La Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se desestime el recurso de súplica presentado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), contra su decisión de devolver el denominado “caso Grúas” al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna.
La representación legal de Clavijo recurrió el auto del TSJC que devuelve al juzgado lagunero las diligencias practicadas sobre este asunto, al determinar que, tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en el que los miembros de Gobierno pierden su aforamiento, debe ser este órgano el que concluya la instrucción.
En su escrito, la Fiscalía, que alude a la “generosa interpretación” que le ha dado el TSJC al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al admitir el recurso de súplica a quien no tiene la condición de parte procesal, indica que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal canario nunca ha asumido la competencia para conocer los actos atribuidos a Clavijo en la exposición razonada emitida por el Juzgado de Instrucción.
“Nunca ha existido resolución judicial que acordara iniciar procedimiento penal para investigar y conocer la conducta delictiva denunciada en la exposición razonada”, remarca el informe del Ministerio Público.
Añade que el fiscal del TSJC en ningún momento aceptó la competencia ni la Sala “admitió, refrendó o validó” la competencia ni los indicios sometidos a su consideración en el informe elevado por la juez que inició la instrucción del caso en La Laguna, por lo que Clavijo “conserva a su favor intacto, el principio de presunción de inocencia, que solo podrá ser desvirtuado por la instrucción y posterior fallo del tribunal al que corresponda”.
La Fiscalía reconoce en su escrito que la pérdida de la condición de aforado por el cambio en la legislación no ha sido tratado por la jurisprudencia para la determinación de la competencia, por ser un supuesto “históricamente novedoso”.
Entiende que será “provechoso y rentable” un pronunciamiento de un Alto Tribunal que diera definitivamente luz y que aportara claridad “en esta cuestión tan controvertida”.
Al respeto, destaca el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, pero indica que por coherencia y congruencia con un informe anterior y por considerar más ajustado a derecho la resolución de las otras dos magistradas que conforman la Sala de lo Penal, declara la falta de competencia para continuar con las diligencias previas.
El “caso Grúas” investiga si, cuando era alcalde de La Laguna, Clavijo cometió delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de un préstamo municipal a la empresa concesionaria del servicio público de retirada de vehículos.