Las informaciones publicadas por Canarias Ahora sobre las vacaciones de agosto de 2015 del exministro José Manuel Soria en Punta Cana (República Dominicana), fueron veraces y de relevancia pública. Así se manifestó este jueves la representante del Ministerio Fiscal durante la segunda sesión del juicio por la demanda por intromisión en el derecho al honor celebrada en el Juzgado de Primera Instancia 99 de Madrid. La fiscala pidió que se desestime la demanda del exministro, al igual que hicieron los abogados de los demandados, los periodistas Ignacio Escolar y Carlos Sosa, y la empresa editora de eldiario.es.
José Manuel Soria negó siempre que sus vacaciones en el Breathless Punta Cana Resort & Spa fueran una invitación del empresario canario Enrique Martinón, y además de emitir un comunicado desde el Ministerio de Industria, interpuso una demanda de protección de su honor en la que reclamó una indemnización de 18.000 euros para cada uno de los demandados.
Sin embargo, los periodistas y el periódico sostuvieron siempre la veracidad de sus informaciones fruto de un trabajo periodístico con el que se comprobó que el exministro y su esposa, María del Carmen Benítez, permanecieron en el hotel cuatro noches alojados en la suite presidencial, señalada con el número 2400. El precio de esa habitación oscila entre 1.500 y 2.000 dólares la noche, dependiendo de la temporada.
Al interponer su demanda, Soria aportó como toda prueba de haber abonado su estancia en el Breathless Punta Cana un resguardo de pago de su tarjeta de crédito por importe de 14.000 pesos dominicanos, equivalentes a unos 280 euros. Sin embargo, en la primera sesión del juicio, en octubre pasado, al que acudió a declarar como testigo, el exministro sorprendió al tribunal, a la Fiscalía y a las defensas presentando una factura por el mismo importe en el que se podía leer “extras spa”, lo que explicaría el concepto del pago que realizó.
La representante del Ministerio Público hizo referencia este jueves en su informe final a “la cantidad irrisoria” que abonó José Manuel Soria por su estancia en Punta Cana, y abundó en la jurisprudencia que hace prevalecer el derecho a la información y la libertad de expresión sobre el derecho al honor, particularmente cuando se cumplen las exigencias de veracidad y relevancia pública. Ambas condiciones, insistió, se cumplen en el caso de la noticia que provocó la demanda del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
La aparición de esta factura in extremis contradecía la ficha de cliente que aportó la empresa explotadora del hotel, en la que quedaba constancia de que Soria no pagó por el alojamiento, como destacó también la representante del Ministerio Público. Ese hallazgo provocó que Soria reclamara otra factura al establecimiento, que al ser aportada aparece con notables diferencias con respecto a la que presentó el exministro y a la que aportaron las defensas fruto de la estancia del periodista Carlos Sosa en el mismo hotel para hacer averiguaciones periodísticas.
Los abogados defensores Luis Val y Gonzalo Boye han solicitado al juez, respectivamente, que traslade a la Fiscalía esas facturas y que deduzca testimonio por si en ellas pudiera apreciarse falsedad documental.
Las defensas, completadas por la representante de Ignacio Escolar, Lourdes Jiménez San Cristóbal, también interesaron la desestimación y el archivo de la demanda de José Manuel Soria y que se le condene al pago de las costas procesales por mala fe y temeridad.
El abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar, hizo un duro alegato contra el periodista Carlos Sosa, al que acusó de inventarse noticias para perjudicar a su cliente. Además, clamó por la regeneración de la política y por el buen nombre de los políticos a través de medios de comunicación que también cumplan con las normas éticas.
A esa proclama contestó el letrado de eldiario.es, Gonzalo Boye, afirmando que precisamente por políticos como José Manuel Soria “estamos hoy aquí, en este juicio”. El letrado resaltó que el exministro “vive instalado en la postverdad”, lo que a su juicio hizo cuando negaba la evidencia de los papeles de Panamá -por los que tuvo que dimitir en abril del año pasado- y en esta causa de sus vacaciones en Punta Cana.
El juicio quedó visto para sentencia.