La Fiscalía Superior de Canarias ha denunciado ante el Decanato de Las Palmas de Gran Canaria el naufragio de la neumática que se hundió en la ruta canaria el pasado 21 de junio. El Ministerio Público ha exigido que se investigue si se cometió un delito de omisión del deber de socorro. Las 61 personas que viajaban en la embarcación pasaron 12 horas a la deriva pidiendo auxilio y esperando por las autoridades marroquíes, después de que España delegara en Marruecos el rescate. La tragedia se saldó con tres personas muertas, entre ellas un niño de cuatro años, y más de 30 desaparecidos.
Tal y como ha adelantado Efe y han confirmado fuentes de la Fiscalía Provincial de Las Palmas a Canarias Ahora, ''se han abierto unas diligencias de investigación penal por delito de omisión de socorro que concluyeron ayer con la presentación de denuncia al Decanato de Las Palmas de Gran Canaria''. ''Por el momento no hay nadie denunciado'', añaden estas fuentes.
Unas grabaciones de Salvamento Marítimo publicadas por la Cadena SER mostraron cómo España encargó a Marruecos el rescate de esta patera, a pesar de las dudas mostradas por el piloto del avión de rescate. Este insistía al centro coordinador de Salvamento Marítimo en Las Palmas en que las aguas en las que navegaba la barcaza eran zona de búsqueda y rescate españolas. Sin embargo, desde el centro coordinador insistían en que, por la proximidad a El Aaiún (Sáhara ocupado), era zona marroquí y pidieron al avión que regresara a la base. España no se hizo cargo del rescate, a pesar de que una embarcación de salvamento estaba a una hora de la neumática en peligro.
En los audios, el piloto repite que España tiene autoridad sobre las mismas: “Esa posición está dentro de la zona SAR (zona de búsqueda y salvamento) nuestra”. La zódiac había salido de Cabo Bojador (Sáhara Occidental) hacia Canarias. Marruecos rescató a 24 personas con vida y localizó un cadáver. Por su parte, los servicios de rescate españoles localizaron el cuerpo sin vida de un niño que fue trasladado a Gran Canaria.El colectivo Caminando Fronteras logró identificar al menor en colaboración con su familia.
El Defensor del Pueblo también inició una actuación de oficio en relación a este naufragio. El órgano solicitó información sobre las medidas de coordinación que se adoptaron y las actuaciones que se llevaron a cabo durante la operación de rescate.
Fue el colectivo Caminando Fronteras quien alertó a los servicios de rescate sobre la posición de esta embarcación en peligro. La activista Helena Maleno había advertido ya en sus redes sociales sobre el riesgo que corrían los ocupantes de esta lancha: ''Es tortura tener a 60 personas, entre ellas seis mujeres y un bebé, más de doce horas esperando un rescate en una neumática endeble que puede hundirse en cualquier momento“.
Caminando Fronteras ha emitido un comunicado en el que celebra la decisión de la Fiscalía. ''Se trata de la primera vez que se abren diligencias por un suceso de estas características, por lo que recibimos esta noticia con la esperanza de que se abra un camino para que estas víctimas y sus familias obtengan justicia en un espacio de impunidad como son las fronteras''.
El colectivo considera ''muy importante'' la apertura de investigaciones que sirvan para depurar responsabilidades. ''Las familias de las 39 víctimas esperan que el Gobierno y el Estado español emitan una respuesta que les permita conocer la verdad de lo que sucedió en el naufragio, que constituya una reparación y garantice el derecho de acceso a la justicia''.
Además, Caminando Fronteras recuerda que en la ruta Atlántica permanecen en estos momentos 300 personas desaparecidas que viajan en tres cayucos diferentes que partieron desde Senegal. ''Estamos pidiendo que se refuercen los medios de rescate y que se implementen los medios de búsqueda necesarios'', sostienen.
Casi 800 muertos en lo que va de año
La ruta migratoria hacia Canarias sigue siendo la más mortal de acceso a Europa. El último informe de Caminando Fronteras revela que entre enero y junio de 2023 han perdido la vida 778 personas tratando de llegar al Archipiélago desde el continente africano. Entre las causas de las muertes, la organización ha detectado la mala coordinación entre España y Marruecos, fundamentadas en las negociaciones bilaterales del control migratorio y no en el derecho a la vida. También han identificado acciones violentas en el control de salida de las embarcaciones. No solo por parte de las redes criminales, sino también por las fuerzas de seguridad.
En otros casos, las tragedias se han producido por la falta de activación de los medios de búsqueda y rescate necesarios y la demora de los mismos. Por otro lado están las condiciones precarias de las embarcaciones en las que viajan, las condiciones meteorológicas y las largas distancias que recorren estas barcazas.
Así, el colectivo concluye que “el derecho a la vida de las personas migrantes debe estar por encima de las políticas de control migratorio”. Para reducir el número de muertes, propone mejorar el sistema de coordinación y búsqueda de las personas desaparecidas, investigar los casos de violación del derecho a la vida en las fronteras y depurar las responsabilidades pertinentes.