El fiscal del caso Faycán, Luis del Río, sostiene que el silencio que han mantenido durante el juicio los dos exalcaldes de Telde procesados en la causa, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, refuerza las pruebas de cargo contra ellos y confirma su culpabilidad. El representante del Ministerio Público ha explicado este lunes, en la presentación de sus conclusiones, que el hecho de que el primero se haya acogido a su derecho a no declarar y la segunda se haya negado a contestar a sus preguntas (sólo respondió a las de su abogada) no se puede valorar per se como prueba, ni siquiera como indicio, pero sí como “elemento de corroboración”. “Es un dato indicativo de que carecen de una explicación razonable sobre los indicios incriminatorios en su contra”, ha manifestado.
Durante algo más de una hora, el fiscal ha descrito en su informe final el modo de operar de la trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde gobernado en coalición por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007. Luis del Río ha recordado que estos dos partidos decidieron organizar un sistema para obtener fondos de forma ilícita a través de contrataciones públicas a cambio del pago de comisiones. La financiación irregular del PP, salvo en el caso de la reforma de su sede pagada con fondos públicos, en el fondo era tan sólo “un pretexto”, puesto que la trama sirvió “para enriquecer a casi todos los que participaron” en ella, para aumentar el patrimonio propio.
“Lo esencial eran las comisiones, no el servicio”. Las empresas que accedían a pagar se beneficiaban de la adjudicación de obras del Ayuntamiento (a través de una tramitación formalmente correcta de contratos menores o negociados sin publicidad, los procedimientos más opacos de la administración pública) o de un trato prioritario en el cobro de facturas en un momento en el que la corporación local estaba al borde de la bancarrota. A ello se le sumaba la confección de facturas falsas para compensar a los empresarios por las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones, según ha relatado Del Río.
Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el grupo de gobierno formado tras las elecciones de 2003 anuló nada más asumir el bastón de mando, “sin criterio objetivo y de forma parcial”, órdenes de pago del Ayuntamiento, en concreto, 13 de los 26 millones pendientes de abono (20 del ejercicio corriente y 6 del ejercicio cerrado), y no aprobó un plan de disposición de fondos para poder priorizar los pagos. En este sistema orquestado por la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, entonces concejala de Obras Públicas, “se dejaba fuera al tesorero”. “El listado (de empresas beneficiarias de la trama) lo elaboraban el concejal de Hacienda (Carmelo Oliva) y el interventor (Enrique Orts) y el alcalde (Francisco Valido) consentía la situación”, ha narrado el fiscal, que ha precisado que el asesor de Torres, Francisco Gordillo, era quien “gestionaba las comisiones”.
Luis del Río considera que la abundante documental que obra en la causa, las conversaciones telefónicas interceptadas, las pruebas periciales y las declaraciones de los coimputados convertidos en testigos (los veinte de los 28 procesados que confesaron) dan por acreditados los hechos. Para el representante del Ministerio Público, “la sucesión de actos de esta naturaleza llevan a una situación tan escandalosa como la vivida en Telde”, con una deuda millonaria que aún arrastra. “No podemos hablar de que la corrupción está generalizada, sería incierto, pero el nivel es preocupante y así lo percibe el ciudadano (…) Es necesario dar una debida respuesta”, pues, de lo contrario, “las empresas que quieran trabajar honradamente serán espantadas”.
La declaración de Francisco Gordillo, asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama, ha sido uno de los aspectos más controvertidos del juicio. El fiscal Anticorrupción ha recurrido a la doctrina del Tribunal Constitucional para otorgar valor a su testifical (fue uno de los acusados arrepentidos) a pesar de las contradicciones en las que incurrió. El alto tribunal entiende que las declaraciones de los coimputados son aptas siempre que aparezcan corroboradas por datos, aunque la coincidencia no sea plena. Basta con que sea “mínima”. Del Río ha precisado, no obstante, que la comparecencia de Gordillo sólo ha sido utilizada por su parte para incriminar a dos acusados, Agustín León y Domingo Campos, y que en relación al resto su testimonio es “un indicio más”.
