La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias, Rafael Hernández, por un presunto delito de trata de personas.
Según ha confirmado el órgano fiscal a Europa Press, la Fiscalía ha recibido una denuncia contra Rafael Hernández por presuntamente haber utilizado a migrantes de un centro de acogida de la capital grancanaria, según avanzó el periódico Canarias7 la semana pasada, para trabajar en sus fincas de forma ilegal, motivo por el que desde junio de 2023 la Inspección de Trabajo le abrió expediente.
Es por estos presuntos hechos, y tras recibir la denuncia, por los que la Fiscalía de Las Palmas abre ahora las diligencias.
Se trata de menores alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por la hija de Hernández, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, a los que llevaba a trabajar a sus tierras, lo que fue denunciado de forma anónima ante la Inspección de Trabajo.
Según la denuncia, a los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y, al parecer, les descontaba posteriormente dinero si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban.
Hernández, que también preside la Asociación Oportunidades de Vida de la que depende el centro Tagoror, se apoyaba en el marido de su hija para trasladar a los adolescentes a fincas situadas en Tafira –donde se produjo la inspección– y La Aldea, con la supuesta connivencia de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto, siempre atendiendo a lo publicado por Canarias7.
El empresario también ejerce como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo y fue expulsado del Consejo Evangélico Canario el pasado lunes con motivo de estos hechos.
Consultado por EFE, Rafael Hernández negó haber contratado de “manera ilegal a nadie” y dijo estar “sorprendido”, después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes.
Explicó que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha.
Hernández señaló que algunas de las prácticas de formación se hacían en su finca, pero no todas, y que al programa accedieron menores migrantes de distintos centros de la isla, no solo del que dirige su hija.
El Gobierno canario pide información
Tras conocerse estos hechos, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido a la Fiscalía información sobre el caso.
La consejera ha indicado que el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, ha estado en contacto tanto con la Fiscalía como con la propia entidad investigada.
Ha afirmado que la Fiscalía no les ha comentado nada en relación con este hecho ni le ha pedido al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares ni ningún tipo de acción con este centro.
Por tanto, ha continuado, están a la espera de información detallada de estos hechos por parte de la Fiscalía y de que les informe de si tienen que tomar alguna medida, como podría ser el cierre del centro.