La Fiscalía ha remitido a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana una denuncia contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por los contratos fraccionados y adjudicados a dedo a dos empresas emparentadas para la prestación de servicios de comunicación, promoción y publicidad, entre ellos la explotación de la radio y la televisión municipal.
El Ministerio Público aprecia indicios de prevaricación administrativa tanto en la actuación de la regidora sureña, ahora además candidata a entrar en el Parlamento regional en las listas de Coalición Canaria (CC), como en la de Grimanesa Pérez, presidenta de Mogán Sociocultural, sociedad pública que también otorgó contratos a Etiazul y a 21 Bombillas, en la que figuran como administradores, respectivamente, los hermanos Pedro Guerra y Gregorio Guerra.
Esas dos productoras se embolsaron en tres años 236.538,95 euros de las arcas públicas moganeras a través de trece adjudicaciones, en su mayoría contratos menores, sin tener que acudir a un procedimiento abierto en competencia con otras sociedades. A partir de la documentación analizada y de las diligencias practicadas en la investigación, abierta a raíz de una denuncia de Podemos, la Fiscalía concluye que existen indicios que sugieren que el proceso de contratación pública fue “adulterado” por una decisión “puramente voluntarista” de la alcaldesa con el propósito de “beneficiar económicamente al máximo” a esas dos empresas, incumpliendo para ello la normativa.
Onalia Bueno prestó declaración como investigada el 16 de marzo. La alcaldesa de Mogán trató de justificar la elección del contrato menor en esas adjudicaciones por el “colapso de personal” en el área de contratación, el “volumen de trabajo” de los diferentes departamentos y la “situación de bloqueo” que ello generaba en el Ayuntamiento y que impedía acogerse al procedimiento abierto. Un concurso que, sin embargo, sí convocó en 2021 y adjudicó también, por un importe de 214.695,49 euros, a Etiazul, una productora que además está implicada en el presunto fraude de las audiencias de la Televisión Canaria que obligó a Kantar Media a retirar aparatos en las Islas tras detectar “comportamientos extraños” que favorecían a sus programas.
Para la Fiscalía, es “innegable” la existencia de irregularidades en los contratos administrativos suscritos con Etiazul y 21 Bombillas y la vulneración “flagrante” de los requisitos previstos en la ley para los contratos menores, “beneficiando así de forma discrecional a las dos entidades” implicadas.
El fiscal César Casorrán sostiene que, por objeto y cuantía, los servicios demandados debieron ser adjudicados por procedimiento abierto, para respetar los principios esenciales de publicidad, libre concurrencia y transparencia. En un decreto al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el representante del Ministerio Público recuerda que uno de esos servicios, la cobertura del gabinete de comunicación del Ayuntamiento, es una necesidad permanente, no aislada, por lo que requería la convocatoria de un concurso y no la asignación a dedo de contratos fraccionados y en alternancia a las dos empresas emparentadas.
En conjunto, el importe de esas adjudicaciones con el mismo objeto superaba “ampliamente” la cuantía del contrato menor. El fiscal subraya que “casualmente” esos importes se encontraban “tan solo escasos euros por debajo del umbral”, del máximo previsto, fijado en 15.000 euros tras la última reforma. Un proceder que, a su juicio, revela el “interés de beneficiar económicamente al máximo” a esas empresas. Etiazul percibió entre 2018 y 2021 con esta fórmula un total de 144.107 euros. En el mismo periodo, 21 Bombillas recibió 90.548 euros. Ambas “sin justificar los servicios prestados con el correspondiente detalle y desglose del contenido y su cuantía, más allá de la aportación de facturas mensuales con importes repetidos, girándose en ocasiones para un mismo servicio facturas con cantidades muy dispares”.
Tampoco se explica el Ministerio Público la alternancia en la contratación entre dos empresas que comparten un objeto social que, además, crearon y ampliaron expresamente para estas adjudicaciones del Ayuntamiento de Mogán. “El lógico proceder era la adjudicación a una sola de ellas, resultando del todo punto innecesaria la simultaneidad y alternancia (de los contratos), salvo que la finalidad fuera beneficiar a ambas de forma directa, de manera que al escogerlas sin licitación previa se producía una elección a dedo sin entrar a valorar los requisitos de capacidad e idoneidad”, destaca el fiscal.
El escrito remitido a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana alude, además, a una resolución dictada en 2020 por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias que concluye que el Ayuntamiento de Mogán dispone de medios personales suficientes para gestionar los servicios públicos de radio y televisión. Por ello, su externalización y adjudicación a Etiazul constituyó, según el fiscal, “un estipendio innecesario” para las arcas municipales.
Los argumentos de la alcaldesa de Mogán respecto a la insuficiencia de medios en el área de contratación para convocar un concurso “no alcanzan para evitar una judicialización de los presentes hechos”, zanja el fiscal, que considera necesario abrir un procedimiento penal para desarrollar una instrucción “exhaustiva” contra Onalia Bueno y Grimanera Pérez por prevaricación.
Contratos ‘en el descuento’ con el Gobierno de CC
Al margen de los firmados con el Ayuntamiento de Mogán que han sido objeto de investigación por la Fiscalía, Etiazul y 21 Bombillas también resultaron adjudicatarios en junio de 2019 de dos contratos menores por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional que entonces gestionaba, ya en funciones, Pablo Rodríguez, ahora candidato de CC al Parlamento por Gran Canaria en una lista en la que también va, como número tres, Onalia Bueno.
Los importes de esos contratos fueron de 14.400 y 14.600 euros (sin impuestos), también al límite del máximo fijado en la ley. Su objeto era la elaboración de dos informes, uno sobre los retos de conectividad entre Canarias y África y otro sobre la gestión de residuos, pese a que esas empresas no tenían experiencia en esa materia. Según el programa de verificación empleado por este periódico, PlagScan, esos trabajos presentaban un 50 y un 65% de pasajes plagiados.
La Consejería de Obras Públicas ha afirmado recientemente que no exigirá la devolución de esos fondos porque no le compete “juzgar la calidad y la finalidad de los trabajos contratados por la anterior directora general de Transportes, ni tampoco la capacidad y solvencia técnica de quienes lo realizaron”.