La fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos ha modificado su escrito de acusación en el caso que juzga el presunto fraude fiscal en la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) para rebajar la pena solicitada para uno de los acusados, Héctor de Armas, último administrador de esta sociedad.
La representante del Ministerio Público ha interesado una condena de cinco años de cárcel para De Armas frente a los catorce que solicitaba en un principio. Esta decisión de basa en la aplicación de dos atenuantes, el de dilaciones indebidas y el de confesión.
De Armas declaró este miércoles como acusado y reconoció que las horas extra que hacían los trabajadores de SIC se pagaban como dietas para así ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social y la tributación por el IRPF, ya que este concepto está exento.
Durante su comparecencia, Armas descargó la responsabilidad de las decisiones adoptadas en la empresa en el otro acusado, Miguel Ángel Ramírez, incluso desde la fecha en que se produjo el cambio en la administración de la sociedad, en agosto de 2011.
Además, la fiscal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas por los “casi tres años” que transcurrieron entre el auto de apertura de juicio oral (octubre de 2020) y el inicio de la vista. De Armas está acusado de cinco delitos, tres contra Hacienda y dos contra la Seguridad Social. La Fiscalía pide un año por cada uno de ellos.
También rebaja la petición de multa para el acusado. En el escrito de acusación solicitaba cerca de 80 millones, el triple de la deuda. Ahora pide su tanto. Es decir, unos 27 millones.
Con respecto al otro acusado, Miguel Ángel Ramírez, solicita las mismas penas: 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa.