La Fiscalía ha detectado indicios de la comisión de cuatro delitos relacionados con el conocido como caso hamacas en Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura): cohecho, tráfico de influencias en grado de tentativa, varios delitos de alteración en concursos públicos o estafa.
El Ministerio Fiscal ha remitido al Juzgado de Puerto del Rosario una exhaustiva denuncia y ha solicitado que se tome declaración como investigados, la nueva denominación de la figura de imputados, a cerca de un centenar de personas y representantes de empresas supuestamente implicadas en los amaños de los concursos para la explotación de las hamacas en Corralejo.
El caso se origina a raíz de la denuncia presentada en la Fiscalía, el pasado mes de abril, por Álvaro de Astica, concejal de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva. En la denuncia, el edil asegura que Gregorio R.V.G. se puso “en contacto en varias ocasiones” para que “a cambio de una cantidad de dinero” lograse “influir en otros concejales” con el objetivo de que “se le adjudicase un servicio público se explotación de playas”.
El 27 de abril, según relata la Fiscalía, Gregorio R.V.G. telefoneó al concejal para concertar una cita en la que “le entregó un sobre” que contenía “2.300 euros” que “provenían” de un “socio” suyo, Vicente C.C., pero el edil “había avisado a las autoridades y el dinero fue entregado” e “incautado”.
La Fiscalía destaca que desde 2009 y hasta 2015 diversas personas y empresas efectuaron pujas en los concursos públicos convocados para la explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio de La Oliva, concertándose con otras para alterar las licitaciones.
De tal manera, señala el Ministerio Fiscal, que el precio final por el que se adjudicaba la explotación de las hamacas fuese “muy inferior” a la puja más elevada. El “artificio” empleado consistía en que las personas que presentaban las ofertas más ventajosas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento, luego “renunciaban” o no presentaba documentos preceptivos, “lo que equivalía a la renuncia”.
Así, explica la Fiscalía, se llegaron a producir “renuncias sucesivas” para que los adjudicatarios finales de las hamacas obtuvieran la concesión del servicio “por un precio inferior”, con el consiguiente “perjuicio económico a los fondos públicos y cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios”.
Entre las personas investigadas por la Fiscalía se encuentran familias. En la denuncia se cita el caso de Felipe M.L., que “de acuerdo con su hijo”, logró la adjudicación de dos sectores en un concurso público en 2009, “a pesar de ser la puja más baja de las efectuadas”. Así, planteó una oferta de 8.501 euros por cada uno de los sectores, mientras que la puja más elevada, 35.000 y 45.000 euros, la “realizó su hijo”, que luego “renunció a la adjudicación”. Felipe M.L. es hermano de Dolores M.L., interventora del Cabildo de Fuerteventura, que también aparece implicada en la trama.
Este modus operandi se repitió según la Fiscalía en numerosas ocasiones, de ahí el elevado número de personas y empresas investigadas. El Ministerio Fiscal señala que “se deduce la posible existencia” de “varios delitos de alteración de precios en concursos públicos” o, de forma subsidiaria, de “estafa”.