Acusaciones con pruebas
En la lectura de sus conclusiones, el fiscal ha desgranado las pruebas con las que cuenta para pedir la condena de los procesados, que en cualquier caso se librarán de entrar en prisión debido a la sustancial rebaja de penas que ha planteado tras aplicarles la atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas.
El representante del Ministerio Público acusa a Francisco Valido, alcalde de Telde en el momento de los hechos y actual secretario político del PP en el municipio, de anular las órdenes de pago y evitar elaborar un plan de disposición de fondos para permitir que María Antonia Torres y Francisco Gordillo pudieran establecer el sistema de comisiones ilegales. Las testificales de los interventores delegados, de los responsables de la Tesorería y el reconocimiento de los hechos por parte del concejal de Hacienda y del interventor general, unidas a las firmas en los mandamientos de pago con carácter prioritario a las empresas de la trama, demuestran, en opinión del fiscal, que Valido sabía cómo y a quién se pagaba.
Con respecto a la imputación de cohecho, ha aludido al informe de la Agencia Tributaria que detectó ingresos sin justificar en la unidad familiar del exalcalde por un valor total de más de 90.000 euros y a dos documentos hallados en el registro a la casa de María Antonia Torres, una libreta y una hoja de un bloc de un hotel de Venecia, que señalan a Valido como uno de los perceptores de los sobornos de los empresarios. El fiscal sostiene que el informe de parte presentado por su defensa para tratar de justificar ese desfase incurre en numerosos errores que lo invalidan.
En cuanto a María del Carmen Castellano, la acusación del Ministerio Público se sustenta en conversaciones telefónicas y en facturas que demostrarían que la entonces concejala de Desarrollo Local, luego alcaldesa y presidenta del PP de Telde, participó en la operación para financiar la sede del partido con fondos públicos, a través de un programa de empleo de ese departamento. Para ello, una de las empresas de la trama, Felipe y Nicolás Ojeda, habría emitido con cargo a esta concejalía facturas falsas, con pedidos que nunca se sirvieron.
Las llamadas telefónicas interceptadas durante la investigación también son claves para incriminar a otros cinco acusados. En su informe de conclusiones, el fiscal trató de demostrar que José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, y Emilio Hernández, arquitecto municipal, concedieron la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad para la vivienda de Francisco Gordillo a pesar de que este había instalado una pérgola “con cerramiento” en la terraza que contravenía el proyecto y el Plan General.
Por su parte, el auxiliar administrativo Juan Felipe Martín figura como cooperador necesario de delitos de prevaricación, cohecho y contra el mercado. En la investigación se registraron varias conversaciones telefónicas con Francisco Gordillo en las que el asesor de María Antonia Torres le decía qué empresa se debía llevar la adjudicación en los procedimientos negociados sin publicidad que tramitaba. Tal y como recordó el fiscal en su informe, el funcionario municipal reconoció en su primera declaración durante la fase de instrucción que ya se sabía de antemano a qué empresa se le iba a adjudicar el contrato y que se invitaba a otras dos “para cubrir el expediente”.
Con respecto a Agustín León, secretario de la plataforma ciudadana Ciuca en el momento de su constitución, y al empresario Domingo Campos Barreto, de Gráficas Atlanta, la principal prueba de cargo es la declaración de Gordillo. Al primero lo sitúa como perceptor de la mitad de una comisión de 180.000 euros de la constructora Mazotti para facilitar la adjudicación del proyecto del aparcamiento de Los Picachos. Al segundo lo acusa de pagar dádivas a cambio de un trato prioritario en el cobro de facturas municipales. También en estos casos la acusación se refuerza con las conversaciones interceptadas.
El octavo procesado es el arquitecto municipal Esteban Cabrera, que reconoció los hechos en su declaración, y para el que ha pedido que se dicte una sentencia de conformidad en los términos planteados en la anterior sesión.