquella entrada y registro a las dependencias municipales.
En uno de esos informes, la Guardia Civil considera que tanto Onalia Bueno como Mencey Navarro pudieron incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad por ordenar a la jefa de Informática del Ayuntamiento que desactivara la cuenta que se les había abierto a los investigadores para que pudieran tener acceso a distancia a los expedientes municipales sobre los que centraban sus pesquisas, ante la imposibilidad de exportarlos a un disco duro o intervenir físicamente los equipos. La razón que adujeron los políticos, según relató la propia funcionaria, es que con ese control remoto la Guardia Civil podía ver documentación que no había sido autorizada por el juez.
Ese informe de la Guardia Civil detalla que fue la alcaldesa quien pidió reunirse con la jefa de Informática y que el encuentro, en el que también participó Mencey Navarro, primer teniente de alcalde, se produjo sobre las diez de la mañana del 1 de octubre de 2020. Aparte del testimonio de la funcionaria sobre los hechos, los investigadores aportaron los mensajes de WhatsApp que intercambiaron ese día, así como el registro de llamadas, la información que ahora la Fiscalía reclama para cotejar.
“Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado”, escribió a ambos por WhatsApp la empleada municipal, que solo recibió como respuesta un “Ok” por parte de Onalia Bueno. Tras ejecutar la acción que le habían encargado los dirigentes municipales, la funcionaria y ahora testigo llamó a un sargento de la Guardia Civil para informarle de lo que acababa de hacer. Y fue este quien le advirtió que podría estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia y contra la administración pública.
La jefa de Informática puso de inmediato esta conversación en conocimiento de la alcaldesa. “Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia”, escribió. La alcaldesa no contestó, pero sí lo hizo Mencey Navarro a través de dos llamadas telefónicas, una a las 12.50 horas y otra a las 13.16. Según la trabajadora, en la primera le reiteró la orden y en la segunda, probablemente tras consultarlo con abogados, dio marcha atrás y ordenó restablecer la conexión.
En el escrito en el que solicitaba el archivo de la pieza, el abogado de Onalia Bueno sostenía que la alcaldesa “nunca fue advertida” hasta el 30 de septiembre de que la Guardia Civil tenía acceso remoto a la documentación y que, por tanto, “no pudo desobedecer una orden que no conocía”. Además, defendía que ese bloqueo apenas duró unos veinte minutos y que, por ello, no se le ocasionó ningún perjuicio a los investigadores y que “no existió resistencia mínima” cuando la funcionaria les informó de la llamada de advertencia del sargento de la Guardia Civil sobre la desobediencia.
La defensa de Bueno también había solicitado que, en caso de que no se accediese al pretendido archivo de la causa, fueran citados a declarar los investigados y sus abogados con el fin de que certificaran que “nunca fueron advertidos” de que se daría acceso remoto a los investigadores a los expedientes municipales. Sin embargo, en el acta de registro, firmada por todas las partes presentes, el sargento al mando de la operación especificó esta incidencia. “La jefa de Informática procede a realizar una copia de uno de los servidores con el fin de facilitar el acceso en exclusiva a la Guardia Civil, permitiendo con ello el uso de los archivos originales por el resto de funcionarios de la corporación local, garantizando con ello un restablecimiento del servicio de Informática y, en consecuencia, un menor perjuicio para los administrados”, hizo constar.
Los imputados también habían sostenido con anterioridad que, a su juicio, habían sido sometidos a una investigación “totalmente general, desproporcionada, general e indiscriminada” por el acceso de la Guardia Civil a todos los expedientes municipales. A este respecto ya se pronunció el juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana en un auto de marzo de 2021 en el que avalaba la actuación de la policía judicial porque la autorización de entrada y registro permitía “el pleno acceso” de los investigadores a los archivos de los ordenadores. Sin embargo, solo tendrían validez para la investigación los documentos vinculados a los hechos objeto de la causa.
Además de en esta pieza, Onalia Bueno, que en las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo amplió su mayoría absoluta, también sigue imputada en las otras tres en las que se desgajó la causa original. Una investiga un presunto amaño para beneficiar a un empresario con intereses en el municipio; otra los sobresueldos asignados a funcionarios con vínculos familiares o con el partido de la alcaldesa, y la terceras los contratos concedidos a dos asesores.
Además, la Fiscalía investiga a la alcaldesa por los contratos fraccionados y adjudicados a dedo por el gobierno que lidera Bueno a dos empresas de comunicación, Etiazul y 21 Bombillas, administradas por los hermanos Pedro y Gregorio Guerra. El Ministerio Público ve indicios de prevaricación en esas contrataciones.
Por su parte, Mencey Navarro está procesado por los contratos menores concedidos a su antiguo socio en el despacho de abogados. La Fiscalía aún no ha formulado el escrito de acusación.