La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra una de las organizaciones contratadas por el Gobierno de Canarias para atender a los menores que llegan a las islas en patera al apreciar indicios de que malversó dinero público en beneficio de sus directivos.
Según ha adelantado el diario Canarias 7, la querella ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria haya abierto diligencias penales previas para investigar la gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y, en particular, el comportamiento de cuatro de sus directivos.
La Fiscalía aprecia en actuación de estas personas indicios de varios delitos, como falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos y critica a la Consejería de Derechos Sociales de la comunidad autónoma por su “falta de seguimiento y control” de los contratos que adjudicó a esa fundación por la vía de emergencia entre los años 2020, 2021 y 2022.
Anticorrupción explica en su querella que ha examinado los movimientos bancarios de tres centros de acogida de menores migrantes de Gran Canaria y dos de Lanzarote, así como las cuentas de sus directores, y ha detectado varias irregularidades.
Entre ellas, ha descubierto indicios de que se han desviado importantes cantidades de dinero público para “fines particulares”.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibía 95 euros diarios por cada menor llegado en patera que acogía en sus centros, por lo que se estima que llegó a administrar en cuatro años 12,50 millones de euros solo en los centros de Gran Canaria.
La Fiscalía también ha detectado, siempre según el periódico, que cuando los bancos pusieron objeciones a los movimientos que hacían en sus cuentas, los investigados comenzaron a justificar determinados gastos con facturas ajenos a la actividad de los centros y a los menores, como tratamientos médicos y comidas en restaurantes.
En la querella, el Ministerio Público defiende que “existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia”, que se “evidencian en la ausencia de medidas y consecuencias de penalidades cuando su incumplimiento por la fundación se hace aparente”.
Los centros objeto de esta investigación son los de Portobello, en Puerto Rico (Gran Canaria); Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote.
Consultado por EFE, el fiscal Anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, no ha querido hacer ningún comentario sobre esta investigación.