La Fiscalía General de la Comunidad Autónoma percibe en su memoria anual una estabilización en el número de delitos cometidos en Canarias, que fundamentalmente son de robo y contra la seguridad en el tráfico, pero ve altamente preocupante que no se reduzcan los relacionados con la violencia machista.
De esta manera se pronunció el fiscal general de Canarias, Vicente Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar la memoria anual a la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias, un requisito previo a su debate en la comisión de Presidencia y Justicia de la cámara regional.
Vicente Garrido señaló que en lo que se refiere a los datos estadísticos de la actividad procesal en Canarias se constata una estabilización, pues apenas hay un aumento “insignificante” en mil diligencias respecto a un volumen global de unas 140.000 de nuevos actos incoados.
Los delitos más frecuentes son los que afectan a la propiedad, esto es robo y robo con violencia, además de a la seguridad en el tráfico, pero el fiscal general alertó de que el hecho de que continúe estable la cifra de los referidos a la violencia machista es preocupante por lo que conlleva de “desconsideración, desigualdad y maltrato”.
“No hay un incremento y los datos son estables, pero lo deseable es que este tipo de delitos disminuyese”, sostuvo el fiscal general de la Comunidad Autónoma.
En cuanto a los recursos de la Oficina de la Fiscalía, precisó Vicente Garrido que adolece de un gran problema por cuanto el personal de Secretaría está “estancado” desde hace más de 10 años y está funcionando con personal de “refuerzo”, que confía que “en fechas próximas” se conviertan en plazas estables de plantilla, aunque “a todas luces insuficiente”.
Respecto al número de fiscales, hasta hace cinco años la plantilla en las dos provincias estaban “estabilizadas” pero con el incremento de nuevas competencias, actividades y órganos judiciales “ha devenido escaso”.
“Hay una carencia importante de fiscales tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife que da lugar a que los fiscales se tengan que multiplicar por dos o por tres, asumiendo como un chicle funciones muy flexibles”, lamentó.
En asuntos no trascendentales y que no afectan a derechos fundamentales el Ministerio Fiscal se ve limitado en su actuación, expuso Vicente Garrido, quien admitió que los fiscales no pueden acudir “a algunas actuaciones” porque coinciden con juicios penales con menores implicados o cuestiones contencioso-administrativas, dijo como ejemplo.
A medida que pasa el tiempo estas carencias son más evidentes, resumió Garrido, quien que por parte de la Fiscalía merece una reflexión y una autocrítica para adaptar su mensaje a la sociedad “y hacernos más visibles” el hacer un esfuerzo para que se entiendan mejor los datos.
Aludió de esta manera a la pregunta sobre si hay un apartado en la memoria dedicado a los delitos de corrupción política, sobre lo que consideró que este tipo de delitos no está materializado en una agrupación, en un tipo concreto.
Es decir, la corrupción puede ser prevaricación, malversación, estafa, apropiación indebida o tráfico de influencias, pero si la Fiscalía expone los datos de prevaricación administración no implica que todos ellos obedezcan a lo que se entiende como corrupción.
Además, prosiguió el fiscal general, estos datos en concreto se encuentran en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, aunque en las dos provincias canarias hay delegados en este ámbito.
Añadió también Vicente Garrido que la Fiscalía General del Estado ha pedido ser “muy descriptivos” a la hora de definir los tipos de delito en los que hay menores involucrados y la Fiscalía de Las Palmas “ha hecho mucho énfasis en esta reclamación”.
Por ello, continuó, se ha notado un aumento en los datos referentes a acoso escolar y conductas contrarias a la libertad sexual, no tanto en lo relacionado a agresiones sexuales, y en lo que atañe a amenazas y coacciones a través de redes sociales.
En este ámbito la Fiscalía está limitada en su actuación debido a la presencia de menores de edad, que lleva aparejado la intervención de los Servicios de Protección al Menor, agregó Garrido.
En cualquier caso el acoso escolar es “muy preocupante” pero en la memoria de la Fiscalía se alude a que la comunidad educativa hace una intensa labor de mediación escolar para tratar de solucionar muchos supuestos.