María del Carmen Castellano, expresidenta del Partido Popular (PP) en Telde, ha asegurado este jueves que nunca tuvo conocimiento de que la reforma de la sede del partido en el municipio, situada en la zona de Arnao, se había financiado de forma irregular, con cargo a un programa de empleo del Ayuntamiento financiado con fondos europeos. El desvío de fondos se materializó mediante facturas falsas cargadas a las arcas públicas a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que entonces regía Castellano.
La también exalcaldesa de Telde se ha negado, por consejo de su abogada, a contestar a las preguntas del fiscal en la undécima sesión del juicio del caso Faycán, la última antes de la lectura de los informes finales, y sólo ha respondido a las cuestiones formuladas por su letrada, Rosa María Díaz Bertrana.
Castellano ha explicado que accedió a la presidencia del PP de Telde en marzo de 2006, tras la detención de María Antonia Torres, y que ordenó los primeros pagos del comité local del partido en junio de ese mismo año. Unos meses antes, en diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Telde había reconocido una serie de facturas emitidas por la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda, una empresa de la trama, por supuestos pedidos para proveer de material fungible a la Concejalía de Desarrollo Local. Las escuchas interceptadas en la investigación evidenciaron que esos pedidos nunca llegaron a ser servidos porque en realidad estaban destinados a financiar la sede del partido.
La exalcaldesa ha limitado su participación en los hechos a una visita al local junto a otros miembros del comité local del PP para valorar su ubicación y ha señalado a Francisco Gordillo, el asesor de María Antonia Torres, como el muñidor de la financiación irregular de la sede, en sintonía con lo manifestado por uno de los acusados arrepentidos del caso Faycán, José Luis Sánchez, que ejerció como personal de confianza de Castellano entre 2003 y 2005. “Sánchez nunca me habló de ello, nunca lo hubiera consentido”, ha respondido tajante sobre su posible implicación en el desvío de fondos.
El nombre de Castellano aparece en una de las grabaciones reproducidas ante el plenario en varias sesiones. Se trata de una llamada telefónica en la que Gordillo insiste a Sánchez en la necesidad de que mantuviera informada a su entonces jefa de todas los movimientos vinculados a la reforma de la sede. La exalcaldesa ha restado importancia a esa conversación y a un mensaje de texto que obra en el sumario en el que elige, de entre tres opciones, el color del piso de la sede. “Me preguntaron cuál me gustaba más y respondí. Nada más”.
Castellano ha precisado que su firma no era imprescindible para aprobar los pedidos, que las solicitudes partían de los responsables de cada proyecto (el coordinador del curso o el director de la escuela taller), pasaban por la responsable de compras y contaban, no en todos los casos, con su visto bueno. Su abogada ha interesado que se mostraran en la sala varias facturas rubricadas por su clienta para comprobar que coincidían con albaranes de entrega. La expresidenta del PP de Telde ha asegurado que nunca habló con el responsable de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda hasta que estalló el caso Faycán y que fue después de leer el sumario cuando se reunió con él. El empresario le solicitó entonces devolver las facturas cuestionadas por las Fiscalía, pero Castellano se negó porque “el caso estaba ya judicializado”.
También ha negado cualquier responsabilidad en la pieza referida a las obras de la iglesia de Lomo Magullo y ha limitado su actuación en este expediente a la firma de la adjudicación a Preconte en calidad de concejala accidental de Obras Públicas, con una propuesta de resolución favorable de la jefa de Negociado y de la secretaria.
Con respecto al incremento patrimonial detectado por la Agencia Tributaria al investigar sus cuentas, cifrado en algo más de 57.000 euros, la exalcaldesa se ha escudado en que Hacienda no analizó los ingresos de su marido, a pesar de que está casada en régimen de bienes gananciales y de que en todas las cuentas corrientes ambos figuran como cotitulares.
Vivienda de Gordillo
Los otros dos acusados que declararon este jueves ante el tribunal presidido por el magistrado Salvador Alba son Emilio Hernández y José Luis Mena, arquitecto técnico y jefe de servicio, respectivamente, del área de Urbanismo en la época enjuiciada. Ambos están acusados de falsedad documental. El primero elaboró el informe técnico que avalaba la concesión del reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación para la vivienda de Francisco Gordillo. El segundo firmó el informe propuesta para otorgar la cédula de habitabilidad al mismo inmueble una semana antes de aquel informe, a pesar de que la tramitación administrativa exige que sea a la inversa.
El fiscal Luis del Río sometió a ambos procesados a un interrogatorio en el que trató de poner de manifiesto que habían permitido que se le otorgaran los permisos al asesor de María Antonia Torres a pesar de que había instalado una pérgola que no se ajustaba al proyecto.
Emilio Hernández ha explicado que cursó una visita a la vivienda, construida por Preconte, una de las empresas de la trama, en julio de 2005 y comprobó que se ajustaba a los parámetros urbanísticos. Sin embargo, un mes después, “estando de vacaciones”, se percató de que Gordillo había instalado una pérgola en la cubierta. “Me encabroné y llamé a la promotora para decirle que tenían que proceder a su desinstalación. Estuvieron 12 o 13 días con la batalla de la pérgola y al final la quitaron. Cuando vuelvo a acercarme a la zona y veo que no está, procedo a culminar el expediente”.
El arquitecto ha asegurado que en aquel momento había una pérgola desmontable y que el cerramiento ilegal, la habitación, aparece en 2008, después de que se hubiera otorgado el reconocimiento final de obra. “La pérgola es un elemento auxiliar, no hay edificabilidad, ocupación, no infringe los parámetros urbanísticos”, ha apuntado Hernández, quien, no obstante, pidió a la promotora que lo quitase “por el cabreo”. “Que un particular lo haga en su vivienda, lo puedo entender, pero que lo haga una promotora… Me pareció una tomadura de pelo”.
Hernández negó haber recibido presiones de Mena para sacar adelante los permisos, a pesar de las evidencias de las conversaciones reproducidas en la sala, y trató de justificar el hecho de que se concediera la cédula de habitabilidad antes que el reconocimiento final de obra en la tramitación paralela de ambos expedientes y en la comunicación a los administrativos, una vez cursada la visita al edificio, de que el informe que se disponía a redactar iba a ser favorable.
José Luis Mena, por su parte, manifestó que había firmado la cédula de habitabilidad tras recibir “una orden verbal” del concejal de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes (Ciuca), y que esa es la razón por la que aparece el nombre del edil y no el suyo en el documento.
El exjefe de Urbanismo explicó que en el año 2001 el Ayuntamiento firmó un convenio para trasladar las disposiciones del decreto 169/2001 del Gobierno de Canarias, por el que se delegaba en las corporaciones locales la concesión de las cédulas de habitabilidad. El objetivo era “acercar la administración al ciudadano, hacerla más eficaz y agilizar los trámites”.
Mena se ha parapetado en ese decreto para explicar la razón por la que la cédula de habitabilidad se concedió antes que el reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación, en contra de lo dispuesto en la normativa de aplicación. “Se tramitaban de manera conjunta, simultánea, para agilizar (…) En este caso concreto, me imagino que (Emilio Hernández) visitó la obra y como la relación con los servicios de administración era diaria, fueron los propios administrativos los que configuraron la cédula. Yo sólo firmé”, aseveró.